Argumentando que se busca defender la industria nacional, el Gobierno impuso un arancel del 35% a la importación de 14 productos del sector siderúrgico y metalmecánico, pero para el sector de la construcción, la medida “no responde a las necesidades actuales del sector”, indicó la gerente de Camacol Huila, María Paula Dussán.
@cate_manchola
No cayó bien en varios de los constructores del Huila y Colombia el arancel del 35% a la importación de 14 productos del sector siderúrgico y metalmecánico, provenientes de países con los que Colombia no tiene acuerdos comerciales vigentes; por lo que se preserva plenamente el abastecimiento desde socios estratégicos con tratados de libre comercio, garantizando la continuidad de la oferta para sectores como la construcción y la industria.
Aunque para el Gobierno del presidente Gustavo Petro, esta decisión se enmarca en un contexto internacional caracterizado por excedentes productivos y distorsiones estructurales de precios en el mercado del acero, que han dado lugar a la adopción de más de 200 medidas de defensa comercial por parte de cerca de 40 países, de acuerdo con la Organización Mundial del Comercio (OMC); según los constructores, a nivel local habrá choques negativos que impactarán el precio de la vivienda nueva.
La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, aseguró que están “actuando de manera responsable y en plena coherencia con las reglas del comercio internacional. Esta no es una medida restrictiva, es una medida correctiva: busca restablecer condiciones de competencia justa frente a prácticas asociadas a sobreproducción y a la colocación de bienes a precios artificialmente bajos que afectan nuestra industria”.
Para el Gobierno, Colombia no solo tiene capacidad para abastecer su demanda interna, sino también una capacidad exportadora relevante. El país cuenta con una capacidad instalada para producir cerca de 2,6 millones de toneladas de acero al año, frente a una producción aproximada de 1,6 millones de toneladas, “lo que evidencia un margen importante para fortalecer la industria nacional”.
Hay malestar
En el sector de la construcción tienen otra visión. “Es una medida que nos preocupa profundamente desde las regiones, porque encarece directamente la producción de vivienda en un momento crítico para el sector”, afirmó la gerente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) en Huila, María Paula Dussán. “Los insumos, como el hierro y el acero, representan cerca del 16,3% de los costos directos de construcción, y con incrementos arancelarios de hasta el 35%, se estima un aumento cercano al 3,9% en los costos y alrededor del 2,2% en el precio final de la vivienda. A esto se suma el impacto de los aranceles sobre productos cerámicos. Estas no son cifras menores: tienen un efecto real sobre la viabilidad de los proyectos y el acceso de los hogares”.
Detalló que en departamentos como el Huila, donde el mercado es más sensible a variaciones de precio, “estos incrementos pueden traducirse en una desaceleración aún mayor de la actividad edificadora, afectando la inversión y el empleo local”.
Además, “esta decisión resulta incoherente en términos de política pública. Mientras se busca proteger cerca de 50 mil empleos en la industria siderúrgica, se impacta un sector que genera más de 1 millón de empleos en el país y que ya ha perdido más de 136 mil puestos de trabajo en los últimos meses”.
En suma, “desde lo regional, no vemos cómo una medida que encarece la vivienda puede ser consistente con los objetivos de facilitar el acceso, controlar la inflación en este rubro y reactivar el sector. Por eso, más que una preocupación, expresamos un desacuerdo claro frente a una decisión que no responde a las necesidades actuales del sector ni a la realidad de los territorios”.
El gremio a nivel nacional recordó que el sector de la vivienda completa 33 meses consecutivos de caída en las iniciaciones de vivienda y “hemos llegado a niveles de actividad comparables a los de 2012, lo que afecta la inversión y el empleo”. Según sus cálculos, el sector ha perdido más de 136 mil empleos y enfrenta incrementos acumulados en sus costos de construcción entre el 16% y el 20%, derivados de factores como el aumento del salario mínimo y decisiones arancelarias previas.
Y finalmente, “aunque la medida se presenta como focalizada, sus efectos se transmiten a toda la cadena productiva de la construcción, impactando directamente a los hogares y a sectores clave de la economía”, aseveró.
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Argumentando que se busca defender la industria nacional, el Gobierno impuso un arancel del 35% a la importación de 14 productos del sector siderúrgico y metalmecánico, pero para el sector de la construcción, la medida “no responde a las necesidades actuales del sector”, indicó la gerente de Camacol Huila, María Paula Dussán. @cate_manchola No
Argumentando que se busca defender la industria nacional, el Gobierno impuso un arancel del 35% a la importación de 14 productos del sector siderúrgico y metalmecánico, pero para el sector de la construcción, la medida “no responde a las necesidades actuales del sector”, indicó la gerente de Camacol Huila, María Paula Dussán.
@cate_manchola
No cayó bien en varios de los constructores del Huila y Colombia el arancel del 35% a la importación de 14 productos del sector siderúrgico y metalmecánico, provenientes de países con los que Colombia no tiene acuerdos comerciales vigentes; por lo que se preserva plenamente el abastecimiento desde socios estratégicos con tratados de libre comercio, garantizando la continuidad de la oferta para sectores como la construcción y la industria.
Aunque para el Gobierno del presidente Gustavo Petro, esta decisión se enmarca en un contexto internacional caracterizado por excedentes productivos y distorsiones estructurales de precios en el mercado del acero, que han dado lugar a la adopción de más de 200 medidas de defensa comercial por parte de cerca de 40 países, de acuerdo con la Organización Mundial del Comercio (OMC); según los constructores, a nivel local habrá choques negativos que impactarán el precio de la vivienda nueva.
La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, aseguró que están “actuando de manera responsable y en plena coherencia con las reglas del comercio internacional. Esta no es una medida restrictiva, es una medida correctiva: busca restablecer condiciones de competencia justa frente a prácticas asociadas a sobreproducción y a la colocación de bienes a precios artificialmente bajos que afectan nuestra industria”.
Para el Gobierno, Colombia no solo tiene capacidad para abastecer su demanda interna, sino también una capacidad exportadora relevante. El país cuenta con una capacidad instalada para producir cerca de 2,6 millones de toneladas de acero al año, frente a una producción aproximada de 1,6 millones de toneladas, “lo que evidencia un margen importante para fortalecer la industria nacional”.
Hay malestar
En el sector de la construcción tienen otra visión. “Es una medida que nos preocupa profundamente desde las regiones, porque encarece directamente la producción de vivienda en un momento crítico para el sector”, afirmó la gerente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) en Huila, María Paula Dussán. “Los insumos, como el hierro y el acero, representan cerca del 16,3% de los costos directos de construcción, y con incrementos arancelarios de hasta el 35%, se estima un aumento cercano al 3,9% en los costos y alrededor del 2,2% en el precio final de la vivienda. A esto se suma el impacto de los aranceles sobre productos cerámicos. Estas no son cifras menores: tienen un efecto real sobre la viabilidad de los proyectos y el acceso de los hogares”.
Detalló que en departamentos como el Huila, donde el mercado es más sensible a variaciones de precio, “estos incrementos pueden traducirse en una desaceleración aún mayor de la actividad edificadora, afectando la inversión y el empleo local”.
Además, “esta decisión resulta incoherente en términos de política pública. Mientras se busca proteger cerca de 50 mil empleos en la industria siderúrgica, se impacta un sector que genera más de 1 millón de empleos en el país y que ya ha perdido más de 136 mil puestos de trabajo en los últimos meses”.
En suma, “desde lo regional, no vemos cómo una medida que encarece la vivienda puede ser consistente con los objetivos de facilitar el acceso, controlar la inflación en este rubro y reactivar el sector. Por eso, más que una preocupación, expresamos un desacuerdo claro frente a una decisión que no responde a las necesidades actuales del sector ni a la realidad de los territorios”.
El gremio a nivel nacional recordó que el sector de la vivienda completa 33 meses consecutivos de caída en las iniciaciones de vivienda y “hemos llegado a niveles de actividad comparables a los de 2012, lo que afecta la inversión y el empleo”. Según sus cálculos, el sector ha perdido más de 136 mil empleos y enfrenta incrementos acumulados en sus costos de construcción entre el 16% y el 20%, derivados de factores como el aumento del salario mínimo y decisiones arancelarias previas.
Y finalmente, “aunque la medida se presenta como focalizada, sus efectos se transmiten a toda la cadena productiva de la construcción, impactando directamente a los hogares y a sectores clave de la economía”, aseveró.
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ECONOMÍA – lanacion