Uno de los principales argumentos de la defensa del expresidente Álvaro Uribe contra la medida de privación de la libertad ordenada mediante el fallo en primera instancia, es precisamente que la condena todavía no está en firme. Alega los derechos a la dignidad humana y el debido proceso.
@cate_manchola
En el fallo de primera instancia dado a conocer el pasado primero de agosto, el expresidente Álvaro Uribe Vélez no solamente fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria, a una multa de $2.420,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para ser servidor público, por los presuntos delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, sino que además, la pena privativa fue ordenada para dar cumplimiento de inmediato y librar boleta de encarcelación; hasta el cierre de esta edición eso no había ocurrido por temas meramente de trámite.
Es decir que mientras la sentencia de primera instancia queda en firme, el expresidente debería estar nuevamente en casa por cárcel. Precisamente como la sentencia es de primera instancia, los abogados del exmandatario, liderados por Jaime Granados, instauraron una acción de tutela alegando varios derechos para evitar concretamente la medida privativa; mientras que por otra parte apelan a la condena como tal en las demás instancias.
La acción de tutela con solicitud de medidas provisionales es en contra del Juzgado 44 penal del circuito de conocimiento de Bogotá, “por la grave violación de los derechos fundamentales a la dignidad humana, el debido proceso, a la presunción de inocencia y a la libertad”. Ayer, el Tribunal Superior de Bogotá negó suspender provisionalmente la prisión domiciliaria al expresidente.
El argumento de la jueza
Durante la lectura del fallo, la juez Sandra Liliana Heredia Aranda argumentó que es “necesario que el acusado inicie la ejecución de su sanción previo a que la decisión proferida cobre firmeza, al superarse con creces los requisitos nominales de necesidad”.
Explicó que la privación de la libertad inmediata resultaba “necesaria para asegurar la preservación de la convivencia pacífica y armónica entre los ciudadanos. Esta medida no solo tiene un efecto disuasivo e intimidatorio que previene la comisión de delitos respecto al implicado y los nacionales, sino que también evita la percepción negativa de la sociedad de que las personas pueden continuar gozando de su libertad pese a una condena, cuando no se cumplen los requisitos para ello y la presunción de inocencia ya ha sido desestimada en primera instancia; máxime cuando se trata de una persona que goza de un reconocimiento público y social, referente para grandes círculos del país”.
La tutela radicada por la defensa del exmandatario será estudiada por el despacho del magistrado Ramiro Riaño Riaño, en Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Pero es incierto porque ese magistrado ya se declaró impedido en otra oportunidad.
Críticas a favor y en contra
Los cercanos al expresidente no han cesado su demostración de respaldo, mientras que los adversarios continúan también agitando el debate.
Para el huilense y expresidente del Senado, Ernesto Macías, “tal como lo sugirió la semana pasada el expresidente Iván Duque, la tutela para conseguir la defensa en libertad, es el camino correcto y expedito”.
La contraparte del proceso contra Uribe, el senador Iván Cepeda Castro, también se refirió al impedimento de Riaño y anunció medidas. “Dado que el artículo 39 del Decreto 2591 de 1991 dispone que “El juez deberá declararse impedido cuando concurran las causales de impedimento del Código de Procedimiento Penal so pena de incurrir en la sanción disciplinaria correspondiente”, y que la base fáctica que motiva el impedimento subsiste, hemos solicitado que se dé trámite al impedimento para que sean los dos magistrados restantes quienes valoren la acción constitucional y decidan sobre las medidas cautelares y la controversia de fondo”.
En medio de este panorama, el uribismo se alista para marchar a favor del exmandatario.
Marcha del uribismo en Neiva
Este siete de agosto, Neiva se unirá a la marcha nacional en apoyo al expresidente Álvaro Uribe Vélez, condenado por soborno en actuación penal y fraude procesal. El punto de partida es el Centro de Convenciones a las 9:00 de la mañana, para marchar hasta el Parque Santander. La jornada ha sido denominada “Por la libertad y la democracia”.
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Uno de los principales argumentos de la defensa del expresidente Álvaro Uribe contra la medida de privación de la libertad ordenada mediante el fallo en primera instancia, es precisamente que la condena todavía no está en firme. Alega los derechos a la dignidad humana y el debido proceso. @cate_manchola En el fallo de primera instancia
Uno de los principales argumentos de la defensa del expresidente Álvaro Uribe contra la medida de privación de la libertad ordenada mediante el fallo en primera instancia, es precisamente que la condena todavía no está en firme. Alega los derechos a la dignidad humana y el debido proceso.
@cate_manchola
En el fallo de primera instancia dado a conocer el pasado primero de agosto, el expresidente Álvaro Uribe Vélez no solamente fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria, a una multa de $2.420,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para ser servidor público, por los presuntos delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, sino que además, la pena privativa fue ordenada para dar cumplimiento de inmediato y librar boleta de encarcelación; hasta el cierre de esta edición eso no había ocurrido por temas meramente de trámite.
Es decir que mientras la sentencia de primera instancia queda en firme, el expresidente debería estar nuevamente en casa por cárcel. Precisamente como la sentencia es de primera instancia, los abogados del exmandatario, liderados por Jaime Granados, instauraron una acción de tutela alegando varios derechos para evitar concretamente la medida privativa; mientras que por otra parte apelan a la condena como tal en las demás instancias.
La acción de tutela con solicitud de medidas provisionales es en contra del Juzgado 44 penal del circuito de conocimiento de Bogotá, “por la grave violación de los derechos fundamentales a la dignidad humana, el debido proceso, a la presunción de inocencia y a la libertad”. Ayer, el Tribunal Superior de Bogotá negó suspender provisionalmente la prisión domiciliaria al expresidente.
El argumento de la jueza
Durante la lectura del fallo, la juez Sandra Liliana Heredia Aranda argumentó que es “necesario que el acusado inicie la ejecución de su sanción previo a que la decisión proferida cobre firmeza, al superarse con creces los requisitos nominales de necesidad”.
Explicó que la privación de la libertad inmediata resultaba “necesaria para asegurar la preservación de la convivencia pacífica y armónica entre los ciudadanos. Esta medida no solo tiene un efecto disuasivo e intimidatorio que previene la comisión de delitos respecto al implicado y los nacionales, sino que también evita la percepción negativa de la sociedad de que las personas pueden continuar gozando de su libertad pese a una condena, cuando no se cumplen los requisitos para ello y la presunción de inocencia ya ha sido desestimada en primera instancia; máxime cuando se trata de una persona que goza de un reconocimiento público y social, referente para grandes círculos del país”.
La tutela radicada por la defensa del exmandatario será estudiada por el despacho del magistrado Ramiro Riaño Riaño, en Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Pero es incierto porque ese magistrado ya se declaró impedido en otra oportunidad.
Críticas a favor y en contra
Los cercanos al expresidente no han cesado su demostración de respaldo, mientras que los adversarios continúan también agitando el debate.
Para el huilense y expresidente del Senado, Ernesto Macías, “tal como lo sugirió la semana pasada el expresidente Iván Duque, la tutela para conseguir la defensa en libertad, es el camino correcto y expedito”.
La contraparte del proceso contra Uribe, el senador Iván Cepeda Castro, también se refirió al impedimento de Riaño y anunció medidas. “Dado que el artículo 39 del Decreto 2591 de 1991 dispone que “El juez deberá declararse impedido cuando concurran las causales de impedimento del Código de Procedimiento Penal so pena de incurrir en la sanción disciplinaria correspondiente”, y que la base fáctica que motiva el impedimento subsiste, hemos solicitado que se dé trámite al impedimento para que sean los dos magistrados restantes quienes valoren la acción constitucional y decidan sobre las medidas cautelares y la controversia de fondo”.
En medio de este panorama, el uribismo se alista para marchar a favor del exmandatario.
Marcha del uribismo en Neiva
Este siete de agosto, Neiva se unirá a la marcha nacional en apoyo al expresidente Álvaro Uribe Vélez, condenado por soborno en actuación penal y fraude procesal. El punto de partida es el Centro de Convenciones a las 9:00 de la mañana, para marchar hasta el Parque Santander. La jornada ha sido denominada “Por la libertad y la democracia”.
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