El vicepresidente italiano Matteo Salvini, absuelto por el caso Open Arms porque «no hay delito»

<p>A última hora de la tarde, la sonrisa de satisfacción de <strong>Matteo Salvini</strong> lo ha dicho todo. Después de tres años de proceso judicial, el vicepresidente del Gobierno italiano ha sido <strong>absuelto </strong>en el juicio por<strong> secuestro de personas y abuso de poder</strong> por el caso Open Arms para el que <strong>los fiscales habían pedido seis años de cárcel </strong>para el líder de la Liga. Tras horas reunidos, los jueces italianos Roberto Murgia, Andrea Innocenti y Elisabetta Villa han confirmado la absolución de Salvini porque <strong>»no hay delito»</strong>. </p>

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 Los hechos se remontan a 2019, cuando el entonces vicepresidente y ministro de Interior italiano impidió durante varios días el desembarco en Lampedusa de 147 migrantes rescatados por la ONG española.  

A última hora de la tarde, la sonrisa de satisfacción de Matteo Salvini lo ha dicho todo. Después de tres años de proceso judicial, el vicepresidente del Gobierno italiano ha sido absuelto en el juicio por secuestro de personas y abuso de poder por el caso Open Arms para el que los fiscales habían pedido seis años de cárcel para el líder de la Liga. Tras horas reunidos, los jueces italianos Roberto Murgia, Andrea Innocenti y Elisabetta Villa han confirmado la absolución de Salvini porque «no hay delito».

Ante los medios, Salvini ha declarado que «ha ganado el sentido común», «ha ganado Italia» y «el concepto de que defender las fronteras, la patria y luchar contra los traficantes de seres humanos«, «no es un delito, sino un derecho«. Acompañado por su abogada, Giulia Bongiorno, ha afirmado que va «hacia adelante con más determinación todavía». La sentencia, según el actual ministro de Fomento de Giorgia Meloni, «no absuelve sólo a Matteo Salvini, sino a una idea de país: entrar en Italia prevé unas reglas, unos límites, unos controles». Y ha añadido: «Quien quiera usar a los migrantes para hacer política hoy ha perdido».

Los hechos se remontan al 20 de agosto de 2019, cuando Salvini, en aquel momento vicepresidente y ministro de Interior del primer Gobierno de Giuseppe Conte (2018-2019), impidió durante varios días el desembarco de 147 migrantes, rescatados en tres diferentes operaciones, del buque humanitario Open Arms, de la ONG española del mismo nombre, a menos de un kilómetro de la costa de Lampedusa, sin la posibilidad de atracar en el puerto de la isla siciliana.

Salvini había declarado por la mañana frente al Tribunal de Palermo, antes de conocer la sentencia, que está «orgulloso de haber defendido a mi país» y que «volvería a hacer todo lo que he hecho», sintiéndose «feliz de las demostraciones de afecto de los italianos». Además, explicó que «había prometido detener la inmigración de masas», que logró que «disminuyeran los fallecidos en el mar» y que, durante su mandato, se había «protegido a los italianos». También que no esperaba medallas y que, independientemente del veredicto, está «orgulloso de haber mantenido las promesas hacia los italianos».

La justicia italiana, después de que estuvieran más de dos semanas a la deriva, ordenó la llegada a puerto del barco humanitario; y el desembarco de los migrantes restantes que todavía no habían tocado tierra por no sufrir problemas de salud a bordo.

Hace tres años, la negativa de Salvini se negara a que Lampedusa fuera ‘puerto seguro’ del barco humanitario provocó su imputación por secuestro y abuso de poder. La Fiscalía de Palermo pidió hace unos meses seis años de cárcel para el viceprimer ministro.

Los fiscales insistieron en varias ocasiones en que «Matteo Salvini tenía la obligación de entregar el Open Arms al puerto de Lampedusa» y que «dejándoles a bordo actuó intencionalmente y conscientemente contra las reglas«. Todo ello, con el objetivo de «favorecer la imagen de político intransigente en la gestión del fenómeno migratorio».

Para la Fiscalía de Palermo «los derechos humanos tienen prioridad frente a la defensa de las fronteras nacionales». Uno de los puntos clave tiene que ver con la «ilegitimidad» de privar a las personas de su «libertad personal» precisamente en un contexto en el que el entonces ministro de Interior y por tanto responsable de los puertos italianos tenía la «obligación» de indicar un ‘puerto seguro’ al barco humanitario de la ONG española.

La abogada de Matteo Salvini y senadora de su partido (Liga), Giulia Bongiorno, basó su defensa en la necesidad de una visión de conjunto, con un contexto en el que el barco Open Arms pudo marcharse rumbo a España donde ya había recibido ‘puerto seguro’, pero que finalmente no aceptó. Según ella, el secuestro habría sido responsabilidad de la ONG, que tuvo «muchísimas posibilidades de desembarcar a los náufragos» en otras costas europeas.

Uno de los puntos clave de la defensa ha sido subrayar la supuesta intención, por parte de Open Arms, de desafiar y comprometer la línea de firmeza de los «puertos cerrados» en ese momento promovida por Matteo Salvini, entonces ministro de Interior. El hoy ‘número dos’ de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ya había confirmado que, en cualquier caso e independientemente de la sentencia, seguirá al frente como ministro de Fomento y vicepresidente del Gobierno italiano.

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