El socialista Gustavo Petro conquistó en 2022 el Palacio de Nariño con la promesa del «cambio»: de pasar de la denostada política de los partidos tradicionales a una gobernanza pulcra y diferente, y de una nación largamente acosada por las bandas criminales y el narcotráfico a otra donde reinara su propuesta de Paz Total. Cuatro años después, la Colombia que deja el hasta hoy presidente a su sucesor, Abelardo de la Espriella -que asumirá el bastón de mando mañana viernes- dista mucho de aquel anhelo colectivo que le llevó al poder. Porque los grupos armados han extendido sus dominios en el país y la corrupción campa a sus anchas. Son sólo dos de las lacras que destacan en el balance de Petro.
Los escándalos de corrupción se han disparado en el mandato que hoy concluye del presidente izquierdistas. Y, lejos de la ‘Paz Total’, los grupos armados siguen extendiendo sus dominios
El socialista Gustavo Petro conquistó en 2022 el Palacio de Nariño con la promesa del «cambio»: de pasar de la denostada política de los partidos tradicionales a una gobernanza pulcra y diferente, y de una nación largamente acosada por las bandas criminales y el narcotráfico a otra donde reinara su propuesta de Paz Total. Cuatro años después, la Colombia que deja el hasta hoy presidente a su sucesor, Abelardo de la Espriella -que asumirá el bastón de mando mañana viernes- dista mucho de aquel anhelo colectivo que le llevó al poder. Porque los grupos armados han extendido sus dominios en el país y la corrupción campa a sus anchas. Son sólo dos de las lacras que destacan en el balance de Petro.
Desde el primer gran atraco al erario público, de febrero de 2024, cuando se descubrió que la UNGRD (Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres) desviaba multimillonarios fondos para comprar votos en las Cámaras legislativas, hasta los escándalos de los últimos días, que afectan al círculo íntimo del presidente, el rosario de ollas podridas deja muy mal parado al mandatario izquierdista.
A Verónica Alcocer, su ex mujer y aún Primera Dama, la acusan de gastar 50.000 euros al mes y manejar bolsas repletas de billetes. A Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz, dos jóvenes trepadoras que Petro promovió sin méritos profesionales, las señalan por aprovecharse de su estrecha relación con él para conseguir puestos y contratos; y a su ex novia Vanessa Cortés, de hacerse millonaria desde que su pareja accedió a la jefatura del Estado. Antes de ellas, a Nicolás Petro, el primogénito de los cinco hijos habidos en tres uniones conyugales, la Fiscalía le atribuye cargos por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
En el listado de imputados de sus afectos también figuran, entre otros, Ricardo Roa, que fue colocado al frente de la estatal Ecopetrol y está llamado a juicio por tráfico de influencias e irregularidades cuando era el gerente de la campaña de Petro en 2022; así como su íntimo amigo y ex guerrillero del M-19, Carlos Ramón González, en el radar por ordenar comprar a congresistas con los dineros de la UNGRD cuando dirigía el Departamento Administrativo de la Presidencia. Su fuga a Nicaragua le evitó correr la misma suerte que los ex presidentes del Senado, Iván Name, y del Congreso, Gabriel Calle, apresados ambos por, presuntamente, aceptar las jugosas coimas que les ofrecían para aprobar proyectos legislativos petristas.
«Ha sido la mayor contradicción de este Gobierno. El discurso con el que llegaron prometía cambiar las formas de la política y renovar unas dinámicas que han agobiado a los colombianos durante muchos años y puesto en jaque los recursos públicos. Pero Petro, en lugar de cambiar, profundizó las malas prácticas que siguen enquistadas en el Estado colombiano. La lucha contra la corrupción nunca sucedió, el Estado se repartió como un botín a los financiadores [de las campañas] del Gobierno», explica a EL MUNDO Andrés Briceño, el congresista más votado del país por liderar una suerte de cruzada contra los corruptos. «Utilizaron gran parte de los recursos de inversión, que debían solucionar los problemas de la gente, para hacer política y aumentaron el enorme gasto burocrático. Y ni así han podido ganar las últimas elecciones. Además, Petro incumplió la promesa sobre cómo incidirían sus familiares en el Estado: su hijo recibió plata de ex narcos y la Primera Dama está envuelta en un escándalo de dinero en efectivo».
A los hechos mencionados cabría agregar un reciente informe de la Contraloría General de la Nación, que hizo saltar las alarmas ante una avalancha de 14.414 contratos, por un valor total de 4.55 billones de pesos (1.351 millones de euros), firmados entre el 22 de junio y el 21 de julio, y casi todos a dedo.
Sólo cinco días después, Petro intentó trasladar una cantidad similar del Ministerio de Hacienda a la UNGRD, que puede contratar de manera exprés, sin las exigencias habituales, dado que su finalidad exige actuar de manera urgente. Pretendía cerrar, sin estudios ni transparencia, decenas de proyectos con la excusa de mitigar los efectos del fenómeno de El Niño, previsto para fin de año. Pero el Consejo de Estado detuvo una operación que la oposición temía que terminara en los bolsillos de aliados petristas, justo antes de abandonar el Palacio de Nariño.
Al mismo tiempo, ministerios y entidades públicas multiplicaban infundados nombramientos de última hora con el aparente fin de entorpecer la Administración de Abelardo de la Espriella.
El crecimiento de las bandas criminales es otra alargada sombra que se proyecta sobre su legado. Petro aseguró durante la campaña de hace cuatro años que, si ganaba, el llamado Ejército de Liberación Nacional (ELN) dejaría las armas en tres meses. Pero, tras diversos intentos de sellar pactos con este y otros grupos armados de distinto pelaje, criticados por improvisados y faltos de líneas claras, el resultado arroja lo contrario. Las varias disidencias de las FARC, el ELN o los Gaitanistas han extendido su poder al pasar de tener presencia en 195 municipios, en 2019, a 518 en la actualidad, según la citada Contraloría General.
Han crecido de manera tan desmedida que ya suman los 27.000 integrantes (unos 5.000 incorporados en 2025, menores de edad en su mayoría), la cifra más alta desde 2016, tras la paz firmada con las viejas FARC durante el Gobierno de Santos. Las masacres también se han disparado: sólo este pasado julio se contabilizaron 77 asesinados.
En las sombras de la legislatura de Petro cabría añadir su caótica forma de gobernar, con ausencias injustificadas en actos que él mismo convocaba, apariciones públicas en estado de aparente embriaguez, insultantes mensajes en X escritos de madrugada y un continuo baile de ministros: 65 frente a los 40, por ejemplo, de Iván Duque.
«Absolutamente incapaz de gerenciar, sin ninguna visión estratégica más allá de los delirios de grandeza que lo embargan, se encargó de profundizar y, en ocasiones, permitir las crisis estructurales que hoy padece Colombia», subraya a este diario el reputado analista y columnista de El Espectador Gabriel Cifuentes. «Deja un Gobierno en una profunda crisis fiscal, desfasado en lo social y en lo político; al borde de un colapso energético; con los peores indicadores en materia de seguridad de las últimas décadas. Un legado sombrío que deberá cargar la izquierda salvo que logre sacudirse a tiempo de la mácula que deja un gobierno que fue más protagonista por los múltiples y sistemáticos escándalos de corrupción y abuso de poder que por sus ejecutorias reales».
Cifuentes considera que ha sido «una oportunidad desperdiciada. Petro logró sintonizarse con una parte de la sociedad excluida y poner en el centro del debate la necesidad de avanzar en una agenda de transformaciones sociales. Materializó la culminación de un proyecto de izquierda democrática que no surgió de la nada y que, luego del proceso de paz de La Habana, encontró su espacio». El analista concluye que, «embriagado de forma anticipada por el legado que podría encarnar como hijo de Simón Bolívar, se concentró más en sus discursos, en la agitación de las masas como si todavía estuviera del otro lado del poder y permitió que una izquierda sedienta de Estado opacara lo que hubiera podido ser un Gobierno de transición progresista».
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