Unos 1.370 millones de euros procedentes de aportaciones públicas y financiación bancaria llegó a gestionar el entramado de fundaciones, sociedades y fondos privados que creció alrededor del banco central húngaro durante los años de gobierno de Viktor Orban, según la Oficina Estatal de Auditoría. Una figura clave de esa red fue György Matolcsy, que dirigió el Banco Central húngaro entre 2013 y 2025.
La detención del ex director del Banco Central húngaro abre el melón sobre cómo se enriquecieron determinados círculos del ‘orbanismo’
Unos 1.370 millones de euros procedentes de aportaciones públicas y financiación bancaria llegó a gestionar el entramado de fundaciones, sociedades y fondos privados que creció alrededor del banco central húngaro durante los años de gobierno de Viktor Orban, según la Oficina Estatal de Auditoría. Una figura clave de esa red fue György Matolcsy, que dirigió el Banco Central húngaro entre 2013 y 2025.
Matolcsy fue detenido este miércoles bajo sospecha de fraude y utilización de documentación falsa. La Fiscalía sospecha que maniobró para conservar el control de parte de aquel patrimonio en beneficio propio y de su hijo. Se espera que un juez decida hoy si decreta su ingreso en prisión preventiva.
El caso abre un melón que Péter Magyar prometió abordar al llegar al poder: cómo se enriquecieron determinados círculos del orbanismo y cuánto dinero puede recuperarse para los ciudadanos.
Magyar había señalado directamente a Matolcsy mucho antes de asumir el Gobierno. «El clan Matolcsy y Orban acordaron hace tiempo el reparto del botín robado al Banco Nacional», denunció en marzo de 2025. Su acusación era política y sigue sin constituir una conclusión judicial. Pero contenía la tesis sobre la que construyó su ofensiva contra el antiguo poder: los recursos de los húngaros habrían servido para alimentar fortunas privadas protegidas desde las instituciones.
La red tiene nombres y funciones. El banco creó las fundaciones Pallas Athéné para promover la educación y la investigación económica y las dotó con el equivalente actual a unos 730 millones de euros. Acabaron reunidas en PADME, que confió la gestión del patrimonio a Optima. La auditoría describe una estructura de empresas y fondos privados que dificultaba conocer el valor real de los activos. El dinero destinado a formar economistas quedó expuesto a grandes inversiones inmobiliarias en Polonia y Suiza.
Alrededor aparecen el hijo del gobernador, Ádám Matolcsy, y empresarios de su círculo. Uno de ellos es István Száraz, vinculado a Quartz, la gestora de fondos privados que interviene en la operación investigada. Otro es Bálint Somlai, cuyas empresas recibieron importantes encargos inmobiliarios del banco. Direkt36 documentó sus relaciones personales y el crecimiento de sus negocios. Somlai participó incluso en la celebración familiar del cumpleaños del gobernador en 2023, según un álbum fotográfico obtenido por el medio. La proximidad social no prueba un delito, pero ayuda a entender quiénes se sentaban alrededor de la mesa.
Los intereses de ese entorno desbordaban el ladrillo. Ádám adquirió en 2017 la empresa editora de Origo, hasta entonces en manos de Száraz. Este había participado también en VS.hu, cuyas empresas recibieron de las fundaciones del banco más de 500 millones de forintos, unos 1,4 millones de euros al cambio actual. Sus negocios se extendieron después a contratos de comunicación. Átlátszó -el medio húngaro de periodismo de investigación independiente y de datos- ha reconstruido ese cruce de medios, encargos públicos, inversiones y relaciones familiares.
El expediente del banco central discurre en paralelo a otra investigación que alcanza directamente a la presunta financiación de Fidesz. En el caso del Fondo Nacional de Cultura, la Fiscalía investiga el supuesto uso irregular de unos 47 millones de euros en subvenciones y sospecha que fondos destinados a proyectos culturales sirvieron para favorecer a entidades afines y sufragar gastos de campaña del partido. La causa afecta al ex ministro Balázs Hankó, que niega las irregularidades, y llevó en julio a la incautación de servidores de Fidesz. En el caso Matolcsy, las sospechas conocidas apuntan al control del patrimonio y al beneficio del antiguo gobernador y su entorno. Son dos vías distintas que someten a escrutinio el uso del dinero público durante el orbanismo.
La maniobra que ha llevado a Matolcsy a los investigadores ocurrió el 28 de febrero de 2025, su penúltimo día de trabajo. Según la Fiscalía, un contrato simulado de préstamo de valores pretendía colocar el control de una gestora en personas sobre las que conservaría influencia tras abandonar el cargo. Administraba activos cercanos a 548 millones de euros. El perjuicio atribuido a la operación aún no está determinado. La policía busca también a Ádám y a György Stofa, antiguo responsable de Optima, por sospechas de fraude.
El padre sostiene que el patrimonio sigue ahí. «No, eso es un cuento falso», respondió a las informaciones sobre su desaparición, según recoge Telex de sus vídeos. Su defensa es que el dinero está invertido en oficinas y centros comerciales, que una depreciación bursátil no equivale a una desaparición y que las decisiones correspondían al patronato. Pero localizar edificios no resuelve por sí solo las preguntas sobre el precio pagado, los beneficiarios de las operaciones y quién tenía capacidad para disponer del patrimonio.
La recuperación de activos ofrece otra ventana a esa disputa. Válasz Online sostiene, basándose en documentos y fuentes de la investigación, que la nueva dirección del banco estuvo cerca de recuperar en 2025 una participación bancaria valorada en cientos de millones mediante un intercambio de activos con el círculo de Ádám. El acuerdo se frustró en el último momento. Es una reconstrucción periodística pendiente de esclarecimiento judicial, pero muestra que la batalla no se limita a valorar inmuebles: también consiste en determinar quién puede devolverlos o negociar con ellos.
Magyar ha creado una Oficina Nacional de Recuperación y Protección de Activos para perseguir los abusos y facilitar la devolución del patrimonio obtenido ilegalmente. Fidesz exige una investigación «sin presión política» y la defensa ha recurrido la detención. La causa todavía no acredita una responsabilidad penal de Orban. Sí coloca bajo escrutinio a un círculo que prosperó durante su mandato y obliga al nuevo Gobierno a responder a su propia promesa: demostrar el saqueo que denuncia y recuperar el dinero.
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