La Administración de Donald Trump se prepara para revocar los visados de negocios y turismo de hasta 200.000 extranjeros que han solicitado o están solicitando actualmente asilo en Estados Unidos. De llevarse a cabo, la medida constituiría la mayor revocación masiva de visados de la historia de Estados Unidos y previsiblemente afrontaría impugnaciones judiciales.
Salvo que sea recurrida o modificada, el Departamento de Estado prevé anunciar en las próximas semanas la revocación de los denominados visados B1 y B2 expedidos entre 2016 y 2026 cuyos titulares hayan solicitado asilo o estén actualmente tramitándolo
La Administración de Donald Trump se prepara para revocar los visados de negocios y turismo de hasta 200.000 extranjeros que han solicitado o están solicitando actualmente asilo en Estados Unidos. De llevarse a cabo, la medida constituiría la mayor revocación masiva de visados de la historia de Estados Unidos y previsiblemente afrontaría impugnaciones judiciales.
Salvo que sea recurrida o modificada, el Departamento de Estado prevé anunciar en las próximas semanas la revocación de los denominados visados B1 y B2 expedidos entre 2016 y 2026 cuyos titulares hayan solicitado asilo o estén actualmente tramitándolo, según documentos del Departamento de Estado obtenidos por The Associated Press y dos funcionarios estadounidenses. La medida se llevará a cabo en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
«Estamos coordinando con el DHS la identificación y revocación de los visados de no inmigrante de extranjeros que han entrado en Estados Unidos alegando que son visitantes temporales, pero que después solicitan asilo para permanecer en el país de forma permanente», declaró el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.
Pigott declinó precisar cuántos visados podrían ser revocados y señaló que, dado que el proceso continuará abierto, «el número de revocaciones seguirá siendo dinámico y se llevará a cabo de forma progresiva».
Las revocaciones no implicarían necesariamente una deportación inmediata, según los funcionarios. La mayoría de las personas cuyos procedimientos de asilo están actualmente pendientes serían recategorizadas, pero perderían su condición de viajeros por negocios o turismo, explicaron las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato debido a que las revocaciones aún no son definitivas.
Desde que el presidente Donald Trump asumió su segundo mandato el año pasado, su Administración ha endurecido progresivamente las restricciones para los solicitantes de visado. Entre otras medidas, ha exigido más información sobre su historial en redes sociales, ha impuesto el pago de costosas fianzas para tramitar determinados visados y ha prohibido directamente la expedición de visados a ciudadanos de algunos países.
En una publicación en redes sociales difundida el lunes, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, criticó a quienes, según afirmó, utilizan los visados de turismo y negocios para entrar en Estados Unidos y posteriormente solicitar asilo.
«La gente en Estados Unidos y en todo el mundo está harta de las solicitudes de asilo fraudulentas», escribió Landau en X. «El asilo no debería ser una vía para eludir las leyes de inmigración». Landau puso como ejemplo el caso de un ciudadano colombiano que entró en Estados Unidos en 2015 con un visado de turista y posteriormente solicitó asilo.
Los visados B1 se expiden generalmente para viajes de negocios, mientras que los B2 están destinados principalmente al turismo, las visitas familiares o la atención médica. Los documentos y los funcionarios consultados no precisaron de inmediato cuántos titulares de estos visados han solicitado o están solicitando asilo en Estados Unidos ni cuántos se verían afectados por las revocaciones.
A los actuales solicitantes de visados B1 y B2 se les pide que declaren que no solicitarán asilo en Estados Unidos y que demuestren su intención de regresar a sus países de origen.
En los últimos 18 meses, el Departamento de Estado ha revocado alrededor de 175.000 visados a personas condenadas o acusadas de delitos que van desde conducir bajo los efectos del alcohol hasta violación y robo, así como a personas que se han pronunciado públicamente contra las políticas estadounidenses, especialmente en relación con Oriente Próximo.
La Administración también ha intensificado su ofensiva contra el denominado «turismo de nacimiento», una práctica que, según el Gobierno, consiste en que mujeres extranjeras embarazadas viajen a Estados Unidos para dar a luz y que sus hijos puedan beneficiarse de la ciudadanía por nacimiento. Trump ha intentado en varias ocasiones acabar con este derecho, pero sus iniciativas han sido rechazadas por los tribunales, incluido el Tribunal Supremo.
Los documentos del Departamento de Estado obtenidos por AP apuntan a que el examen de los actuales titulares de visados B1 y B2 comenzó después de que el Departamento recibiera información de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) sobre solicitudes de asilo.
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