Un tribunal federal estadounidense ha invalidado la suspensión de visados de inmigrante para 75 países impuesta a principios de año por el Gobierno de Donald Trump, al determinar que el secretario de Estado, Marco Rubio, excedió sus competencias legales al aplicar la medida.
Un tribunal federal de Nueva York ha dejado sin efecto la suspensión de visados de inmigrante impuesta por la Administración de Donald Trump a 75 naciones, al concluir que el secretario de Estado, Marco Rubio, se extralimitó en sus funciones
Un tribunal federal estadounidense ha invalidado la suspensión de visados de inmigrante para 75 países impuesta a principios de año por el Gobierno de Donald Trump, al determinar que el secretario de Estado, Marco Rubio, excedió sus competencias legales al aplicar la medida.
La jueza del Distrito Sur de Nueva York, Jeannette Vargas, dictaminó la víspera en una sentencia de 61 páginas que la prohibición es «manifiestamente ilegal» y cuestionó el argumento de la Administración de que los solicitantes presentaban un alto riesgo de convertirse en una «carga económica» para Estados Unidos.
La magistrada señaló que se había ordenado denegar visados incluso a inmigrantes que cumplían los requisitos y que probablemente serían autosuficientes, vulnerando la normativa que exige evaluaciones individualizadas de cada caso.
Entre los países afectados por esta directiva figuraban naciones de América Latina y el Caribe como Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay, además de Afganistán, Egipto, Irak, Irán, Marruecos, Nigeria, Rusia, Somalia, Tailandia y Yemen.
La demanda incluyó a cinco profesionales colombianos a quienes se les denegó el visado bajo esta política, así como a seis ciudadanos estadounidenses con familiares perjudicados en Ghana, Jamaica, Guatemala y Etiopía, según informó The New York Times.
El fallo revoca asimismo las denegaciones basadas exclusivamente en esta directiva, lo que podría dar paso a la revisión de miles de solicitudes ya procesadas.
«Esta decisión representa una victoria significativa para los cientos de miles de familias en todo el país y el mundo cuyas vidas se vieron sumidas en el caos debido a una prohibición ilegal y discriminatoria», afirmó en un comunicado Joanna Cuevas Ingram, abogada principal del National Immigration Law Center, quien subrayó que las leyes migratorias «no pueden utilizarse para justificar la discriminación».
Por su parte, la presidenta de la ONG Democracy Forward, Skye Perryman, calificó la resolución como un «contundente rechazo a una política que causó un daño enorme a familias y comunidades».
Perryman añadió: «La Administración Trump-Vance no puede instrumentalizar la ley de inmigración para vetar a países enteros, separar familias y negar derechos constitucionales sin rendir cuentas por ello».
Hasta el momento, ni el Departamento de Estado ni la Casa Blanca se han pronunciado sobre la decisión judicial.
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