En medio del luto nacional por la catástrofe sísmica que ha golpeado a Venezuela, un grave caso de corrupción ha sacudido los cimientos de las fuerzas de seguridad. Este martes, cuatro agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) fueron detenidos en el estado La Guaira, acusados formalmente de apropiarse de «bienes económicos» y valores hallados entre los escombros de las edificaciones derrumbadas. La Guaira, región aledaña a la capital, Caracas, ha sido identificada como la zona más devastada por el doble terremoto de la semana pasada.
En medio del luto nacional por la catástrofe sísmica que ha golpeado a Venezuela, un grave caso de corrupción ha sacudido los cimientos de las fuerzas de seguridad. Este martes,
En medio del luto nacional por la catástrofe sísmica que ha golpeado a Venezuela, un grave caso de corrupción ha sacudido los cimientos de las fuerzas de seguridad. Este martes, cuatro agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) fueron detenidos en el estado La Guaira, acusados formalmente de apropiarse de «bienes económicos» y valores hallados entre los escombros de las edificaciones derrumbadas. La Guaira, región aledaña a la capital, Caracas, ha sido identificada como la zona más devastada por el doble terremoto de la semana pasada.
La captura de estos funcionarios se produjo luego de que se viralizaran vídeos en redes sociales donde se muestra a civiles indignados enfrentando a un agente del CICPC. En un acto de repudio público, los ciudadanos llegaron a romper billetes de dólares en efectivo que el policía llevaba consigo, mientras le gritaban que era una «vergüenza» para el país. Estas imágenes evidenciaron cómo los oficiales, lejos de cumplir con su labor de asistencia humanitaria, aprovechaban el caos y la vulnerabilidad de las víctimas para su propio beneficio económico.
La respuesta oficial no se hizo esperar. Douglas Rico, director nacional del CICPC, informó que los cuatro implicados han sido expulsados de forma inmediata del organismo y serán puestos a disposición de la justicia. Rico calificó el comportamiento de los agentes como «indecoroso», señalando que actuaron desviándose de sus deberes sagrados durante las operaciones de rescate. Por su parte, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, utilizó sus canales oficiales para sentenciar que los agentes cometieron actos «impúdicos, indecentes e inmorales». Cabello advirtió que el Estado será «totalmente intolerante» y aplicará medidas severas contra aquellos que deshonren el uniforme explotando el dolor ajeno en un momento de conmoción nacional.
Desde la esfera política, el partido opositor Primero Justicia (PJ) criticó duramente al Gobierno, denunciando que, en lugar de preservar vidas, algunos funcionarios buscan enriquecerse con la tragedia. Mientras tanto, la situación humanitaria sigue siendo crítica: la cifra oficial de víctimas ha ascendido este martes a 1.943 fallecidos y 10.571 heridos, evidenciando la magnitud del desastre que aún mantiene a miles de venezolanos bajo una profunda crisis.
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