La pugna por el control del Tribunal Constitucional mantiene abierta la crisis institucional en Polonia tras la suspensión de funciones de su presidente, Bogdan Wiczkowski, y una noche de protestas que reunió a cientos de personas ante la sede judicial y dejó cuatro detenidos. El jefe del Estado, Karol Nawrocki, que interrumpió el viernes su viaje a Senegal para regresar a Varsovia, convocó este sábado consultas urgentes con las fuerzas parlamentarias y denunció una vulneración del orden constitucional. El Gobierno de Donald Tusk defiende la medida como parte de su compromiso de restablecer la independencia de la justicia tras los ocho años de poder de los nacionalconservadores de Ley y Justicia (PiS).
Nawrocki convoca consultas urgentes con las fuerzas parlamentarias y denuncia una vulneración del orden constitucional
La pugna por el control del Tribunal Constitucional mantiene abierta la crisis institucional en Polonia tras la suspensión de funciones de su presidente, Bogdan Wiczkowski, y una noche de protestas que reunió a cientos de personas ante la sede judicial y dejó cuatro detenidos. El jefe del Estado, Karol Nawrocki, que interrumpió el viernes su viaje a Senegal para regresar a Varsovia, convocó este sábado consultas urgentes con las fuerzas parlamentarias y denunció una vulneración del orden constitucional. El Gobierno de Donald Tusk defiende la medida como parte de su compromiso de restablecer la independencia de la justicia tras los ocho años de poder de los nacionalconservadores de Ley y Justicia (PiS).
La crisis enfrenta a los dos polos de la cohabitación polaca: el Gobierno liberal y proeuropeo de Tusk y el presidente Nawrocki, elegido con el respaldo del PiS. No es de extrañar, por tanto, que el jefe del Estado se haya alineado abiertamente con los magistrados vinculados a la etapa de gobierno de los nacionalconservadores y con los manifestantes que salieron en su defensa, entre ellos el propio líder del PiS, Jarosaw Kaczyski. Su regreso urgente, la visita nocturna al tribunal y el agradecimiento a los concentrados convirtieron ese respaldo político en una intervención directa en la crisis.
La situación seguía agravándose esta mañana. Anna Korwin-Piotrowska, la jueza que ha asumido la dirección del Constitucional, ordenó que los magistrados trabajen fuera de su sede y dispensó a los empleados de acudir, salvo requerimiento expreso. Alegó posibles riesgos para la seguridad de jueces y trabajadores. Nawrocki exigió la retirada de las fuerzas desplegadas en torno a la sede de la Alta Corte, mientras Wiczkowski anunció que intentaría volver a entrar. «El Tribunal son los jueces del Tribunal, no el edificio», declaró
El ministro de Exteriores, Radosaw Sikorski, reconoció hoy que los acontecimientos nocturnos «no fueron elegantes», pero sostuvo que la alternativa habría sido aceptar una transformación inconstitucional de Polonia en una república presidencial.
El detonante llegó ayer hacia las seis de la tarde, cuando la página del Constitucional anunció que Wiczkowski y su vicepresidente, Bartomiej Sochaski, habían sido apartados de sus funciones durante un mes. Korwin-Piotrowska les atribuye, entre otras irregularidades, impedir que parte de los magistrados elegidos por el Parlamento ejerzan su cargo y alterar la composición de las salas. Un tribunal disciplinario deberá decidir si mantiene la suspensión o la levanta.
La disputa contiene un círculo difícil de romper: Wiczkowski tampoco reconocen como magistrada del Constitucional a la jueza que lo ha apartado. Korwin-Piotrowska prestó juramento ante el presidente de la Cámara baja, después de que el jefe del Estado no se lo tomara. La controversia sobre los nombramientos afecta así a la propia legitimidad de quienes adoptan las decisiones.
Mientras la web del tribunal anunciaba el relevo, su cuenta en las redes sociales denunciaba que el sitio había sido tomado ilegalmente y acusaba a los responsables de cometer un golpe de Estado. A la concentración de seguidores del PiS se sumaron representantes de Confederación y simpatizantes del ultraderechista Grzegorz Braun.
La policía informó inicialmente de tres detenidos por saltar la valla y entrar en el recinto. El balance difundido este sábado, recogido por Wirtualna Polska, añadió una cuarta detención por insultar a un agente. Hubo también lanzamientos de objetos peligrosos contra los policías. La jefatura de Varsovia negó que sus agentes hubieran entrado en el edificio: su intervención, explicó, se limitó al exterior y respondió a peticiones de protección de la Fiscalía General y de una jueza del Constitucional.
Nawrocki se encontraba en vuelo hacia Senegal cuando decidió regresar. «En un momento como éste, el presidente debe estar en Polonia», anunció. Ya en Varsovia, se reunió con el primer presidente del Tribunal Supremo, Zbigniew Kapiski, y acudió de madrugada al Constitucional, donde aseguró haber facilitado la entrada del vicepresidente Sochaski. Su llegada estuvo acompañada de empujones: el juez Maciej Berek acusó al presidente de abrirse paso empujando a Korwin-Piotrowska; la Presidencia atribuyó a los jueces una vulneración de la inviolabilidad del jefe del Estado.
«Restaurar el Estado de derecho es nuestra obligación», escribió Tusk el viernes. El primer ministro admitió que el proceso es difícil y requiere decisiones firmes. El ex ministro de Justicia Zbigniew Ziobro respondió con una llamada a la resistencia.
El conflicto arranca de las reformas judiciales del PiS, que gobernó entre 2015 y 2023 y cuyos nombramientos le permitieron conservar influencia en la justicia tras perder el poder. El Constitucional enfrentó a Varsovia con Bruselas al cuestionar la primacía del Derecho comunitario. El regreso de Tusk permitió cerrar en mayo de 2024 el procedimiento del artículo 7 abierto contra Polonia, pero no resolvió el bloqueo interno.
El 18 de diciembre de 2025, el Tribunal de Justicia de la UE concluyó que el Constitucional polaco no reunía las condiciones de independencia e imparcialidad exigidas, por las irregularidades en el nombramiento de tres miembros en 2015 y de su presidenta en 2016. Ese fallo no resuelve por sí solo la legalidad de las medidas actuales. La próxima cita será el pleno anunciado para el 3 de noviembre, con dos bandos que siguen sin reconocer una misma autoridad al frente del tribunal.
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