La prima de casi 17 millones de pesos mensuales para los congresistas no va más y eso ha causado una creciente ola de reacciones; unos lo aplauden y otros lo tildan de castigo político.
@cate_manchola
Uno de los más anunciados ‘golpes’ al bolsillo de los futuros congresistas será una realidad. Ayer, el Gobierno del presidente Gustavo Petro oficializó el decreto mediante el cual se deroga el Decreto 2170 de 2013, que estableció la prima especial de servicios para senadores y representantes a la Cámara equivalente a $16’914.540 mensuales.
Es importante resaltar que esta prima especial es diferente a la prima de servicios que reciben todos los trabajadores formales en Colombia, que se mantiene vigente y corresponde a un salario mensual cada año.
De acuerdo con la Presidencia de la República, la derogatoria de la prima no es retroactiva, es decir, ese beneficio se mantiene para los actuales legisladores, pero entrará a regir a partir del próximo 20 de julio cuando asuman los nuevos senadores y representantes.
Hablan los congresistas
Varios congresistas han reaccionado a esta medida. Según el senador oriundo del Huila, Carlos Julio González Villa (Cambio Radical), desde la Comisión Tercera del Senado ha venido “insistiéndole al Gobierno Nacional sobre la necesidad de aplicar medidas de austeridad en el gasto”. Y “es necesario revisar, sin excepciones, los gastos innecesarios del Estado, incluida una nómina diplomática sobredimensionada y costosa, entre otros rubros. Es hora de que todos nos apretemos el cinturón y seamos solidarios con el momento económico que vive el país. Por ello, toda medida que contribuya a reducir el gasto público debe ser bien recibida”.
Recordó la senadora Isabel Zuleta (Pacto Histórico), que se trata de una prima aprobada durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, la cual “profundizó la desigualdad entre quienes legislan y el pueblo trabajador”. Por eso celebra la medida del Gobierno, pues empieza “a cerrar las brechas salariales reduciendo privilegios como la prima que inflaba el salario de los congresistas.
De su lado, el ministro del Interior, Armando Benedetti también contextualizó cómo la medida había sido tumbada, pero revivida durante el periodo del expresidente. “Se había caído y lo volvieron a hacer durante el gobierno de Santos (2013), porque esa es una prima que tiene que ver, en épocas anteriores, con el tema de transporte y vivienda, porque en esa época pasaban muy poco tiempo aquí y tenían que trasladarse”.
La senadora Angélica Lozano Correa (Alianza Verde) también recordó que esto se da después de 18 proyectos, “muchos años de lucha y 11,6 millones de votos en la Consulta Anticorrupción”. Además, “esto no es un favor, es una medida mínima de equidad con los ciudadanos que son nuestros jefes”.
En contraste, el presidente del Senado, Lidio García Turbay (Liberal), trajo a colación la época del presidente Petro como congresista y tildó la determinación como un castigo. “Gustavo Petro recibió durante casi 20 años la prima de servicios como congresista y jamás expresó inconformidad. La cobró en silencio mientras hacía parte del mismo Congreso que hoy cuestiona. Por eso este decreto no es una cruzada de austeridad, sino un mensaje de lo que equivocadamente considera un castigo político contra un Congreso que decidió ser independiente y no someterse al Ejecutivo”.
El jefe de Estado también reaccionó, haciendo una crítica a los congresistas. Desde su visión, “se la pasan aprobando reformas tributarias contra los pobres y hunden las que le ponen impuestos a los ricos”. Y aseguró: “Por eso creo que es muy justo reducir el salario a los congresistas”.
El argumento
Entre la motivación que estableció el Ministerio de Hacienda y el Departamento Administrativo de la Función Pública figura que la evolución del marco constitucional, fiscal y administrativo del Estado, se “hace necesario revisar y ajustar los componentes del régimen remuneratorio, con el fin de asegurar su coherencia con los principios de sostenibilidad fiscal, racionalidad del gasto público, transparencia y equidad”.
Advierte que “la remuneración percibida por los congresistas resulta desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población y con la realidad económica del país”, lo cual “hace imposible el cierre de brechas” propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026.
Y señala: “Se hace necesario reorientar una senda de gastos y unas medidas de austeridad inmediatas y necesarias, en tanto no afecten los derechos fundamentales de los ciudadanos, en este caso en particular de los congresistas”.
Frente a su legalidad, hace precisión sobre la firma del Departamento Administrativo de la Función Pública, “órgano competente para conceptuar en materia salarial y prestacional. Ningún otro órgano puede arrogarse esta competencia”.
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La prima de casi 17 millones de pesos mensuales para los congresistas no va más y eso ha causado una creciente ola de reacciones; unos lo aplauden y otros lo tildan de castigo político. @cate_manchola Uno de los más anunciados ‘golpes’ al bolsillo de los futuros congresistas será una realidad. Ayer, el Gobierno del presidente
La prima de casi 17 millones de pesos mensuales para los congresistas no va más y eso ha causado una creciente ola de reacciones; unos lo aplauden y otros lo tildan de castigo político.
@cate_manchola
Uno de los más anunciados ‘golpes’ al bolsillo de los futuros congresistas será una realidad. Ayer, el Gobierno del presidente Gustavo Petro oficializó el decreto mediante el cual se deroga el Decreto 2170 de 2013, que estableció la prima especial de servicios para senadores y representantes a la Cámara equivalente a $16’914.540 mensuales.
Es importante resaltar que esta prima especial es diferente a la prima de servicios que reciben todos los trabajadores formales en Colombia, que se mantiene vigente y corresponde a un salario mensual cada año.
De acuerdo con la Presidencia de la República, la derogatoria de la prima no es retroactiva, es decir, ese beneficio se mantiene para los actuales legisladores, pero entrará a regir a partir del próximo 20 de julio cuando asuman los nuevos senadores y representantes.
Hablan los congresistas
Varios congresistas han reaccionado a esta medida. Según el senador oriundo del Huila, Carlos Julio González Villa (Cambio Radical), desde la Comisión Tercera del Senado ha venido “insistiéndole al Gobierno Nacional sobre la necesidad de aplicar medidas de austeridad en el gasto”. Y “es necesario revisar, sin excepciones, los gastos innecesarios del Estado, incluida una nómina diplomática sobredimensionada y costosa, entre otros rubros. Es hora de que todos nos apretemos el cinturón y seamos solidarios con el momento económico que vive el país. Por ello, toda medida que contribuya a reducir el gasto público debe ser bien recibida”.
Recordó la senadora Isabel Zuleta (Pacto Histórico), que se trata de una prima aprobada durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, la cual “profundizó la desigualdad entre quienes legislan y el pueblo trabajador”. Por eso celebra la medida del Gobierno, pues empieza “a cerrar las brechas salariales reduciendo privilegios como la prima que inflaba el salario de los congresistas.
De su lado, el ministro del Interior, Armando Benedetti también contextualizó cómo la medida había sido tumbada, pero revivida durante el periodo del expresidente. “Se había caído y lo volvieron a hacer durante el gobierno de Santos (2013), porque esa es una prima que tiene que ver, en épocas anteriores, con el tema de transporte y vivienda, porque en esa época pasaban muy poco tiempo aquí y tenían que trasladarse”.
La senadora Angélica Lozano Correa (Alianza Verde) también recordó que esto se da después de 18 proyectos, “muchos años de lucha y 11,6 millones de votos en la Consulta Anticorrupción”. Además, “esto no es un favor, es una medida mínima de equidad con los ciudadanos que son nuestros jefes”.
En contraste, el presidente del Senado, Lidio García Turbay (Liberal), trajo a colación la época del presidente Petro como congresista y tildó la determinación como un castigo. “Gustavo Petro recibió durante casi 20 años la prima de servicios como congresista y jamás expresó inconformidad. La cobró en silencio mientras hacía parte del mismo Congreso que hoy cuestiona. Por eso este decreto no es una cruzada de austeridad, sino un mensaje de lo que equivocadamente considera un castigo político contra un Congreso que decidió ser independiente y no someterse al Ejecutivo”.
El jefe de Estado también reaccionó, haciendo una crítica a los congresistas. Desde su visión, “se la pasan aprobando reformas tributarias contra los pobres y hunden las que le ponen impuestos a los ricos”. Y aseguró: “Por eso creo que es muy justo reducir el salario a los congresistas”.
El argumento
Entre la motivación que estableció el Ministerio de Hacienda y el Departamento Administrativo de la Función Pública figura que la evolución del marco constitucional, fiscal y administrativo del Estado, se “hace necesario revisar y ajustar los componentes del régimen remuneratorio, con el fin de asegurar su coherencia con los principios de sostenibilidad fiscal, racionalidad del gasto público, transparencia y equidad”.
Advierte que “la remuneración percibida por los congresistas resulta desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población y con la realidad económica del país”, lo cual “hace imposible el cierre de brechas” propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026.
Y señala: “Se hace necesario reorientar una senda de gastos y unas medidas de austeridad inmediatas y necesarias, en tanto no afecten los derechos fundamentales de los ciudadanos, en este caso en particular de los congresistas”.
Frente a su legalidad, hace precisión sobre la firma del Departamento Administrativo de la Función Pública, “órgano competente para conceptuar en materia salarial y prestacional. Ningún otro órgano puede arrogarse esta competencia”.
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