Luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el decreto de ajuste en 23% del salario mínimo, los candidatos y gremios salieron a decir que están de acuerdo con que el alza se mantenga, y no descienda como lo pide Fenalco y otros actores. El Gobierno nacional reafirmó que “defenderá el salario vital hasta el último momento”.
@cate_manchola
Durante la mañana de ayer, se sentaron a discutir sobre el alza del salario mínimo los empresarios, sindicatos en representación de los trabajadores y el Gobierno Nacional. Se trató del primer encuentro luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el decreto mediante el cual el presidente Gustavo Petro fijó unilateralmente en 23% el aumento para el presente año y, además, solicitara una mejor sustentación con criterios técnicos exigidos por la ley.
El alza efectuada en diciembre se dio tras agotar infructuosamente los canales de consenso, pero según el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, ahora el panorama es diferente. Durante la rueda de prensa, el funcionario explicó que la Comisión fue “citada por orden expresa del Presidente de la República Gustavo Petro” y no constituía una orden del Consejo de Estado. Incluso, fue “una conversación fluida, respetuosa y franca”, aseguró.
Según el Jefe de Estado, el objetivo de invitar al gran empresariado era usar la Comisión de Concertación “para establecer diálogo y acuerdo, antes del decreto transitorio”; no obstante, ayer no se llegó a ningún consenso en torno a nuevas cifras. Para el Gobierno, el objetivo es acatar el auto y expedir un decreto transitorio con la misma cifra. De hecho, el ministro del Trabajo apuntó cómo en la mesa de concertación, desde el lado de los empresarios, “hay una opinión mayoritaria en favor de que resultaría equivocado expedir un decreto que modifique el incremento del 23,7% que hoy está vigente como salario vital para los colombianos y colombianas, y particularmente para los trabajadores de Colombia”. En ese mismo sentido sentaron sus posturas las centrales sindicales. Así las cosas, “podemos decir que de lado y lado de la mesa hay una opinión mayoritaria en favor de mantener el incremento”.
Sanguino hizo una aclaración importante sobre el decreto transitorio: se trata de “una medida cautelar mientras el Consejo de Estado se pronuncia de fondo”. Además, advirtió: “en ese pronunciamiento de fondo, nosotros seguiremos defendiendo hasta el último momento y hasta la última instancia el salario vital de los trabajadores y trabajadoras de Colombia”. Eso incluye solicitud de aclaración y de súplica.
“Es ya un derecho adquirido”, subrayó por su parte el ministro de Hacienda, Germán Ávila. En suma, desde la visión del gobierno reversarlo “es inconveniente, inconstitucional e inviable”.
Aunque la Asociación Nacional de Industriales (Andi) se opuso férreamente a un ajuste superior al 7% y lanzó alertas por las consecuencias, ahora considera que no se deben realizar cambios sino mitigar los impactos, pues, “se trata de hechos cumplidos que como sociedad se deben asumir, buscando minimizar las consecuencias negativas de los mismos”. Y aseveró: “Hacemos un llamado a toda la sociedad para generar mecanismos que permitan buscar minimizar los efectos inflacionarios, de desempleo y de informalidad que generó la decisión equivocada del gobierno nacional”.
Otro gremio en la mesa es Asobancaria y también está de acuerdo con mantenerlo, no porque apoyen el alza, sino para enviar un mensaje de certidumbre a los mercados.
En contraste, Fenalco, el gremio de los comerciantes, es de los que ha pedido una cifra de alrededor del 7%, manteniendo su posición inicial. “No está de acuerdo en que se mantenga el aumento del 23.7% o una cifra superior”, dijo. “Si el aumento no tiene en cuenta la productividad ni la inflación real, podría traducirse en la pérdida de más de 700.000 empleos formales, en un país que ya cuenta con 2.1 millones de desempleados y más de 13 millones de trabajadores informales”, alertó Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio.
Los precandidatos
Los aspirantes a la Casa de Nariño también han fijado una postura en medio de esta controversia, que tiene en incertidumbre a buena parte de los colombianos.
Para Abelardo De La Espriella hay que mantener la cifra: “El salario mínimo no se puede bajar. Lo que hay que hacer es bajarles los impuestos a los empresarios, para nivelar la situación económica actual y proteger el empleo”.
Asimismo, Iván Cepeda: “Por primera vez en Colombia hay un salario ajustado a la Constitución, es una falacia decir que los aumentos del salario mínimo terminan por generar recesión económica”.
Por su parte, Paloma Valencia también pidió apoyo: “Le pido a los empresarios y a los gremios de la producción que anuncien que mantendrán el aumento del salario del 23,7% y me comprometo a bajar los impuestos para que paguen los salarios con esos recursos”.
De igual manera, Vicky Dávila considera que “si Petro mantiene el aumento del 23,7%, está bien. Aún cuando su objetivo sea comprar las elecciones. Pero siempre estaré del lado de los trabajadores. Eso sí, en lo que no estoy de acuerdo es en el derroche del gasto público y los altos impuestos que asfixian a las empresas”.
Con el incremento del salario mínimo en 23%, se pasó de 1.423.500 pesos a 1.750.905 pesos. De otra parte, el auxilio de transporte subió 24,5% y quedó en 249.095 pesos.
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Luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el decreto de ajuste en 23% del salario mínimo, los candidatos y gremios salieron a decir que están de acuerdo con que el alza se mantenga, y no descienda como lo pide Fenalco y otros actores. El Gobierno nacional reafirmó que “defenderá el salario vital hasta
Luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el decreto de ajuste en 23% del salario mínimo, los candidatos y gremios salieron a decir que están de acuerdo con que el alza se mantenga, y no descienda como lo pide Fenalco y otros actores. El Gobierno nacional reafirmó que “defenderá el salario vital hasta el último momento”.
@cate_manchola
Durante la mañana de ayer, se sentaron a discutir sobre el alza del salario mínimo los empresarios, sindicatos en representación de los trabajadores y el Gobierno Nacional. Se trató del primer encuentro luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el decreto mediante el cual el presidente Gustavo Petro fijó unilateralmente en 23% el aumento para el presente año y, además, solicitara una mejor sustentación con criterios técnicos exigidos por la ley.
El alza efectuada en diciembre se dio tras agotar infructuosamente los canales de consenso, pero según el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, ahora el panorama es diferente. Durante la rueda de prensa, el funcionario explicó que la Comisión fue “citada por orden expresa del Presidente de la República Gustavo Petro” y no constituía una orden del Consejo de Estado. Incluso, fue “una conversación fluida, respetuosa y franca”, aseguró.
Según el Jefe de Estado, el objetivo de invitar al gran empresariado era usar la Comisión de Concertación “para establecer diálogo y acuerdo, antes del decreto transitorio”; no obstante, ayer no se llegó a ningún consenso en torno a nuevas cifras. Para el Gobierno, el objetivo es acatar el auto y expedir un decreto transitorio con la misma cifra. De hecho, el ministro del Trabajo apuntó cómo en la mesa de concertación, desde el lado de los empresarios, “hay una opinión mayoritaria en favor de que resultaría equivocado expedir un decreto que modifique el incremento del 23,7% que hoy está vigente como salario vital para los colombianos y colombianas, y particularmente para los trabajadores de Colombia”. En ese mismo sentido sentaron sus posturas las centrales sindicales. Así las cosas, “podemos decir que de lado y lado de la mesa hay una opinión mayoritaria en favor de mantener el incremento”.
Sanguino hizo una aclaración importante sobre el decreto transitorio: se trata de “una medida cautelar mientras el Consejo de Estado se pronuncia de fondo”. Además, advirtió: “en ese pronunciamiento de fondo, nosotros seguiremos defendiendo hasta el último momento y hasta la última instancia el salario vital de los trabajadores y trabajadoras de Colombia”. Eso incluye solicitud de aclaración y de súplica.
“Es ya un derecho adquirido”, subrayó por su parte el ministro de Hacienda, Germán Ávila. En suma, desde la visión del gobierno reversarlo “es inconveniente, inconstitucional e inviable”.
Aunque la Asociación Nacional de Industriales (Andi) se opuso férreamente a un ajuste superior al 7% y lanzó alertas por las consecuencias, ahora considera que no se deben realizar cambios sino mitigar los impactos, pues, “se trata de hechos cumplidos que como sociedad se deben asumir, buscando minimizar las consecuencias negativas de los mismos”. Y aseveró: “Hacemos un llamado a toda la sociedad para generar mecanismos que permitan buscar minimizar los efectos inflacionarios, de desempleo y de informalidad que generó la decisión equivocada del gobierno nacional”.
Otro gremio en la mesa es Asobancaria y también está de acuerdo con mantenerlo, no porque apoyen el alza, sino para enviar un mensaje de certidumbre a los mercados.
En contraste, Fenalco, el gremio de los comerciantes, es de los que ha pedido una cifra de alrededor del 7%, manteniendo su posición inicial. “No está de acuerdo en que se mantenga el aumento del 23.7% o una cifra superior”, dijo. “Si el aumento no tiene en cuenta la productividad ni la inflación real, podría traducirse en la pérdida de más de 700.000 empleos formales, en un país que ya cuenta con 2.1 millones de desempleados y más de 13 millones de trabajadores informales”, alertó Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio.
Los precandidatos
Los aspirantes a la Casa de Nariño también han fijado una postura en medio de esta controversia, que tiene en incertidumbre a buena parte de los colombianos.
Para Abelardo De La Espriella hay que mantener la cifra: “El salario mínimo no se puede bajar. Lo que hay que hacer es bajarles los impuestos a los empresarios, para nivelar la situación económica actual y proteger el empleo”.
Asimismo, Iván Cepeda: “Por primera vez en Colombia hay un salario ajustado a la Constitución, es una falacia decir que los aumentos del salario mínimo terminan por generar recesión económica”.
Por su parte, Paloma Valencia también pidió apoyo: “Le pido a los empresarios y a los gremios de la producción que anuncien que mantendrán el aumento del salario del 23,7% y me comprometo a bajar los impuestos para que paguen los salarios con esos recursos”.
De igual manera, Vicky Dávila considera que “si Petro mantiene el aumento del 23,7%, está bien. Aún cuando su objetivo sea comprar las elecciones. Pero siempre estaré del lado de los trabajadores. Eso sí, en lo que no estoy de acuerdo es en el derroche del gasto público y los altos impuestos que asfixian a las empresas”.
Con el incremento del salario mínimo en 23%, se pasó de 1.423.500 pesos a 1.750.905 pesos. De otra parte, el auxilio de transporte subió 24,5% y quedó en 249.095 pesos.
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