<p>Todas las miradas colombianas estarán fijadas hoy en la <strong>jueza Sandra Liliana Heredia</strong>, del Juzgado 44 Penal del circuito de Bogotá. En sus manos tiene <a href=»https://www.elmundo.es/internacional/2025/07/25/6882b3bde4d4d8e2298b456d.html» target=»_blank»>la suerte de Álvaro Uribe</a>, el primer presidente del país que se ha visto en el <strong>banquillo de los acusados</strong>. De Alpujarra, un pequeño pueblo del Tolima, en el corazón de Colombia, donde siempre gana la derecha, la octava de nueve hermanos fue de izquierdas desde adolescente, según antiguos compañeros de colegio.</p>
Hoy se conocerá el fallo del proceso contra el líder del Centro Democrático por presunta manipulación de testigos y fraude en proceso judicial, una sentencia con enorme trascendencia política
Todas las miradas colombianas estarán fijadas hoy en la jueza Sandra Liliana Heredia, del Juzgado 44 Penal del circuito de Bogotá. En sus manos tiene la suerte de Álvaro Uribe, el primer presidente del país que se ha visto en el banquillo de los acusados. De Alpujarra, un pequeño pueblo del Tolima, en el corazón de Colombia, donde siempre gana la derecha, la octava de nueve hermanos fue de izquierdas desde adolescente, según antiguos compañeros de colegio.
Ese detalle nimio, como ocurrió con gestos o incidentes de mayor o menor medida durante los 67 días de audiencias, transmitidas por internet en directo, alimenta la polémica en torno a un enrevesado proceso, de evidente tinte político, que comenzó hace tres lustros y por el que pasaron un total de 107 testigos.
Tan compleja será la decisión para Heredia que el poderoso ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, ex magistrado de la Corte Constitucional y ex fiscal general, figura como una de las «víctimas» de quien gobernó la nación sudamericana ocho años.
También será decisivo para el senador Iván Cepeda, del petrista Pacto Histórico, que ha hecho de su demanda contra el líder del Centro Democrático por presunta manipulación de testigos y fraude en proceso judicial una bandera de la extrema izquierda y su personal argumento electoral. Si consiguiera su eterno anhelo de ver condenado a Uribe, podría ser el candidato de Gustavo Petro en las presidenciales del 2026, según distintos analistas. Si perdiera el combate, ya anunció que seguirá la pelea con los recursos que impondrán ante los altos tribunales, empezando por el Superior de Bogotá.
En cuanto a Uribe, un fallo en contra no frenará las giras que realiza por todo el país para promover las diferentes candidaturas de su partido y, de paso, fustigar al Gobierno socialista. Todavía no tiene un heredero y su ficha favorita, el senador Miguel Uribe Turbay, con el que no tiene parentesco, yace en la UVI de una clínica bogotana, tras un atentado, con dos disparos en la cabeza y un pronóstico sombrío.
Tampoco significará el final de su liderazgo. Para sus fieles seguidores -sobre un 25% del electorado, según encuestas-, que tildan de parcial al sistema judicial, el sentido de la sentencia no altera los sentimientos hacia quien consideran el presidente que devolvió la seguridad y la esperanza a un país que recibió al borde del abismo en 2002.
«Se trata de un fallo de primera instancia, por tanto, el presidente seguirá el activismo político como hasta ahora, esperando qué sucede con la apelación», explica a EL MUNDO Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático. «En el evento de una condena, no vemos medida de aseguramiento y no creo que haya un impacto inmediato en las campañas y en la oposición al Gobierno nacional, hasta lo que decida la segunda instancia. Nuestra expectativa es que la juez falle en Derecho porque, si lo hace, no tenemos duda de que lo absuelve. Y nos ha sorprendido gratamente cómo en las últimas semanas el foro judicial académico considera, de manera mayoritaria, que no puede haber condena porque no quedó probado la comisión de algún delito«.
El proceso se remonta al 2011, un año después de estrenarse Iván Cepeda como congresista y terminar Álvaro Uribe su segundo periodo presidencial. El socialista publicó una columna de opinión acusando a Uribe y a su hermano Santiago de fundar el Bloque Metro de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), sustentado con testimonios de antiguos paramilitares.
Uribe le demandó por calumnia y el proceso no se movió hasta que en 2018 dio un sorprendente vuelco. La Corte lo archivó y abrió el que tiene ahora al expresidente contra las cuerdas.
A partir de entonces, Juan Guillermo Monsalve, un delincuente condenado a 40 años por secuestro, se convirtió en el testigo estrella. Aseguró que fue paramilitar y que los Uribe crearon dicho Bloque en su Hacienda Guacharacas, donde su padre trabajaba de capataz. Pero tanto los datos de Justicia y Paz como las declaraciones de su padre, Oscar Monsalve, y su hermano, lo han desmentido.
Igual ha sucedido con otras pruebas aportadas por la Fiscalía, consideradas débiles o contradictorias, al punto que diferentes abogados penalistas y juristas abogan por la absolución. También han criticado la irregular interceptación telefónica al móvil de Álvaro Uribe.
La orden de un magistrado de la Corte Suprema era saber qué hablaba el congresista Nilton Córdoba por otra causa, pero metieron el número del expresidente «por error». «Pese a la advertencia del ‘error’ por parte de los operadores judiciales, las escuchas se prolongaron ilegalmente durante más de un mes; se avalaron y se aportaron al proceso grabaciones de las conversaciones entre el expresidente y sus abogados que gozan de absoluta confidencialidad», reza un aparte de una carta pública, firmada por 38 juristas.
Es tanta la expectativa y tanta la preocupación de la familia de la juez que un pariente le dijo a la revista Semana que «ella no buscó que le entregaran este proceso, no pidió que se lo adjudicaran; fue al azar».
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