El olor dulzón, terroso y ligeramente cítrico del cannabis se mezcla con el humo de los pinchos a la brasa, el picante de los puestos de comida callejera y el incesante rugido de las motocicletas de Khao San Road, el corazón de la fiesta en Bangkok. En los alrededores hay una sucesión de escaparates iluminados por hojas de marihuana en neón, tarros de cristal llenos de cogollos perfectamente ordenados y jóvenes dependientes que reciben a los clientes con el mismo entusiasmo con el que un barista ofrece un café de especialidad.
Hace cuatro años se despenalizó el cannabis para crear una nueva industria millonaria. Pero ha sido un experimento fallido. Hoy los dispensarios siguen vendiendo marihuana mientras el Gobierno endurece la ley, el mercado negro gana terreno y miles de empresarios sobreviven en un limbo legal
El olor dulzón, terroso y ligeramente cítrico del cannabis se mezcla con el humo de los pinchos a la brasa, el picante de los puestos de comida callejera y el incesante rugido de las motocicletas de Khao San Road, el corazón de la fiesta en Bangkok. En los alrededores hay una sucesión de escaparates iluminados por hojas de marihuana en neón, tarros de cristal llenos de cogollos perfectamente ordenados y jóvenes dependientes que reciben a los clientes con el mismo entusiasmo con el que un barista ofrece un café de especialidad.
En el interior de uno de estos locales, la estética recuerda más a una boutique que a un antiguo fumadero. Madera clara, luces cálidas, música reggae sonando de fondo y una larga carta de variedades con nombres importados de Estados Unidos: White Widow, Gelato, Gorilla Glue, Blue Dream. El gramo ronda los 300 baht, que al cambio son ocho euros. También se pueden comprar porros ya liados, gominolas, aceites y vaporizadores. «¿Qué buscas? ¿Algo suave o algo que te deje flotando?», pregunta el vendedor.
En el local hay un grupo de mochileros australianos que hojea el catálogo como quien elige una botella de vino. Sobre el mostrador hay un pequeño cartel que recuerda que el cannabis es únicamente para uso medicinal y que el comprador debe disponer de un certificado médico. Nadie parece prestarle demasiada atención.
«La ley ha cambiado, ahora es más restrictiva. Pero la verdad es que el negocio parece que sigue igual», suelta el dependiente. La frase resume el desconcierto que envuelve al cannabis en Tailandia. Sobre el papel, el país ha dado marcha atrás en su política regulatoria. En la práctica, todo se mantiene en un limbo legal.
Cuando el Gobierno tailandés retiró el cannabis de la lista de estupefacientes en junio de 2022, el anuncio fue recibido como una gran revolución. Era la primera vez que un país asiático rompía con décadas de prohibicionismo y prometía construir una industria completamente nueva alrededor de una planta que hasta entonces simbolizaba la guerra contra las drogas. Los ministros hablaban de medicina, de investigación científica y de oportunidades para miles de agricultores y empresarios.
Lo que ocurrió después superó cualquier previsión. Miles de dispensarios aparecieron por todo el país. Bangkok y otras ciudades turísticas como Pattaya o Phuket se llenaron de hojas verdes luminosas. El país pasó de ser uno de los más duros de la región contra la marihuana a convertirse, para muchos viajeros, en el Ámsterdam del continente.
El problema fue que la regulación nunca terminó de llegar. «La despenalización avanzó mucho más rápido que el desarrollo de un marco legal específico, lo que generó una enorme incertidumbre para empresas, autoridades y consumidores», explica el abogado tailandés Atthachai Homhuan, especialista en regulación del cannabis. Según el jurista, la ausencia de una ley integral dificultó delimitar en la práctica el uso estrictamente medicinal frente al recreativo y creó un escenario de inseguridad jurídica que marcó los primeros años del mercado.
Ahora ese experimento empieza a desmoronarse. El Gobierno está endureciendo las normas. Los dispensarios necesitan licencia, las ventas quedan limitadas al uso medicinal y los compradores, en teoría, deben acreditar una necesidad clínica. Algunos establecimientos van cerrando tras no renovar sus permisos y las autoridades amenazan con volver a criminalizar completamente la planta si no se consigue controlar el contrabando y el mercado negro.
A finales de diciembre, el reino budista contaba con 18.433 dispensarios de cannabis en todo el país, según datos del Ministerio de Salud Pública. Tras el último cambio normativo, no se renovó la licencia a casi 9.000 establecimientos, aunque muchos continúan operando clandestinamente. A ellos hay que sumar los muchos puestos improvisados que se montan en las calles.
Un paseo por Bangkok demuestra que las leyes avanzan mucho más despacio que la realidad. En otro dispensario, un empleado niega que el negocio esté desapareciendo. «Los turistas siguen entrando todos los días. Ahora recordamos que sólo vendemos para uso medicinal, pero no pedimos certificados ni hacemos preguntas», asegura.
Pero la realidad es que muchos comerciantes desconocen si podrán seguir abiertos dentro de unos meses. Hay un proyecto de ley que debe regular definitivamente el cannabis, pero continúa bloqueado en el Parlamento y nadie sabe con certeza quién podrá cultivar, quién podrá vender o bajo qué condiciones.
Mientras tanto, los agricultores viven otra crisis. La producción se disparó mucho más rápido que la demanda. Los precios se hundieron hasta niveles impensables y muchos pequeños cultivadores, que soñaban con hacerse ricos gracias al nuevo cultivo estrella de Tailandia, apenas consiguen cubrir gastos. Algunos operadores del sector denuncian que ese desplome ha favorecido la aparición de redes criminales que compran grandes cantidades de cannabis barato para enviarlo ilegalmente a Europa y otros mercados donde su valor se multiplica.
Las recientes incautaciones de cannabis procedente de Tailandia en Alemania, Reino Unido o Hong Kong han aumentado la presión política sobre un Gobierno que hace apenas cuatro años presentaba esta misma industria como uno de los motores económicos del futuro.
«Por muy estrictas que sean nuestras medidas, si la gente sigue pudiendo sacar drogas de contrabando, tenemos que replantearnos nuestro enfoque», declaró hace unos días el primer ministro Anutin Charnvirakul. «Tenemos que averiguar qué debemos hacer para evitar que otros países culpen a Tailandia de ser el eslabón débil de este problema». El dirigente añadió que estaba dispuesto a «cerrar toda la industria» si los expertos determinaban que estaba causando más daño que beneficio.
«Nosotros no pedimos volver a la barra libre, sino reglas claras. Sin esa seguridad jurídica, los únicos que salen ganando son quienes operan al margen del sistema», lamenta Jerry, el propietario de un dispensario del centro de Bangkok.
Al caer la noche, Bangkok enciende sus luces. Los tuk-tuks zigzaguean entre el tráfico, los puestos de comida llenan las aceras y los dispensarios continúan abiertos, con sus vitrinas fluorescentes. Pero detrás de esos escaparates se libra una batalla sobre el modelo de país que quiere ser Tailandia. En apenas cuatro años pasó de encarcelar a consumidores a convertirse en el paraíso asiático del cannabis y, después, a intentar reconstruir un sistema de control que nunca terminó de diseñar.
El resultado es un limbo legal donde la ley dice una cosa, la calle practica otra y miles de empresarios, agricultores y trabajadores esperan que alguien decida hacia dónde debe caminar una industria que nació prometiendo riqueza y modernidad y que hoy sobrevive envuelta en incertidumbre.
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