Los arroceros del Huila le responden a la industria molinera, que manifestó su profunda preocupación por los efectos que traería sobre el arroz blanco el hecho de regular el precio del paddy verde. Mientras la industria rechaza que sus argumentos fueron ignorados, los campesinos opitas ven con preocupación que no haya un acuerdo para salir de esta crisis.
@cate_manchola
La crisis para los productores de arroz en Huila y Colombia no está superada, además, se agrava el conflicto con la industria molinera; la cual compra el paddy verde a los campesinos para transformarlo en el arroz blanco que adquiere el consumidor final.
Los campesinos protestaron el mes pasado en los departamentos productores del cereal, por considerar que el precio pagado por su cosecha es muy bajo y no compensa los costos de producción, mientras que la industria se ha mantenido firme en que se trata de un problema de sobreoferta.
“En este contexto de sobreoferta, y ante la presión de los líderes del paro arrocero, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural emitió la resolución en la que se somete al arroz paddy verde al régimen de libertad regulada. El cual, según datos de Fedearroz, arroja unos precios mínimos de compra hasta un 17% más altos que el precio de mercado, dependiendo del municipio, al tiempo que ignora las prácticas mercantiles y dinámicas territoriales del sector”, rechazó la Cámara Induarroz de la Andi, que agrupa parte de la industria arrocera de Colombia.
Para el gremio regular no es la salida, además detalló cómo ha alertado mediante los “aportes técnicos por todos los mecanismos institucionales, los cuales fueron en su mayoría ignorados”, las siguientes consecuencias:
- El posible aumento de los precios del arroz blanco al consumidor, afectando especialmente a los hogares de menores ingresos.
- El efecto “incentivo” para incrementar las siembras, profundizando la sobreoferta al imponer condiciones de comercialización más favorables que las que estaban vigentes cuando los agricultores tomaron sus últimas decisiones de siembra.
- La pérdida de competitividad frente a las importaciones, en un contexto internacional de excedentes del grano.
- El incremento de la informalidad en la cadena.
- La generación de desequilibrios estructurales que amenazan la sostenibilidad del sector arrocero.
Para la industria esta medida “va en contravía de lo que el sector necesita”. Y propuso cómo, en un contexto de sobreoferta, “lo que se requiere son políticas que faciliten la absorción de la cosecha en lugar de desincentivarla, por lo que algunas empresas se están adaptando y explorando nuevas estrategias, para en la medida de lo posible, seguir recibiendo el arroz de los productores, en medio de un entorno marcado por la sobreproducción y la incertidumbre sobre el tamaño final de la cosecha”.
La industria arrocera genera más de 8.000 empleos formales en zonas rurales y recibe la totalidad de la cosecha nacional (3,5 millones de toneladas de paddy verde al año).
Los campesinos responden
Concuerdan la industria molinera y los campesinos en que existe una sobreoferta, pero mientras los empresarios enfatizan en que la raíz del problema es la siembra desmedida, especialmente en Casanare, los agricultores señalan el gran impacto que también están teniendo las importaciones de Ecuador, así como el contrabando.
Otro dato relevante es cómo la industria tiene mucho qué ver con la crisis que golpea al sector, pues, esta también incentiva a la siembra desmedida, anotó el arrocero huilense, Raymundo Vargas Castro: “Ellos son los directamente responsables”, aseguró, “porque a través de las ferias, subastas de arroz, financiamiento de agroinsumos y líneas de crédito sin criterios técnicos, las empresas molineras han incentivado la expansión, generando sobreoferta recurrente en el segundo semestre, distorsionando los precios del arroz paddy verde, afectando la estabilidad del mercado”.
Para el gremio arrocero representado por Fedearroz, “es inadmisible que se pretenda controlar los indicadores macroeconómicos a costa del campesino que arriesga su patrimonio y su sustento diario, en un entorno de incertidumbre, costos elevados y sin garantías plenas”.
Esta lógica “perversa pone en riesgo la sostenibilidad de la actividad agrícola y compromete la soberanía alimentaria del país”, aseveró el gremio. “Un país que no protege a quien produce sus alimentos, pone en juego su seguridad y estabilidad a largo plazo”.
En esa misma línea, el integrante de la Comisión Mixa Nacional Campesina, Ricardo López, señaló cuáles son las posibles consecuencias tras el comunicado de la industria molinera. “Definitivamente el oligopolio en el arroz afectará enormemente los intereses de los pequeños y medianos productores”, vaticinó.
Tras el paro y las mesas de diálogo, “de nada sirven los esfuerzos del gobierno nacional y de los productores en mesas de trabajo donde también participó la agroindustria, si estos van a desconocer los acuerdos a los que se llegaron”, sostuvo el líder campesino.
López lo aprecia como una “nueva manera de pretender esclavizar al productor, quedarse con sus ya raquíticas ganancias y, en este sentido, hacemos un llamado muy fuerte y vehemente para que la Superintendencia de Industria y Comercio, meta en cintura a la agroindustria”.
Incluso, exhortó a sentar un precedente para evitar que lo sucedido con los productores del cereal, se repita en otros sectores.
Los campesinos insisten en lo urgente de lograr una concertación. Mayor control a las importaciones de arroz. Salvaguardia para evitar el ingreso del cereal. Ayer continuaba el diálogo en el Consejo Nacional del Arroz, donde tiene asiento el gobierno, los campesinos y la industria.
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Los arroceros del Huila le responden a la industria molinera, que manifestó su profunda preocupación por los efectos que traería sobre el arroz blanco el hecho de regular el precio del paddy verde. Mientras la industria rechaza que sus argumentos fueron ignorados, los campesinos opitas ven con preocupación que no haya un acuerdo para salir
Los arroceros del Huila le responden a la industria molinera, que manifestó su profunda preocupación por los efectos que traería sobre el arroz blanco el hecho de regular el precio del paddy verde. Mientras la industria rechaza que sus argumentos fueron ignorados, los campesinos opitas ven con preocupación que no haya un acuerdo para salir de esta crisis.
@cate_manchola
La crisis para los productores de arroz en Huila y Colombia no está superada, además, se agrava el conflicto con la industria molinera; la cual compra el paddy verde a los campesinos para transformarlo en el arroz blanco que adquiere el consumidor final.
Los campesinos protestaron el mes pasado en los departamentos productores del cereal, por considerar que el precio pagado por su cosecha es muy bajo y no compensa los costos de producción, mientras que la industria se ha mantenido firme en que se trata de un problema de sobreoferta.
“En este contexto de sobreoferta, y ante la presión de los líderes del paro arrocero, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural emitió la resolución en la que se somete al arroz paddy verde al régimen de libertad regulada. El cual, según datos de Fedearroz, arroja unos precios mínimos de compra hasta un 17% más altos que el precio de mercado, dependiendo del municipio, al tiempo que ignora las prácticas mercantiles y dinámicas territoriales del sector”, rechazó la Cámara Induarroz de la Andi, que agrupa parte de la industria arrocera de Colombia.
Para el gremio regular no es la salida, además detalló cómo ha alertado mediante los “aportes técnicos por todos los mecanismos institucionales, los cuales fueron en su mayoría ignorados”, las siguientes consecuencias:
- El posible aumento de los precios del arroz blanco al consumidor, afectando especialmente a los hogares de menores ingresos.
- El efecto “incentivo” para incrementar las siembras, profundizando la sobreoferta al imponer condiciones de comercialización más favorables que las que estaban vigentes cuando los agricultores tomaron sus últimas decisiones de siembra.
- La pérdida de competitividad frente a las importaciones, en un contexto internacional de excedentes del grano.
- El incremento de la informalidad en la cadena.
- La generación de desequilibrios estructurales que amenazan la sostenibilidad del sector arrocero.
Para la industria esta medida “va en contravía de lo que el sector necesita”. Y propuso cómo, en un contexto de sobreoferta, “lo que se requiere son políticas que faciliten la absorción de la cosecha en lugar de desincentivarla, por lo que algunas empresas se están adaptando y explorando nuevas estrategias, para en la medida de lo posible, seguir recibiendo el arroz de los productores, en medio de un entorno marcado por la sobreproducción y la incertidumbre sobre el tamaño final de la cosecha”.
La industria arrocera genera más de 8.000 empleos formales en zonas rurales y recibe la totalidad de la cosecha nacional (3,5 millones de toneladas de paddy verde al año).
Los campesinos responden
Concuerdan la industria molinera y los campesinos en que existe una sobreoferta, pero mientras los empresarios enfatizan en que la raíz del problema es la siembra desmedida, especialmente en Casanare, los agricultores señalan el gran impacto que también están teniendo las importaciones de Ecuador, así como el contrabando.
Otro dato relevante es cómo la industria tiene mucho qué ver con la crisis que golpea al sector, pues, esta también incentiva a la siembra desmedida, anotó el arrocero huilense, Raymundo Vargas Castro: “Ellos son los directamente responsables”, aseguró, “porque a través de las ferias, subastas de arroz, financiamiento de agroinsumos y líneas de crédito sin criterios técnicos, las empresas molineras han incentivado la expansión, generando sobreoferta recurrente en el segundo semestre, distorsionando los precios del arroz paddy verde, afectando la estabilidad del mercado”.
Para el gremio arrocero representado por Fedearroz, “es inadmisible que se pretenda controlar los indicadores macroeconómicos a costa del campesino que arriesga su patrimonio y su sustento diario, en un entorno de incertidumbre, costos elevados y sin garantías plenas”.
Esta lógica “perversa pone en riesgo la sostenibilidad de la actividad agrícola y compromete la soberanía alimentaria del país”, aseveró el gremio. “Un país que no protege a quien produce sus alimentos, pone en juego su seguridad y estabilidad a largo plazo”.
En esa misma línea, el integrante de la Comisión Mixa Nacional Campesina, Ricardo López, señaló cuáles son las posibles consecuencias tras el comunicado de la industria molinera. “Definitivamente el oligopolio en el arroz afectará enormemente los intereses de los pequeños y medianos productores”, vaticinó.
Tras el paro y las mesas de diálogo, “de nada sirven los esfuerzos del gobierno nacional y de los productores en mesas de trabajo donde también participó la agroindustria, si estos van a desconocer los acuerdos a los que se llegaron”, sostuvo el líder campesino.
López lo aprecia como una “nueva manera de pretender esclavizar al productor, quedarse con sus ya raquíticas ganancias y, en este sentido, hacemos un llamado muy fuerte y vehemente para que la Superintendencia de Industria y Comercio, meta en cintura a la agroindustria”.
Incluso, exhortó a sentar un precedente para evitar que lo sucedido con los productores del cereal, se repita en otros sectores.
Los campesinos insisten en lo urgente de lograr una concertación. Mayor control a las importaciones de arroz. Salvaguardia para evitar el ingreso del cereal. Ayer continuaba el diálogo en el Consejo Nacional del Arroz, donde tiene asiento el gobierno, los campesinos y la industria.
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