Seis de las principales agremiaciones del sector energético colombiano presentaron un documento técnico con propuestas de política pública para fortalecer la seguridad energética del país. Advierten que la caída de reservas, la reducción de la inversión exploratoria y el incremento de bloqueos y atentados a la infraestructura comprometen el abastecimiento de petróleo y gas, con efectos directos sobre la economía nacional y el desarrollo regional.
En un pronunciamiento conjunto que busca incidir en la discusión sobre el futuro energético de Colombia de cara al nuevo Gobierno Nacional, seis de las principales organizaciones del sector de hidrocarburos presentaron un documento técnico que plantea una hoja de ruta para fortalecer la seguridad energética, garantizar el abastecimiento nacional y consolidar una transición energética basada en criterios técnicos y sostenibles.
La Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía (ACGGP), la Asociación Colombiana de Ingenieros (ACIEM), la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, Energía y Tecnologías Afines (ACIPET), la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol) y la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) divulgaron el documento “Hidrocarburos para el desarrollo de Colombia”, una publicación construida de manera articulada para formular propuestas orientadas a asegurar la soberanía energética del país.
El texto advierte que Colombia atraviesa un momento crítico en materia de reservas y producción, en medio de un entorno regional cada vez más competitivo por la atracción de inversión extranjera en el sector energético.
Según cifras citadas por los gremios, el país cuenta actualmente con 7,2 años de reservas probadas de petróleo y 5,9 años de gas natural, lo que representa un desafío significativo para la planificación energética de mediano y largo plazo. A ello se suma una disminución en los niveles de producción registrada durante 2025: el gas cayó 17,1%, mientras que la producción petrolera retrocedió 3,4%.
Para las organizaciones firmantes, estas cifras evidencian la necesidad urgente de tomar decisiones orientadas a reactivar la exploración y producción, especialmente en un contexto en el que las importaciones ya representan una cuarta parte del gas comercializado en el país.
Más datos preocupantes
El informe gremial también pone de relieve la reducción de la inversión exploratoria, que entre 2022 y 2025 cayó 42 %, situación que, según el sector, refleja un deterioro de las condiciones de competitividad frente a otros países de la región como Brasil, Argentina, Perú, Ecuador y Venezuela, donde se han impulsado nuevos contratos y estrategias para atraer capitales al desarrollo energético.
Los gremios consideran que este panorama podría comprometer no solo el abastecimiento interno, sino también la capacidad del país para sostener una fuente clave de ingresos fiscales y de inversión social.
A la preocupación por la disminución de reservas e inversión se suma el impacto de la conflictividad social y de los ataques contra la infraestructura energética.
De acuerdo con el documento, durante 2025 se registraron 1.363 bloqueos a operaciones, más de 580 atentados contra oleoductos y 1.078 conexiones ilícitas, hechos que, según los gremios, afectan directamente la viabilidad operativa del sector, encarecen la producción y generan incertidumbre para inversionistas nacionales e internacionales.
Estas afectaciones tienen además repercusiones en las regiones productoras, donde la disminución de la actividad se traduce en menores oportunidades de empleo, reducción de contratación local y caída en los recursos destinados a inversión social.
Frente a este escenario, las agremiaciones proponen una serie de medidas orientadas a recuperar la capacidad productiva y exploratoria del país.
¿Qué hacer?
Entre las principales recomendaciones figura la asignación de nuevas áreas de exploración y producción mediante procesos contractuales que ofrezcan seguridad jurídica y reglas claras para los inversionistas. Asimismo, plantean incentivar el desarrollo de proyectos dentro de contratos ya existentes, así como establecer una política tributaria competitiva y estable que permita mejorar la confianza inversionista.
Otro de los puntos centrales del documento es la necesidad de agilizar los procesos de licenciamiento ambiental y consulta previa, mediante una mayor coordinación interinstitucional que reduzca tiempos y brinde mayor previsibilidad a los proyectos.
Las organizaciones sostienen que la eficiencia en estos procesos es determinante para garantizar que Colombia no pierda competitividad frente a otros mercados energéticos latinoamericanos.
Uno de los temas que genera mayor debate es la propuesta de avanzar en el desarrollo de yacimientos no convencionales, especialmente en el Valle Medio del Magdalena.
Los gremios sostienen que estudios técnicos indican que el aprovechamiento de recursos de shale gas y shale oil podría duplicar las reservas petroleras y aumentar de manera significativa las reservas de gas natural.
Según el análisis, esta alternativa permitiría reducir la dependencia futura de importaciones y fortalecer la estabilidad energética nacional, siempre que su implementación se realice bajo estrictos estándares técnicos, ambientales, regulatorios y sociales.
En esa misma línea, el documento propone impulsar proyectos de recobro mejorado y producción incremental, así como fortalecer la incorporación de tecnologías de captura, uso y almacenamiento de carbono, consideradas fundamentales para avanzar hacia una producción más sostenible y alineada con los compromisos climáticos.
Las agremiaciones también hacen énfasis en la necesidad de consolidar infraestructura energética estratégica y reforzar las cadenas de abastecimiento de combustibles líquidos.Para ello, plantean priorizar regiones con alto potencial gasífero como Sinú-San Jacinto, Valle Inferior del Magdalena, Piedemonte Llanero y La Guajira, zonas que podrían convertirse en ejes fundamentales para asegurar el suministro de gas en los próximos años.
En materia institucional, el documento sugiere robustecer las capacidades técnicas, ambientales y sociales del Estado, fortalecer la protección de la infraestructura crítica y mejorar las herramientas para la gestión de conflictos territoriales.
Igualmente, propone una mayor transparencia y seguimiento en la ejecución del Sistema General de Regalías, con mecanismos de participación ciudadana que permitan un uso más eficiente de estos recursos.
Sobre la transición energética, las organizaciones insisten en que esta debe desarrollarse bajo un enfoque de coexistencia entre diversas fuentes de energía.
El documento sostiene que los hidrocarburos continúan siendo indispensables para garantizar la confiabilidad energética, el funcionamiento de la industria, la movilidad, la producción agropecuaria y múltiples actividades cotidianas.
RECUADRO:
Las cifras del sector
Actualmente, más de 36 millones de colombianos utilizan gas natural. Para los gremios del sector, esto demuestra que cualquier estrategia de transformación energética debe reconocer el papel que este recurso seguirá desempeñando en la matriz energética del país.
El informe también recuerda la relevancia económica del sector de hidrocarburos para Colombia. Entre 2021 y 2025, esta actividad representó en promedio 4,2% del Producto Interno Bruto, equivalente a 67,5 billones de pesos anuales.
Además, concentró el 16,6 % de la inversión extranjera directa y aportó 30,5 % de las exportaciones nacionales, consolidándose como uno de los principales motores de generación de divisas.
En materia fiscal, los aportes del sector equivalieron al 24% de los ingresos del Gobierno Nacional Central entre 2021 y 2024, mientras que en los últimos 15 años transfirió 104 billones de pesos en regalías, recursos destinados principalmente a salud, educación e infraestructura en las regiones.
Para las agremiaciones, estas cifras evidencian que cualquier política pública relacionada con hidrocarburos debe considerar no solo el debate ambiental, sino también sus implicaciones económicas y sociales.
Seis de las principales agremiaciones del sector energético colombiano presentaron un documento técnico con propuestas de política pública para fortalecer la seguridad energética del país. Advierten que la caída de reservas, la reducción de la inversión exploratoria y el incremento de bloqueos y atentados a la infraestructura comprometen el abastecimiento de petróleo y gas, con efectos directos
Seis de las principales agremiaciones del sector energético colombiano presentaron un documento técnico con propuestas de política pública para fortalecer la seguridad energética del país. Advierten que la caída de reservas, la reducción de la inversión exploratoria y el incremento de bloqueos y atentados a la infraestructura comprometen el abastecimiento de petróleo y gas, con efectos directos sobre la economía nacional y el desarrollo regional.
En un pronunciamiento conjunto que busca incidir en la discusión sobre el futuro energético de Colombia de cara al nuevo Gobierno Nacional, seis de las principales organizaciones del sector de hidrocarburos presentaron un documento técnico que plantea una hoja de ruta para fortalecer la seguridad energética, garantizar el abastecimiento nacional y consolidar una transición energética basada en criterios técnicos y sostenibles.
La Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía (ACGGP), la Asociación Colombiana de Ingenieros (ACIEM), la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, Energía y Tecnologías Afines (ACIPET), la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol) y la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) divulgaron el documento “Hidrocarburos para el desarrollo de Colombia”, una publicación construida de manera articulada para formular propuestas orientadas a asegurar la soberanía energética del país.
El texto advierte que Colombia atraviesa un momento crítico en materia de reservas y producción, en medio de un entorno regional cada vez más competitivo por la atracción de inversión extranjera en el sector energético.
Según cifras citadas por los gremios, el país cuenta actualmente con 7,2 años de reservas probadas de petróleo y 5,9 años de gas natural, lo que representa un desafío significativo para la planificación energética de mediano y largo plazo. A ello se suma una disminución en los niveles de producción registrada durante 2025: el gas cayó 17,1%, mientras que la producción petrolera retrocedió 3,4%.
Para las organizaciones firmantes, estas cifras evidencian la necesidad urgente de tomar decisiones orientadas a reactivar la exploración y producción, especialmente en un contexto en el que las importaciones ya representan una cuarta parte del gas comercializado en el país.
Más datos preocupantes
El informe gremial también pone de relieve la reducción de la inversión exploratoria, que entre 2022 y 2025 cayó 42 %, situación que, según el sector, refleja un deterioro de las condiciones de competitividad frente a otros países de la región como Brasil, Argentina, Perú, Ecuador y Venezuela, donde se han impulsado nuevos contratos y estrategias para atraer capitales al desarrollo energético.
Los gremios consideran que este panorama podría comprometer no solo el abastecimiento interno, sino también la capacidad del país para sostener una fuente clave de ingresos fiscales y de inversión social.
A la preocupación por la disminución de reservas e inversión se suma el impacto de la conflictividad social y de los ataques contra la infraestructura energética.
De acuerdo con el documento, durante 2025 se registraron 1.363 bloqueos a operaciones, más de 580 atentados contra oleoductos y 1.078 conexiones ilícitas, hechos que, según los gremios, afectan directamente la viabilidad operativa del sector, encarecen la producción y generan incertidumbre para inversionistas nacionales e internacionales.
Estas afectaciones tienen además repercusiones en las regiones productoras, donde la disminución de la actividad se traduce en menores oportunidades de empleo, reducción de contratación local y caída en los recursos destinados a inversión social.
Frente a este escenario, las agremiaciones proponen una serie de medidas orientadas a recuperar la capacidad productiva y exploratoria del país.
¿Qué hacer?
Entre las principales recomendaciones figura la asignación de nuevas áreas de exploración y producción mediante procesos contractuales que ofrezcan seguridad jurídica y reglas claras para los inversionistas. Asimismo, plantean incentivar el desarrollo de proyectos dentro de contratos ya existentes, así como establecer una política tributaria competitiva y estable que permita mejorar la confianza inversionista.
Otro de los puntos centrales del documento es la necesidad de agilizar los procesos de licenciamiento ambiental y consulta previa, mediante una mayor coordinación interinstitucional que reduzca tiempos y brinde mayor previsibilidad a los proyectos.
Las organizaciones sostienen que la eficiencia en estos procesos es determinante para garantizar que Colombia no pierda competitividad frente a otros mercados energéticos latinoamericanos.
Uno de los temas que genera mayor debate es la propuesta de avanzar en el desarrollo de yacimientos no convencionales, especialmente en el Valle Medio del Magdalena.
Los gremios sostienen que estudios técnicos indican que el aprovechamiento de recursos de shale gas y shale oil podría duplicar las reservas petroleras y aumentar de manera significativa las reservas de gas natural.
Según el análisis, esta alternativa permitiría reducir la dependencia futura de importaciones y fortalecer la estabilidad energética nacional, siempre que su implementación se realice bajo estrictos estándares técnicos, ambientales, regulatorios y sociales.
En esa misma línea, el documento propone impulsar proyectos de recobro mejorado y producción incremental, así como fortalecer la incorporación de tecnologías de captura, uso y almacenamiento de carbono, consideradas fundamentales para avanzar hacia una producción más sostenible y alineada con los compromisos climáticos.
Las agremiaciones también hacen énfasis en la necesidad de consolidar infraestructura energética estratégica y reforzar las cadenas de abastecimiento de combustibles líquidos.Para ello, plantean priorizar regiones con alto potencial gasífero como Sinú-San Jacinto, Valle Inferior del Magdalena, Piedemonte Llanero y La Guajira, zonas que podrían convertirse en ejes fundamentales para asegurar el suministro de gas en los próximos años.
En materia institucional, el documento sugiere robustecer las capacidades técnicas, ambientales y sociales del Estado, fortalecer la protección de la infraestructura crítica y mejorar las herramientas para la gestión de conflictos territoriales.
Igualmente, propone una mayor transparencia y seguimiento en la ejecución del Sistema General de Regalías, con mecanismos de participación ciudadana que permitan un uso más eficiente de estos recursos.
Sobre la transición energética, las organizaciones insisten en que esta debe desarrollarse bajo un enfoque de coexistencia entre diversas fuentes de energía.
El documento sostiene que los hidrocarburos continúan siendo indispensables para garantizar la confiabilidad energética, el funcionamiento de la industria, la movilidad, la producción agropecuaria y múltiples actividades cotidianas.
RECUADRO:
Las cifras del sector
Actualmente, más de 36 millones de colombianos utilizan gas natural. Para los gremios del sector, esto demuestra que cualquier estrategia de transformación energética debe reconocer el papel que este recurso seguirá desempeñando en la matriz energética del país.
El informe también recuerda la relevancia económica del sector de hidrocarburos para Colombia. Entre 2021 y 2025, esta actividad representó en promedio 4,2% del Producto Interno Bruto, equivalente a 67,5 billones de pesos anuales.
Además, concentró el 16,6 % de la inversión extranjera directa y aportó 30,5 % de las exportaciones nacionales, consolidándose como uno de los principales motores de generación de divisas.
En materia fiscal, los aportes del sector equivalieron al 24% de los ingresos del Gobierno Nacional Central entre 2021 y 2024, mientras que en los últimos 15 años transfirió 104 billones de pesos en regalías, recursos destinados principalmente a salud, educación e infraestructura en las regiones.
Para las agremiaciones, estas cifras evidencian que cualquier política pública relacionada con hidrocarburos debe considerar no solo el debate ambiental, sino también sus implicaciones económicas y sociales.
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