El MinVivienda busca unificar el tope de la Vivienda de Interés Social, actualmente fijado en 135 salarios mínimos en el Huila y otros departamentos, pero superior en algunas ciudades del país. El borrador del decreto también propone que el valor de los inmuebles se establezca desde el inicio en pesos y no en salarios mínimos.
@cate_manchola
Tras el alza histórica del salario mínimo mensual legal vigente en 23% para el presente año, con lo cual pasó de 1.423.500 pesos a 1.750.905 pesos, el Gobierno Nacional intenta minimizar las muy advertidas consecuencias negativas para los compradores de vivienda, pues el precio de la vivienda de interés social (VIS) sí está ligado al salario mínimo, por lo que luego del aumento se disparó el valor de estos inmuebles.
El Ministerio del Trabajo anunció durante varios días que el gobierno expediría un decreto para desindexar la vivienda del ajuste, y ahora el Ministerio de Vivienda ha divulgado un borrador de decreto que intenta transitar hacia ese fin. Esta medida no se encuentra en firme y está sujeta a cambios.
Según el documento, se plantean varios cambios.
El primero, es el tope de la VIS. El Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 estableció que el valor máximo de este tipo de inmuebles no podrá exceder los 135 salarios mínimos, pero en algunas ciudades va hasta 150 o hasta 175 smmlv. Lo que se plantea es generalizar el costo y que se ubique en 135 salarios mínimos, donde la única excepción es San Andrés.
En Huila ya se encontraba en 135 salarios mínimos, por lo tanto, aquí no habrá cambios en ese aspecto.
Aclara el Gobierno, que “la definición de un tope máximo para la Vivienda de Interés Social constituye un criterio de clasificación legal, y no equivale, por sí mismo, a la fijación del precio final de las viviendas, el cual debe obedecer a los costos reales de construcción y a las reglas de protección al consumidor”.
En pesos y no en salarios
El segundo cambio tiene que ver con dar a conocer desde un inicio, al momento de la separación del inmueble o firma de la promesa de compraventa, encargo fiduciario u otros instrumentos equivalentes, el valor en pesos, no en número de salarios.
Expone cómo “históricamente una parte relevante de los proyectos de vivienda de interés social ha sido comercializada mediante precios expresados en salarios mínimos (…), trasladando al consumidor el riesgo derivado de incrementos anuales del salario mínimo que no necesariamente reflejan los costos reales de construcción, en tanto dichos costos se causan con anterioridad a la escrituración y entrega de las viviendas”.
Para el gobierno, “es necesario establecer reglas claras, uniformes y obligatorias para la determinación del precio de la vivienda de interés social, garantizando que este sea expresado en pesos colombianos desde las etapas iniciales de la relación contractual, y evitando prácticas que generen desequilibrios injustificados en perjuicio del consumidor”.
En suma, “el consumidor solo está obligado a pagar el precio que le haya sido informado en el momento en que manifiesta su voluntad de adquirir la vivienda, mediante la suscripción de contratos de separación, promesa de compraventa, encargo fiduciario u otros instrumentos equivalentes”.
Según versa el borrador de decreto, está demostrado cómo “la indexación automática del precio de la vivienda de interés social al salario mínimo genera incrementos que no guardan correspondencia con los costos reales de producción”.
Evita sorpresas
El empresario del sector de la construcción, Ricardo León Aguilera califica como “positivo” que el Ministerio de Vivienda busque establecer reglas más claras y “proteger a las familias que quieren comprar vivienda”, pues “fijar el precio en pesos desde el inicio ayuda a evitar sorpresas y le da tranquilidad al comprador. Eso es un avance”.
No obstante, también considera “importante que se aclare mejor cómo podrán ajustarse los costos cuando realmente cambien durante la obra. Si eso no queda claro, se pueden generar problemas para los proyectos formales y más trámites con entidades como la Superintendencia de Sociedades. La idea es sencilla: proteger al comprador, sin poner en riesgo la viabilidad de los proyectos que sí hacen las cosas bien”.
Y refirmó su compromiso “con construir Vivienda de Interés Social responsable, transparente y sostenible, para que más familias puedan cumplir el sueño de tener casa propia”, concluyó.
La voz del gremio
Desde el gremio de los constructores Camacol continúan en la revisión técnica del proyecto de decreto que se encuentra en consulta pública.
La gerente de Camacol Huila, María Paula Dussán precisó cómo el borrador ratifica el tope legal de 135 SMMLV, “pero introduce un cambio relevante al exigir que el precio de la vivienda VIS sea fijado en pesos colombianos desde las etapas iniciales de la relación contractual y al restringir los mecanismos de indexación posteriores”.
Aunque desde el gremio “valoramos las medidas orientadas a fortalecer la transparencia y la protección del consumidor”, también lanzan advertencias: “la fijación anticipada del precio en pesos implica mayores riesgos para los proyectos VIS, en la medida en que los efectos inflacionarios asociados a variables macroeconómicas, entre ellas el salario mínimo, suelen materializarse de manera gradual y diferida sobre los costos reales de construcción y ejecución. En proyectos de mediano y largo plazo, este desfase entre la definición temprana del precio y la evolución efectiva de los costos puede incidir en la viabilidad financiera de los desarrollos y, en consecuencia, en la sostenibilidad de la oferta de vivienda de interés social”.
La ciudadanía tiene dudas sobre la aplicación del decreto.
De acuerdo con la gerente, el borrador de decreto contempla un régimen de transición para los negocios celebrados con anterioridad, pero plantea restricciones a los ajustes automáticos del costo asociados al salario mínimo, por lo que su aplicación deberá analizarse caso a caso una vez se expida el decreto definitivo.
Al menos 16 mil desistimientos en compra de vivienda se estiman para el presente año 2026.
$24 millones de diferencia
Andrés Cortés es uno de los ciudadanos que se encuentra preocupado sobre cuál será el valor final del inmueble, cuya entrega está prevista para el presente año; este es su testimonio.
“En el 2025 firmamos la promesa de opción de compra, en la cual la constructora nos vendía el apartamento de interés social al valor de los 135 salarios mínimos, sujeto al año de escrituración. Lo que significaría que legalmente nos pueden cobrar el tope máximo. Hay que decirlo, en el contrato ellos fijaron una proyección del salario en el cual estimaban que el valor del apartamento quedaría en $212 millones para el 2026; sin embargo, con el incremento del 23% del salario mínimo, el tope máximo quedaría en $236 millones, lo que dejaría una diferencia de $24 millones, que impactaría en las negociaciones ya hechas. Estamos a la expectativa de lo que pueda pasar; no hemos conocido un pronunciamiento por parte de la constructora, para saber si realmente van a cobrar el tope máximo, van a sostener los precios que dieron en la proyección o si harán un alza justo. También estamos esperando qué acuerdos habrá, porque este es un proyecto apoyado por la Alcaldía de Neiva, quienes están subsidiando a los compradores. Si las constructoras cobran el tope máximo de los 135 salarios mínimos de este año, eso significaría el principio de muchos desistimientos, porque los bancos no van a prestar más por no tener más capacidad de endeudamiento”.
El MinVivienda busca unificar el tope de la Vivienda de Interés Social, actualmente fijado en 135 salarios mínimos en el Huila y otros departamentos, pero superior en algunas ciudades del país. El borrador del decreto también propone que el valor de los inmuebles se establezca desde el inicio en pesos y no en salarios mínimos.
El MinVivienda busca unificar el tope de la Vivienda de Interés Social, actualmente fijado en 135 salarios mínimos en el Huila y otros departamentos, pero superior en algunas ciudades del país. El borrador del decreto también propone que el valor de los inmuebles se establezca desde el inicio en pesos y no en salarios mínimos.
@cate_manchola
Tras el alza histórica del salario mínimo mensual legal vigente en 23% para el presente año, con lo cual pasó de 1.423.500 pesos a 1.750.905 pesos, el Gobierno Nacional intenta minimizar las muy advertidas consecuencias negativas para los compradores de vivienda, pues el precio de la vivienda de interés social (VIS) sí está ligado al salario mínimo, por lo que luego del aumento se disparó el valor de estos inmuebles.
El Ministerio del Trabajo anunció durante varios días que el gobierno expediría un decreto para desindexar la vivienda del ajuste, y ahora el Ministerio de Vivienda ha divulgado un borrador de decreto que intenta transitar hacia ese fin. Esta medida no se encuentra en firme y está sujeta a cambios.
Según el documento, se plantean varios cambios.
El primero, es el tope de la VIS. El Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 estableció que el valor máximo de este tipo de inmuebles no podrá exceder los 135 salarios mínimos, pero en algunas ciudades va hasta 150 o hasta 175 smmlv. Lo que se plantea es generalizar el costo y que se ubique en 135 salarios mínimos, donde la única excepción es San Andrés.
En Huila ya se encontraba en 135 salarios mínimos, por lo tanto, aquí no habrá cambios en ese aspecto.
Aclara el Gobierno, que “la definición de un tope máximo para la Vivienda de Interés Social constituye un criterio de clasificación legal, y no equivale, por sí mismo, a la fijación del precio final de las viviendas, el cual debe obedecer a los costos reales de construcción y a las reglas de protección al consumidor”.
En pesos y no en salarios
El segundo cambio tiene que ver con dar a conocer desde un inicio, al momento de la separación del inmueble o firma de la promesa de compraventa, encargo fiduciario u otros instrumentos equivalentes, el valor en pesos, no en número de salarios.
Expone cómo “históricamente una parte relevante de los proyectos de vivienda de interés social ha sido comercializada mediante precios expresados en salarios mínimos (…), trasladando al consumidor el riesgo derivado de incrementos anuales del salario mínimo que no necesariamente reflejan los costos reales de construcción, en tanto dichos costos se causan con anterioridad a la escrituración y entrega de las viviendas”.
Para el gobierno, “es necesario establecer reglas claras, uniformes y obligatorias para la determinación del precio de la vivienda de interés social, garantizando que este sea expresado en pesos colombianos desde las etapas iniciales de la relación contractual, y evitando prácticas que generen desequilibrios injustificados en perjuicio del consumidor”.
En suma, “el consumidor solo está obligado a pagar el precio que le haya sido informado en el momento en que manifiesta su voluntad de adquirir la vivienda, mediante la suscripción de contratos de separación, promesa de compraventa, encargo fiduciario u otros instrumentos equivalentes”.
Según versa el borrador de decreto, está demostrado cómo “la indexación automática del precio de la vivienda de interés social al salario mínimo genera incrementos que no guardan correspondencia con los costos reales de producción”.
Evita sorpresas
El empresario del sector de la construcción, Ricardo León Aguilera califica como “positivo” que el Ministerio de Vivienda busque establecer reglas más claras y “proteger a las familias que quieren comprar vivienda”, pues “fijar el precio en pesos desde el inicio ayuda a evitar sorpresas y le da tranquilidad al comprador. Eso es un avance”.
No obstante, también considera “importante que se aclare mejor cómo podrán ajustarse los costos cuando realmente cambien durante la obra. Si eso no queda claro, se pueden generar problemas para los proyectos formales y más trámites con entidades como la Superintendencia de Sociedades. La idea es sencilla: proteger al comprador, sin poner en riesgo la viabilidad de los proyectos que sí hacen las cosas bien”.
Y refirmó su compromiso “con construir Vivienda de Interés Social responsable, transparente y sostenible, para que más familias puedan cumplir el sueño de tener casa propia”, concluyó.
La voz del gremio
Desde el gremio de los constructores Camacol continúan en la revisión técnica del proyecto de decreto que se encuentra en consulta pública.
La gerente de Camacol Huila, María Paula Dussán precisó cómo el borrador ratifica el tope legal de 135 SMMLV, “pero introduce un cambio relevante al exigir que el precio de la vivienda VIS sea fijado en pesos colombianos desde las etapas iniciales de la relación contractual y al restringir los mecanismos de indexación posteriores”.
Aunque desde el gremio “valoramos las medidas orientadas a fortalecer la transparencia y la protección del consumidor”, también lanzan advertencias: “la fijación anticipada del precio en pesos implica mayores riesgos para los proyectos VIS, en la medida en que los efectos inflacionarios asociados a variables macroeconómicas, entre ellas el salario mínimo, suelen materializarse de manera gradual y diferida sobre los costos reales de construcción y ejecución. En proyectos de mediano y largo plazo, este desfase entre la definición temprana del precio y la evolución efectiva de los costos puede incidir en la viabilidad financiera de los desarrollos y, en consecuencia, en la sostenibilidad de la oferta de vivienda de interés social”.
La ciudadanía tiene dudas sobre la aplicación del decreto.
De acuerdo con la gerente, el borrador de decreto contempla un régimen de transición para los negocios celebrados con anterioridad, pero plantea restricciones a los ajustes automáticos del costo asociados al salario mínimo, por lo que su aplicación deberá analizarse caso a caso una vez se expida el decreto definitivo.
Al menos 16 mil desistimientos en compra de vivienda se estiman para el presente año 2026.
$24 millones de diferencia
Andrés Cortés es uno de los ciudadanos que se encuentra preocupado sobre cuál será el valor final del inmueble, cuya entrega está prevista para el presente año; este es su testimonio.
“En el 2025 firmamos la promesa de opción de compra, en la cual la constructora nos vendía el apartamento de interés social al valor de los 135 salarios mínimos, sujeto al año de escrituración. Lo que significaría que legalmente nos pueden cobrar el tope máximo. Hay que decirlo, en el contrato ellos fijaron una proyección del salario en el cual estimaban que el valor del apartamento quedaría en $212 millones para el 2026; sin embargo, con el incremento del 23% del salario mínimo, el tope máximo quedaría en $236 millones, lo que dejaría una diferencia de $24 millones, que impactaría en las negociaciones ya hechas. Estamos a la expectativa de lo que pueda pasar; no hemos conocido un pronunciamiento por parte de la constructora, para saber si realmente van a cobrar el tope máximo, van a sostener los precios que dieron en la proyección o si harán un alza justo. También estamos esperando qué acuerdos habrá, porque este es un proyecto apoyado por la Alcaldía de Neiva, quienes están subsidiando a los compradores. Si las constructoras cobran el tope máximo de los 135 salarios mínimos de este año, eso significaría el principio de muchos desistimientos, porque los bancos no van a prestar más por no tener más capacidad de endeudamiento”.
ECONOMÍA – lanacion