Cinco años después del regreso de los talibán al poder, la violencia que marcó dos décadas de guerra en Afganistán se ha desvanecido en gran medida. Los agricultores pueden vender su fruta en puestos callejeros sin temor a bombardeos, hay tranquilidad en los puestos de control y algunos menores incluso pueden ir andando a la escuela. Para una población de 45 millones de habitantes exhausta por un conflicto perpetuo, esta frágil estabilidad ha traído un cierto alivio y una menor sensación de inseguridad. Sin embargo, esta estabilidad forzada no es más que un espejismo que pagan a diario millones de civiles con una represión sistemática, especialmente contra mujeres y niñas, sumidos además en una crisis humanitaria que se agrava día a día.
La represión interna también se ha traducido en una caída de los donantes de ayuda humanitaria internacionales, recelosos de legitimar a un régimen cuyos ministros siguen bajo sanciones de Naciones Unidas por terrorismo
Cinco años después del regreso de los talibán al poder, la violencia que marcó dos décadas de guerra en Afganistán se ha desvanecido en gran medida. Los agricultores pueden vender su fruta en puestos callejeros sin temor a bombardeos, hay tranquilidad en los puestos de control y algunos menores incluso pueden ir andando a la escuela. Para una población de 45 millones de habitantes exhausta por un conflicto perpetuo, esta frágil estabilidad ha traído un cierto alivio y una menor sensación de inseguridad. Sin embargo, esta estabilidad forzada no es más que un espejismo que pagan a diario millones de civiles con una represión sistemática, especialmente contra mujeres y niñas, sumidos además en una crisis humanitaria que se agrava día a día.
El regreso de los talibanes el 15 de agosto de 2021 puso fin a la presencia de Estados Unidos en el país y dio paso a una era de mano de hierro, que ha aislado a Afganistán del apoyo internacional que necesita tan urgentemente. Un informe de la Misión de Asistencia de la ONU en el país (UNAMA) reconoce que la reducción de combates en este último lustro ha provocado la caída de las víctimas civiles en ataques y beneficiado el comercio local. No obstante, es la violencia estatal la que mantiene sometida a la población, arremetiendo especialmente contra las mujeres.
A las niñas no se les permite ir al colegio a partir de secundaria. Las mujeres no pueden acceder a la mayoría de empleos expuestos al público y tampoco del funcionariado. No pueden mostrar su rostro ni su voz en público, se les ha eliminado de los medios de comunicación. Tampoco pueden viajar libremente sin un tutor varón, y una de las últimas imposiciones de los talibán les prohíbe también asomarse a las ventanas de sus hogares.
Las restricciones contra las sanitarias han provocado un retroceso a pasos agigantados del acceso de las mujeres al sistema de salud. En Herat, al oeste del país, la mortalidad materna se ha multiplicado por cinco durante el primer semestre de este año en comparación a hace un lustro. La represión se extiende contra cualquiera que se muestre contrario a estas políticas, incluso si son hombres que se manifiestan contra la represión contra las mujeres. Grupos de derechos humanos denuncian una constante intimidación, detenciones arbitrarias e incluso desapariciones forzadas de activistas y periodistas.
La represión interna también se ha traducido en una caída de los donantes de ayuda humanitaria internacionales, recelosos de legitimar a un régimen cuyos ministros siguen bajo sanciones de Naciones Unidas por terrorismo. La ayuda humanitaria se ha reducido de más de 3.000 millones de euros en 2020 a apenas unos mil millones el año pasado, una cifra que se prevé que aún siga cayendo en los próximos meses. A ello se le suma la congelación de las reservas del banco central por parte de Estados Unidos y el Reino Unido, que han paralizado el sistema financiero.
Las consecuencias de estos recortes han recaído de pleno en la ciudadanía. Según datos de Naciones Unidas, más de la mitad de la población necesita asistencia urgente, incluido 3,7 millones de niños que sufren desnutrición aguda.
Los talibán no han intentado mejorar las relaciones bilaterales con otros países para atraer ayudas económicas, ya que su líder, Haybatulá Ajundzadá, cree que la asistencia al desarrollo es una estrategia de los gobiernos enemigos para debilitar a sus adversarios. La reciente detención de dos trabajadores de la ONU en Kabul, por cargos que no han sido revelados, ha reforzado aún más el recelo mutuo entre el régimen y las entidades humanitarias, enfriando aún más cualquier posibilidad de renovar la ayuda o la inversión.
El régimen ha intentado llenar el vacío de donaciones con sus propias iniciativas económicas sin éxito. Tras prohibir el cultivo de adormidera, antiguo pilar de los ingresos en zonas rurales del país, los talibán han depositado sus esperanzas en la industria minera, explotando los depósitos de cobre, hierro y tierras raras del país; aunque por el momento la industria no está cubriendo el vacío de la industria del opio.
El retorno forzado de seis millones de refugiados afganos de Pakistán e Irán ha añadido otra capa de sufrimiento, ya que la mayoría de repatriados han vuelto sin recursos, saturando las comunidades que ya sobrevivían en una situación muy frágil. Los desastres naturales han rematado la situación financiera del país, con unas devastadoras inundaciones este año que provocaron decenas de muertos, mientras el país aún se recupera de un terremoto el año pasado que causó más de 2.000 fallecidos.
Rusia sigue siendo el único país que reconoce formalmente al Emirato Islámico, pero un conjunto de potencias regionales -entre ellas Turquía, Irán, Uzbekistán, India, EAU, Qatar, Arabia Saudí y China- están ampliando los canales de comunicación con Kabul. Este acercamiento ha sido interpretado por los analistas como una aceptación ‘de facto’ del régimen. Este mismo año, la Unión Europea invitó a representantes talibán para tratar el posible retorno de miles de migrantes afganos en situación irregular al continente, una señal de que la necesidad de establecer relaciones bilaterales con el régimen empieza a pasar por encima de su historial de derechos humanos. Un mayor reconocimiento internacional podría ofrecer cierta protección al régimen contra el desafío que enfrenta en su frontera oriental. Las relaciones con Pakistán se han deteriorado en los últimos meses, debido a las acusaciones de Islamabad de que Kabul alberga militantes de un grupo terrorista que lanza ataques transfronterizos. Pakistán ha respondido este año con bombardeos dentro de Afganistán, causando más de mil fallecidos y desplazando a decenas de miles de personas. / L. V.
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