El gremio de los constructores alertó sobre efectos “nocivos” para los hogares, debido al aumento del salario mínimo y el proyecto de decreto del MinVivienda, mediante el cual el “Gobierno está imponiendo un control de precios a la vivienda en Colombia”. MinVivienda aseguró que “busca evitar alzas desproporcionadas”.
@cate_manchola
El gremio de la construcción lanzó una fuerte alerta por los efectos que tendría el aumento del salario mínimo y el borrador de decreto del Ministerio de Vivienda, advirtiendo que ambas medidas podrían generar impactos “indeseables e incluso nocivos para los mismos hogares que se pretende defender”, especialmente en la provisión de vivienda de interés social (VIS).
Así lo afirmó Guillermo Herrera, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), advirtiendo que el sector atraviesa una “recesión técnica” y que si bien estimaban vender 200 mil unidades en el presente año y continuar transitando hacia la recuperación del sector, tras las medidas las proyecciones cambiarán a la baja.
Aseguró que “este no es un sector que se aproveche de las familias” y que “es inaceptable la posición del presidente” Petro hacia los constructores, quien los ha tildado de “estafadores”.
“Es control de precios”
Para Camacol, el borrador de decreto expedido por el MinVivienda no tiene fuerza de ley, es “ordinario” y terminaría cayéndose por desconocer la normativa vigente. Se ha generado “confusión” en la opinión pública, por lo que aclaró que la medida en realidad no desindexa la vivienda VIS. “Seamos claros, lo que está haciendo el Gobierno es imponiendo un control de precios a la vivienda en Colombia”, y además el Ejecutivo “pretende romper la regla de oro de una economía de mercado; esto no es Cuba”.
El decreto busca unificar el tope de la vivienda VIS, hoy fijado en 135 salarios mínimos en departamentos como Huila, pero superior en ciudades como Bogotá, donde llega a 150. Con la nueva medida, “ya esto no puede ser”, advirtió.
Subrayó que fue el Plan Nacional de Desarrollo del presente gobierno el encargado de fijar los topes máximos, lo cual pretende modificarse con el mencionado decreto, que resultará siendo una medida “improvisada e ilegal”, vaticinó.
Otro de los puntos “críticos” es la fijación del precio del inmueble. Recordó que el precio de la vivienda corresponde al que se defina en la fecha de escrituración. Pero el decreto plantea establecer el precio en pesos desde la separación o compraventa, sin posibilidad de indexación a la fecha de escrituración. Incluso, “tipifica como práctica abusiva” no fijar ese precio desde el inicio, algo que, según el gremio, solo puede hacer el Congreso.
“Fijarlo en pesos desde el principio, como si fuera una Coca-Cola, genera tanta incertidumbre que es imposible controlar las variables económicas que me permitan garantizar que el precio estará dentro del tope fijado dos o tres años posteriores”, señaló.
La transición
Otro de los puntos que causan escozor es el régimen de transición, que afectaría la seguridad jurídica. “Está devolviendo los precios. Claramente, aquí lo que hay es control de precio, no desindexación”, insistió Herrera, al subrayar que “el presidente de la República no tiene la facultad para intervenir precios”.
Tras el aumento del salario mínimo, los costos de producción suben entre un 10% y 15%, lo que afecta con mayor fuerza a las mipymes, que representan el 90% del sector. “Generará inviabilidad financiera de los proyectos, menor inversión y más desempleo”, advirtió el dirigente gremial.
Argumentaron los constructores que aproximadamente el 60% de la VIS hoy tiene un precio inferior el tope máximo. Pues, la definición de un tope constituye un criterio de clasificación legal, y no equivale, por sí mismo, a la fijación del precio final de los inmuebles.
Y teniendo en cuenta el libre mercado, las constructoras definen los costos analizando diferentes variables.
A futuro, el costo sería más personas viviendo en la informalidad, disminución de oferta de vivienda nueva, aumento por la usada y subida de precios en la nueva; e incremento en arriendos.
“Lo más grave son los proyectos que no se han lanzado, porque ahí sí la presión de costos va a desalinear la proyección financiera que tenían esos proyectos”, alertó.
“Todavía no es claro qué va a pasar con todo esto” y “hoy nadie, a ciencia cierta, puede saber qué va a pasar en el futuro”.
“Evitar alzas desproporcionadas”
El Ministerio de Vivienda informó ayer que, a través del decreto, el gobierno “busca evitar alzas desproporcionadas en el precio de la VIS y proteger la planeación financiera de los hogares”. Y aseguró que “el proyecto no constituye un control de precios. En realidad, con este instrumento normativo se busca proteger a las familias compradoras, al reafirmar que de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto del consumidor y la Circular 004 de 2024 emitida por la SIC, el valor total de la vivienda debe pactarse en pesos colombianos desde el inicio del proceso, sin indexaciones automáticas asociadas al incremento anual del salario mínimo”.
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El gremio de los constructores alertó sobre efectos “nocivos” para los hogares, debido al aumento del salario mínimo y el proyecto de decreto del MinVivienda, mediante el cual el “Gobierno está imponiendo un control de precios a la vivienda en Colombia”. MinVivienda aseguró que “busca evitar alzas desproporcionadas”. @cate_manchola El gremio de la construcción lanzó
El gremio de los constructores alertó sobre efectos “nocivos” para los hogares, debido al aumento del salario mínimo y el proyecto de decreto del MinVivienda, mediante el cual el “Gobierno está imponiendo un control de precios a la vivienda en Colombia”. MinVivienda aseguró que “busca evitar alzas desproporcionadas”.
@cate_manchola
El gremio de la construcción lanzó una fuerte alerta por los efectos que tendría el aumento del salario mínimo y el borrador de decreto del Ministerio de Vivienda, advirtiendo que ambas medidas podrían generar impactos “indeseables e incluso nocivos para los mismos hogares que se pretende defender”, especialmente en la provisión de vivienda de interés social (VIS).
Así lo afirmó Guillermo Herrera, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), advirtiendo que el sector atraviesa una “recesión técnica” y que si bien estimaban vender 200 mil unidades en el presente año y continuar transitando hacia la recuperación del sector, tras las medidas las proyecciones cambiarán a la baja.
Aseguró que “este no es un sector que se aproveche de las familias” y que “es inaceptable la posición del presidente” Petro hacia los constructores, quien los ha tildado de “estafadores”.
“Es control de precios”
Para Camacol, el borrador de decreto expedido por el MinVivienda no tiene fuerza de ley, es “ordinario” y terminaría cayéndose por desconocer la normativa vigente. Se ha generado “confusión” en la opinión pública, por lo que aclaró que la medida en realidad no desindexa la vivienda VIS. “Seamos claros, lo que está haciendo el Gobierno es imponiendo un control de precios a la vivienda en Colombia”, y además el Ejecutivo “pretende romper la regla de oro de una economía de mercado; esto no es Cuba”.
El decreto busca unificar el tope de la vivienda VIS, hoy fijado en 135 salarios mínimos en departamentos como Huila, pero superior en ciudades como Bogotá, donde llega a 150. Con la nueva medida, “ya esto no puede ser”, advirtió.
Subrayó que fue el Plan Nacional de Desarrollo del presente gobierno el encargado de fijar los topes máximos, lo cual pretende modificarse con el mencionado decreto, que resultará siendo una medida “improvisada e ilegal”, vaticinó.
Otro de los puntos “críticos” es la fijación del precio del inmueble. Recordó que el precio de la vivienda corresponde al que se defina en la fecha de escrituración. Pero el decreto plantea establecer el precio en pesos desde la separación o compraventa, sin posibilidad de indexación a la fecha de escrituración. Incluso, “tipifica como práctica abusiva” no fijar ese precio desde el inicio, algo que, según el gremio, solo puede hacer el Congreso.
“Fijarlo en pesos desde el principio, como si fuera una Coca-Cola, genera tanta incertidumbre que es imposible controlar las variables económicas que me permitan garantizar que el precio estará dentro del tope fijado dos o tres años posteriores”, señaló.
La transición
Otro de los puntos que causan escozor es el régimen de transición, que afectaría la seguridad jurídica. “Está devolviendo los precios. Claramente, aquí lo que hay es control de precio, no desindexación”, insistió Herrera, al subrayar que “el presidente de la República no tiene la facultad para intervenir precios”.
Tras el aumento del salario mínimo, los costos de producción suben entre un 10% y 15%, lo que afecta con mayor fuerza a las mipymes, que representan el 90% del sector. “Generará inviabilidad financiera de los proyectos, menor inversión y más desempleo”, advirtió el dirigente gremial.
Argumentaron los constructores que aproximadamente el 60% de la VIS hoy tiene un precio inferior el tope máximo. Pues, la definición de un tope constituye un criterio de clasificación legal, y no equivale, por sí mismo, a la fijación del precio final de los inmuebles.
Y teniendo en cuenta el libre mercado, las constructoras definen los costos analizando diferentes variables.
A futuro, el costo sería más personas viviendo en la informalidad, disminución de oferta de vivienda nueva, aumento por la usada y subida de precios en la nueva; e incremento en arriendos.
“Lo más grave son los proyectos que no se han lanzado, porque ahí sí la presión de costos va a desalinear la proyección financiera que tenían esos proyectos”, alertó.
“Todavía no es claro qué va a pasar con todo esto” y “hoy nadie, a ciencia cierta, puede saber qué va a pasar en el futuro”.
“Evitar alzas desproporcionadas”
El Ministerio de Vivienda informó ayer que, a través del decreto, el gobierno “busca evitar alzas desproporcionadas en el precio de la VIS y proteger la planeación financiera de los hogares”. Y aseguró que “el proyecto no constituye un control de precios. En realidad, con este instrumento normativo se busca proteger a las familias compradoras, al reafirmar que de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto del consumidor y la Circular 004 de 2024 emitida por la SIC, el valor total de la vivienda debe pactarse en pesos colombianos desde el inicio del proceso, sin indexaciones automáticas asociadas al incremento anual del salario mínimo”.
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