<p>Desde Navidades que empezaron, las protestas en Irán apenas venían ocupando espacio en la conversación pública occidental. No porque carecieran de relevancia, sino por la saturación del panorama geopolítico con acontecimientos espectaculares, y porque los primeros brotes parecían encajar en la categoría de los disturbios recurrentes que se remontan a 2009, asociados a la progresiva descomposición de la revolución de 1979. Esa percepción cambió de forma abrupta el pasado fin de semana, cuando imágenes y testimonios sobre la violencia de la represión comenzaron a abrir portadas en medios internacionales.</p>
Muchos iraníes rechazan el estado de las cosas, pero no ven qué podría sustituirlo ni a qué coste
Desde Navidades que empezaron, las protestas en Irán apenas venían ocupando espacio en la conversación pública occidental. No porque carecieran de relevancia, sino por la saturación del panorama geopolítico con acontecimientos espectaculares, y porque los primeros brotes parecían encajar en la categoría de los disturbios recurrentes que se remontan a 2009, asociados a la progresiva descomposición de la revolución de 1979. Esa percepción cambió de forma abrupta el pasado fin de semana, cuando imágenes y testimonios sobre la violencia de la represión comenzaron a abrir portadas en medios internacionales.
A partir de entonces, la atención se centró en el número de víctimas, la dureza de la respuesta del régimen y la especulación de la ruptura inminente del país. Ese giro mediático coincidió con el bloqueo casi total de internet y comunicaciones que convirtió la escasez de información fiable en rasgo fundamental de la crisis. La proliferación de vídeos sin garantía, relatos imposibles de verificar y cifras contradictorias pasó de efecto colateral a vertebrar el escenario.
La escalada represiva, aunque difícil de cuantificar con precisión, alimentó comparaciones históricas y conjeturas políticas. En redes sociales y en algunos análisis apresurados surgió la afirmación de un colapso próximo del régimen, evocando tanto la caída del Sha como otros episodios de derrumbe autoritario. Sin embargo, ese paralelismo dice más sobre expectativas externas que sobre la realidad iraní.
Así, conviene fijarse en la naturaleza de las protestas y el contexto en el que se producen. A diferencia de la arrolladora oleada de 2022, desencadenada por la muerte de Mahsa Amini y marcada por un fuerte contenido ético y cívico, el malestar actual tiene un origen más difuso y, al tiempo, más corrosivo. No se articula en torno a una agenda política identificable ni a un liderazgo visible. Más que una impugnación homogénea del régimen como tal, aflora, desde amplios sectores de la sociedad de sensibilidades muy distintas, un hartazgo profundo con una degradación sin horizonte. Las consignas -incluidas las monárquicas repicadas desde el exterior- reflejan menos la expresión de un proyecto alternativo que el síntoma de un agotamiento del presente.
El arranque es revelador: el epicentro se situó en el bazar. El Gran Bazar de Teherán no es solo mercado, sino corazón económico del país y termómetro histórico de su salud política. Cuando los comerciantes se movilizan, lo hacen por razones materiales. Y hoy las causas abundan: inflación persistente, hundimiento del poder adquisitivo, restricciones de crédito, dificultades de abastecimiento y una sensación generalizada de asfixia que asola a consumidores y pequeños empresarios. Es una protesta menos épica, pero potencialmente más desestabilizadora. A ello se suma la desazón creciente de segmentos tradicionalmente afines al régimen ante la gestión errática de los códigos morales, percibida por los más radicales como señal de debilidad identitaria.
En primera instancia, el Ejecutivo reaccionó con medidas de alcance limitado. Orientadas a ganar tiempo y contener la revuelta más que a corregir desequilibrios estructurales, han resultado ineficaces ante el deterioro acumulado. Asimismo, la incertidumbre política en la cúspide del poder añade otra capa de fragilidad. La sucesión del líder supremo, largamente pospuesta, ha dejado de ser un tema reservado a círculos de iniciados y ha permeado al debate interno. El régimen acusa extraordinaria presión, pero no carencia de resortes.
Este punto es clave para evitar lecturas simplistas o voluntaristas. La falta de una oposición organizada y reconocible tanto dentro como fuera del país -el fenómeno Reza Pahlavi, a día de hoy, es ante todo hipertrofia artificiosa de medios occidentales-, y el miedo extendido a un vacío de poder, al riesgo de desorden prolongado y fragmentación territorial, funcionan como potentes frenos a una deriva revolucionaria. Muchos iraníes rechazan el estado de las cosas, pero no ven qué podría sustituirlo ni a qué coste. A ello se une la propaganda oficial iraní sobre la infiltración de elementos extranjeros, en particular israelíes. Aunque no existen pruebas de que actores externos dirijan las protestas, la credibilidad de acciones de inteligencia en un ambiente de caos apuntala la lógica securitaria del régimen y contribuye a endurecer su actuación. El fruto es una mezcla de queja, resignación y cálculo que no se compadece con las crónicas de colapso inmediato.
Desde esta perspectiva interna, el entorno regional cobra dimensión esencial. La crisis iraní no se desarrolla en modo autárquico. Arabia Saudí y Catar han advertido discretamente sobre las consecuencias de una escalada y de las eventuales represalias iraníes si el régimen se siente acorralado. Mientras, Estados Unidos ha extremado la precaución, reduciendo personal en algunas bases militares de la zona.
En el plano diplomático más amplio, las grandes potencias han destacado por la mesura. China, socio económico imprescindible de Teherán, se ha limitado a reiterar su oposición a cualquier «interferencia extranjera» en los asuntos internos iraníes, subrayando la soberanía nacional y la estabilidad regional, sin respaldo explícito al régimen ni condena formal de la represión. Rusia mantiene un perfil bajo, orillando implicarse públicamente en un momento en el que su margen de maniobra internacional es ínfimo. Tampoco Corea del Norte se ha distinguido por levantar la voz, confirmando la inoperancia de un bloque allegado dispuesto a ofrecer cobertura política activa a los ayatolás.
En estas circunstancias, la política de la Casa Blanca incorpora una dosis adicional de ambigüedad. En las últimas semanas se han sucedido mensajes contradictorios: admoniciones retóricas, amagos de mediación y referencias indirectas a la posibilidad de negociar sobre cuestiones sensibles como el programa atómico o el petróleo. Sin embargo, tras los ataques estadounidenses a instalaciones nucleares iraníes y la narrativa oficial de neutralización de esas capacidades, resulta poco plausible el pronto retorno a un acuerdo clásico. El escenario más verosímil es el de una política de imposición y verificación basada en la disuasión y la presión continuada, más que en ambiciosos pactos. En este contexto de silencios calculados, Donald Trump ha anunciado aranceles del 25 % a cualquier país que mantenga relaciones comerciales con Irán, reforzando la convicción de que Washington junta insinuaciones militares con palancas económicas para estrechar el cerco sin comprometerse, por ahora, a una estrategia de máximos. La conclusión es una aglomeración de incertidumbres.
Dentro de Irán, un malestar profundo convive con la envergadura represiva de un régimen decidido a resistir. Fuera, la región observa con inquietud y se prepara frente a desbordamientos no excluibles, mientras las grandes potencias oscilan entre la condena, la presión y la cautela. Ante el rasgado de vestiduras, las salidas de tono y la avalancha de información infiable, la prudencia analítica es ejercicio de responsabilidad. La pregunta que se impone no es si Irán está al borde del colapso, sino hasta cuándo podrá sostener el coste creciente de una crisis que combina derrumbe económico y confusión política en una atmósfera internacional y regional cargada por la impredecibilidad trumpiana.
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