El gobierno del presidente Petro hizo realidad lo anunciado días atrás sobre decretar una emergencia económica para atender las afectaciones en varias regiones del país. Hay posturas encontradas entre los gremios económicos; las razones.
@cate_manchola
Un nuevo estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica fue declarado en Colombia por parte del presidente Gustavo Petro y sus ministros, esta vez aplica solamente para los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, por el término de 30 días calendario, contados a partir del pasado 11 de febrero. Son $8 billones lo que se pretende recaudar con esta medida que dará luz a otros decretos.
Por ejemplo, el relacionado con un impuesto al patrimonio que con un criterio progresivo, recaería en 15.000 grandes empresas. Se aplicaría a personas jurídicas con patrimonios de $10 mil millones (200 mil UVT) y $30 mil millones (600 mil UVT) con porcentajes tributarios de 0.6% y 1.2%.
El gobierno no se ha referido a otras medidas adicionales, pero no se descarta que eso suceda.
Se trata de la cuarta emergencia económica decretada por el Gobierno Nacional; las anteriores fueron para La Guajira, el Catatumbo y la penúltima del orden nacional, de las cuales ninguna ha logrado superar en su totalidad el filtro de la Corte Constitucional, la penúltima busca recaudar cerca de $12 billones y se encuentra suspendida.
El sector ganadero sí apoya la nueva declaratoria de emergencia, “porque se trata de tener una mirada mucho más focalizada en cerca de 300 mil hectáreas que quedaron en una situación prácticamente improductiva”, dijo José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, (Fedegán).
Contrario al gremio de los industriales, que mediante su presidente Bruce Mac Master arremetió: “nos hablan de recursos por la emergencia invernal, y es imposible no preguntarse, ¿dónde están los recursos de la Unidad de Riesgo y Atención de Desastres?, es imposible no tener presente la corrupción sistemática que ha sido denunciada allí”. Agregó el vocero de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), que también es “imposible decir que, el más alto gobierno nacional, no tuvo nada que ver con esa corrupción; que todo es culpa de infiltrados, de personas sobre las cuales no había cadena de mando, o que los mandatarios no tienen responsabilidad sobre lo que hacen sus altos funcionarios. Tantos de ellos con líos legales”.
De igual manera, hubo un rechazo por parte de María Claudia Lacouture, presidenta del gremio Aliadas y la Cámara de Comercio Colombo Americana. “Hay una variable importante de responsabilidad por parte del Gobierno nacional: recursos hay, lo que no hay es un buen gasto de esos recursos y se requiere austeridad del gasto”. Para la dirigente gremial, “se requiere direccionamiento asertivo de ese gasto, que genere inversión, que esa inversión mueva el motor de generación productiva que pueda permitir ingresos sostenibles a largo plazo”. Y lanzó un dato importante: “el sector empresarial aporta el 60.5% de los ingresos del Gobierno nacional. No es que no se esté aportando, es que se está malgastando y en ese sentido hay que hacer un llamado para lograr austeridad y responsabilidad”.
Por su parte, el Gobierno Nacional se ha referido a las emergencias suscitadas por el clima, recalcando que “en este momento de estrechez fiscal, el Estado colombiano no tiene la capacidad de responder a un desafío como este”.
La decisión ahora estará en manos de la Corte Constitucional, que todavía no toma una decisión de fondo sobre la penúltima emergencia decretada.
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El gobierno del presidente Petro hizo realidad lo anunciado días atrás sobre decretar una emergencia económica para atender las afectaciones en varias regiones del país. Hay posturas encontradas entre los gremios económicos; las razones. @cate_manchola Un nuevo estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica fue declarado en Colombia por parte del presidente Gustavo Petro y
El gobierno del presidente Petro hizo realidad lo anunciado días atrás sobre decretar una emergencia económica para atender las afectaciones en varias regiones del país. Hay posturas encontradas entre los gremios económicos; las razones.
@cate_manchola
Un nuevo estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica fue declarado en Colombia por parte del presidente Gustavo Petro y sus ministros, esta vez aplica solamente para los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, por el término de 30 días calendario, contados a partir del pasado 11 de febrero. Son $8 billones lo que se pretende recaudar con esta medida que dará luz a otros decretos.
Por ejemplo, el relacionado con un impuesto al patrimonio que con un criterio progresivo, recaería en 15.000 grandes empresas. Se aplicaría a personas jurídicas con patrimonios de $10 mil millones (200 mil UVT) y $30 mil millones (600 mil UVT) con porcentajes tributarios de 0.6% y 1.2%.
El gobierno no se ha referido a otras medidas adicionales, pero no se descarta que eso suceda.
Se trata de la cuarta emergencia económica decretada por el Gobierno Nacional; las anteriores fueron para La Guajira, el Catatumbo y la penúltima del orden nacional, de las cuales ninguna ha logrado superar en su totalidad el filtro de la Corte Constitucional, la penúltima busca recaudar cerca de $12 billones y se encuentra suspendida.
El sector ganadero sí apoya la nueva declaratoria de emergencia, “porque se trata de tener una mirada mucho más focalizada en cerca de 300 mil hectáreas que quedaron en una situación prácticamente improductiva”, dijo José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, (Fedegán).
Contrario al gremio de los industriales, que mediante su presidente Bruce Mac Master arremetió: “nos hablan de recursos por la emergencia invernal, y es imposible no preguntarse, ¿dónde están los recursos de la Unidad de Riesgo y Atención de Desastres?, es imposible no tener presente la corrupción sistemática que ha sido denunciada allí”. Agregó el vocero de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), que también es “imposible decir que, el más alto gobierno nacional, no tuvo nada que ver con esa corrupción; que todo es culpa de infiltrados, de personas sobre las cuales no había cadena de mando, o que los mandatarios no tienen responsabilidad sobre lo que hacen sus altos funcionarios. Tantos de ellos con líos legales”.
De igual manera, hubo un rechazo por parte de María Claudia Lacouture, presidenta del gremio Aliadas y la Cámara de Comercio Colombo Americana. “Hay una variable importante de responsabilidad por parte del Gobierno nacional: recursos hay, lo que no hay es un buen gasto de esos recursos y se requiere austeridad del gasto”. Para la dirigente gremial, “se requiere direccionamiento asertivo de ese gasto, que genere inversión, que esa inversión mueva el motor de generación productiva que pueda permitir ingresos sostenibles a largo plazo”. Y lanzó un dato importante: “el sector empresarial aporta el 60.5% de los ingresos del Gobierno nacional. No es que no se esté aportando, es que se está malgastando y en ese sentido hay que hacer un llamado para lograr austeridad y responsabilidad”.
Por su parte, el Gobierno Nacional se ha referido a las emergencias suscitadas por el clima, recalcando que “en este momento de estrechez fiscal, el Estado colombiano no tiene la capacidad de responder a un desafío como este”.
La decisión ahora estará en manos de la Corte Constitucional, que todavía no toma una decisión de fondo sobre la penúltima emergencia decretada.
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