<p><a href=»https://www.elmundo.es/internacional/2025/04/28/680f513b21efa031748b457b.html» target=»_blank»>Birmania</a>, exhausta tras casi cinco años de guerra civil, represión y colapso institucional, acudió a las urnas este domingo en la segunda fase de un proceso electoral organizado por la Junta militar que gobierna el país desde el golpe de Estado de febrero de 2021. La nueva votación ha reforzado las denuncias de Naciones Unidas, gobiernos occidentales y organizaciones de derechos humanos, que consideran estas elecciones<strong> una operación diseñada para otorgar legitimidad al régimen</strong>.</p>
Tras casi cinco años de guerra y más de 7.000 civiles muertos, la Junta militar dirige unas elecciones que le permitirá deshacerse de la oposición
Birmania, exhausta tras casi cinco años de guerra civil, represión y colapso institucional, acudió a las urnas este domingo en la segunda fase de un proceso electoral organizado por la Junta militar que gobierna el país desde el golpe de Estado de febrero de 2021. La nueva votación ha reforzado las denuncias de Naciones Unidas, gobiernos occidentales y organizaciones de derechos humanos, que consideran estas elecciones una operación diseñada para otorgar legitimidad al régimen.
Después de que los militares derrocaran al gobierno elegido democráticamente y detuvieran a Aung San Suu Kyi, entonces consejera de Estado y líder de facto del país, se desencadenó una insurrección popular que derivó en un conflicto armado que enfrentó al Tatmadaw (las fuerzas armadas) con milicias prodemocráticas y grupos armados étnicos. El resultado ha sido devastador para este país de 51 millones de habitantes: más de 7.000 civiles han muerto y la ONU estima que 3,6 millones de personas han sido desplazadas de sus hogares, en una de las peores crisis humanitarias del sur de Asia.
En este contexto bélico, la Junta militar dirige un proceso electoral en varias fases que comenzó el 28 de diciembre y culminará el 25 de enero. En la primera ronda, marcada por una participación oficial del 52,13% (porcentaje «inflado», según organizaciones de derechos humanos, y aún así muy inferior al registrado en las elecciones de 2015 y 2020), el Partido Unión, Solidaridad y Desarrollo (USDP), ligado al estamento militar, obtuvo 90 de los 102 escaños en disputa en la Cámara Baja.
Según los resultados preliminares, el partido de la Junta se encamina hacia una victoria abrumadora dentro de una estructura electoral que se diseñó para excluir cualquier oposición real, sobre todo la encabezada por la Liga Nacional para la Democracia (LND), la formación de Suu Kyi, que arrasó en los comicios de 2020. Este partido, disuelto junto a decenas de grupos opositores por negarse a registrarse bajo las normas de los militares, impulsó tras el golpe de 2021 un gobierno en el exilio que ha estado denunciando la «farsa» electoral de estas semanas.
El relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Birmania, Tom Andrews, también ha calificado la votación como una farsa orquestada por la Junta. «Desde cualquier punto de vista, estas no son elecciones libres, justas ni legítimas», afirmó. A su juicio, el proceso busca engañar a la comunidad internacional mientras consolida el dominio militar en medio de una violencia persistente.
Andrews denunció un patrón de coacción sistemática: amenazas de reclutamiento forzoso para presionar a los jóvenes a votar, intimidación a personas desplazadas, estudiantes y funcionarios públicos, e incluso la utilización del acceso a ayuda humanitaria como herramienta de chantaje político. «Esto no es participación política; es coerción», subrayó.
«No se puede hablar de elecciones creíbles cuando periodistas están amordazados, las libertades fundamentales aplastadas y miles de opositores tras las rejas», reiteró el relator Andrews, quien ha recordado que la situación humanitaria en el país empeoró por los devastadores terremotos de marzo de 2025, que golpearon zonas ya afectadas por el conflicto.
«El USDP se dirige a una victoria aplastante, algo nada sorprendente dado hasta qué punto el terreno de juego se ha inclinado a su favor», ha indicado también Richard Horsey, asesor principal del International Crisis Group para Birmania. «Esto ha incluido la eliminación de cualquier rival serio y un conjunto de leyes destinadas a reprimir la oposición al proceso electoral».
La Junta sostiene que las elecciones traerán estabilidad política y sentarán las bases de un futuro más próspero para el país. El jefe del régimen, el general Min Aung Hlaing, elogió recientemente la votación como un éxito y aseguró que demostraba el «fuerte deseo del pueblo de participar en el proceso democrático».
Sin embargo, estas declaraciones contrastan con la realidad sobre el terreno. Las autoridades militares reconocieron que no podrán celebrar comicios en al menos 65 municipios y miles de distritos rurales donde se extienden los combates, una admisión implícita de su falta de control sobre amplias zonas del país.
Más allá de las urnas vigiladas, Birmania se desangra en una guerra que avanza lejos de los focos. Mientras la Junta intenta exhibir normalidad institucional, el mapa del país se fragmenta en una constelación de frentes activos donde el Tatmadaw ya no impone su autoridad como antes. Desde finales de 2023, las fuerzas armadas han perdido posiciones clave frente a una alianza cada vez más coordinada de grupos armados étnicos y milicias prodemocráticas surgidas tras el golpe.
En el norte y noreste del país, especialmente en los estados de Shan y Kachin, la ofensiva de la llamada Alianza de las Tres Hermanas -que agrupa a ejércitos étnicos con décadas de experiencia insurgente- ha tomado el control de bases militares, puestos fronterizos y corredores comerciales vitales para la economía nacional, sobre todo en la frontera con China.
En las regiones centrales de Sagaing y Magway, consideradas históricamente bastiones del poder militar, las Fuerzas de Defensa del Pueblo (PDF), integradas en gran medida por jóvenes que abandonaron estudios o empleos tras el golpe militar, atacan convoyes, sabotean infraestructuras y obligan al ejército a dispersar recursos en una guerra de desgaste. La respuesta del Tatmadaw ha sido brutal: bombardeos indiscriminados e incendios de aldeas que han vaciado extensas zonas rurales.
La Junta controla aún las grandes ciudades y los principales aeropuertos, pero su dominio se resquebraja cada vez más fuera de los centros urbanos. Las actuales elecciones, celebradas únicamente donde en las zonas controladas por el ejército, reflejan la realidad fragmentada: un país donde votar se ha convertido en un manipulado acto administrativo desconectado del curso real del conflicto. En este escenario, el proceso electoral, más que como un intento de reconciliación nacional, asoma como una maniobra defensiva de un régimen que ansía consolidad su poder.
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