Está siendo el de Felipe VI un reinado forjado a golpe de crisis. No es lo habitual en Monarquías parlamentarias de democracias asentadas que sus titulares se vean impelidos constantemente a circunvalar eso que los especialistas definen como «poderes excepcionales» o a tener que asumir protagonismo o incluso liderazgo simbólico en cuestiones de naturaleza esencialmente política. Pero al actual Rey de España le ha correspondido ocupar el trono en una época en la que se le exige por pasiva y activa ensanchar las costuras de la más alta magistratura del Estado. Desde la decisiva intervención tras el golpe constitucional del 1 de octubre de 2017 por parte del secesionismo político catalán, que puso en jaque nuestro proyecto común de convivencia, hasta actuaciones más recientes como la complicadísima visita de los Reyes a Paiporta tras la devastadora Dana en la Comunidad Valenciana, con la que se encarnó la presencia del Estado en un momento en el que tantos ciudadanos sentían que éste les estaba fallando y que no estaba a la altura ni para ese intangible que es la gestión del dolor colectivo.
Nuestro incómodo vecino del sur sostiene que Ceuta y Melilla son «dos plazas ocupadas» en su territorio, lo que impele indirectamente al Monarca en tanto encarnación de la nación, de su unidad y permanencia
Está siendo el de Felipe VI un reinado forjado a golpe de crisis. No es lo habitual en Monarquías parlamentarias de democracias asentadas que sus titulares se vean impelidos constantemente a circunvalar eso que los especialistas definen como «poderes excepcionales» o a tener que asumir protagonismo o incluso liderazgo simbólico en cuestiones de naturaleza esencialmente política. Pero al actual Rey de España le ha correspondido ocupar el trono en una época en la que se le exige por pasiva y activa ensanchar las costuras de la más alta magistratura del Estado. Desde la decisiva intervención tras el golpe constitucional del 1 de octubre de 2017 por parte del secesionismo político catalán, que puso en jaque nuestro proyecto común de convivencia, hasta actuaciones más recientes como la complicadísima visita de los Reyes a Paiporta tras la devastadora Dana en la Comunidad Valenciana, con la que se encarnó la presencia del Estado en un momento en el que tantos ciudadanos sentían que éste les estaba fallando y que no estaba a la altura ni para ese intangible que es la gestión del dolor colectivo.
No es exagerado sostener que la figura del Rey se ha engrandecido por el empeño en estar donde el imaginario colectivo presume que debe estar, y por desplegar cada vez más las capacidades abstractas de la Corona, hasta su máxima expresión. Pero ello comporta inevitables riesgos. Preocupantes desgastes. Y no pequeños. Porque, como decía Bismarck sobre el ejercicio del poder, «el político piensa en la próxima elección, el estadista en la generación siguiente». Y un monarca constitucional ni puede ni debe estar de continuo en la intemperie y el alambre del escrutinio. El mismo discurso del 3-O antes mencionado estuvo al borde de la extralimitación de las funciones asignadas por la Constitución. Y la Corona también paga un precio cuando tiene que tirar de audacia para rellenar vacíos que corresponden a otros poderes públicos.
Y es así como se ha llegado a la última gran crisis en España, la de Ceuta, y que de nuevo ha colocado al Rey en una tesitura que dice mucho, por un lado, de la irresponsabilidad de tantos políticos a la hora de asumir sus bien delimitadas competencias y de hacer pedagogía institucional, pero también, por otro, de anomalías que arrastras nuestro país desde la Transición, y que se acaban volviendo en contra de quien seguramente menos se lo merece. Porque Felipe VI se está viendo obligado a una sobreactuación evidente ante la espinosa situación en la ciudad autónoma para contrarrestar las críticas a diestra y siniestra por algo que pocos españoles entienden pero que no es competencia decisional del titular de la Corona: por qué no pisa dos ciudades tan españolas como Ceuta y Melilla.
El presidente del Gobierno definió la avalancha de decenas de miles de personas, con la aquiescencia como mínimo de Marruecos, como «una violación de la integridad territorial de España». Ante afirmación tan gruesa sólo hubiera cabido un señalamiento directo por parte de Sánchez del culpable de semejante ataque a nuestras fronteras. Dado que el Ejecutivo optó por el dontancredismo y en los últimos días desde las vacaciones del presidente en La Mareta hasta la práctica ausencia de ministros en Ceuta han pretendido reducir una crisis de tan extraordinaria gravedad como la que estamos viviendo a un mero asunto humanitario, los ciudadanos españoles vuelven a percibir esa misma sensación de vacío y de desistimiento por parte del Estado que dominó crisis como la del 1-O -entonces con un Rajoy sobrepasado por la realidad y encogido de hombros-, la de la Dana, la del accidente ferroviario en Adamuz, las de los incendios con Gobierno central y Gobiernos autonómicos echándose los trastos a la cabeza, etcétera, etcétera. Y demasiados ojos se vuelven hacia el Rey, en tanto que es el Jefe de ese Estado que renquea. Pero flaco favor nos hacemos los españoles cuando las circunstancias obligan a que sea una figura al margen del juego político la que tenga que erigirse con tanta frecuencia en parachoques que amortigüe agujeros de gobierno.
Con la insólita audiencia en Marivent al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, el Rey traslada a los ceutíes el respaldo del Estado con toda la fuerza de la institución que encarna –Lévi-Strauss explicó como nadie cómo los símbolos son esenciales para la cohesión social; no son meros adornos, son constitutivos de la realidad social-. Pero no nos engañemos. El encuentro -«El Rey está comprometido con la visita a Ceuta», dijo ayer Vivas en su comparecencia posterior- ha ido mucho más allá de lo protocolario o el gesto de cercanía. La crisis en la ciudad autónoma tiene un complejísimo trasfondo geopolítico, con un incómodo vecino del sur que sostiene que Ceuta y Melilla son «dos plazas ocupadas» en su territorio, lo que impele indirectamente al Monarca en tanto encarnación de la nación, de su unidad y permanencia, como consagra la Carta Magna. Y si a nadie se le escapa que difícil para todo Gobierno -del signo que sea- es en cualquier circunstancia aprobar la oportunidad de un viaje de los Reyes a las dos ciudades, por el choque que de inmediato ello produciría con el Reino alauí, no es menos cierto que estamos enviando un mensaje de extrema debilidad a Rabat cuando no se permite que Don Felipe y Doña Letizia pongan los pies en ciudades tan españolas como Burgos, Sevilla o Cáceres. Quizá haya llegado el momento de medir entre dos males, aunque no sería responsable que el Rey se plantara ni en Ceuta ni en Melilla -como ha reclamado estos días el presidente Imbroda– sin el concurso de los dos principales partidos y sin una opinión pública prevenida de las consecuencias.
En los casi 40 años de reinado de Juan Carlos I, sólo en una ocasión se desplazó a las ciudades autónomas. Lo hizo, junto a Doña Sofía, en noviembre de 2007, con Zapatero en Moncloa, en una visita que estuvo rodeada de absoluto secretismo casi hasta la víspera, aunque se materializó tras largas y alambicadas gestiones diplomáticas entre bambalinas con Rabat en una estrategia de daños controlados. Aunque, siguiendo un guión casi escrito, Mohamed VI puso el grito en el cielo, tachó lo ocurrido de provocación y llamó a consultas al embajador marroquí en Madrid, primó entonces la cordial relación entre las dos Casas Reales y lo estrechos que fueron los contactos entre Zarzuela y el Palacio de Rabat hasta la abdicación de Don Juan Carlos. Poco tienen que ver las relaciones que han cultivado después Felipe VI y Mohamed VI. Y tampoco se le ha permitido al monarca español desempeñar un papel más activo -siempre en la esfera de los buenos oficios, y bajo la directriz política del Ejecutivo de turno, como no puede ser de otra manera- en las relaciones bilaterales por decisiones difíciles de comprender adoptadas por Sánchez y sus sucesivos ministros de Exteriores, como se vio en anteriores crisis, como la del caso Ghali.
A principios de julio de 2020, el periódico El Faro de Ceuta adelantó que Don Felipe y Doña Letizia iban a visitar esta ciudad y Melilla en el marco de la gira que habían emprendido por todas las comunidades de España tras los duros meses de estado de alarma y confinamiento estricto por la pandemia. A los pocos días se dio aquello por irrealizable, y ni Moncloa ni Zarzuela dieron explicación alguna. Fue otra claudicación ante un Marruecos que ha visto en los últimos años demasiados gestos de renuncia de España a sus principios, no digamos en lo tocante al referéndum en el Sáhara Occidental. Los silencios del Gobierno salpican inevitablemente a la Jefatura del Estado.
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