La Misión de Observación Electoral (MOE) realizó un análisis a la financiación de las campañas electorales, en atención a la importancia que este componente tiene para la transparencia, la equidad en la contienda y la integridad del sistema democrático. Estos son los inquietantes hallazgos.
La Misión de Observación Electoral (MOE) presentó el primer informe de observación sobre la financiación de campañas para las elecciones de Congreso de la República 2026, con corte entre el 8 de diciembre de 2025 y el 8 de enero de 2026, en el que advierte riesgos significativos para la transparencia, la equidad y la integridad del proceso electoral.
En primer lugar, la MOE resalta que la financiación de campañas impacta directamente la equidad en la contienda y el ejercicio de los derechos políticos, ya que “el incumplimiento de las reglas establecidas en la Constitución, la ley y la reglamentación electoral en materia de financiación genera desequilibrios entre las candidaturas”, afectando las condiciones de igualdad y el ejercicio efectivo de los derechos políticos.
En este punto, alertó que una vez cumplido el primer mes de la campaña “no se encuentra activa la consulta pública en el aplicativo Cuentas Claras, administrado por el Consejo Nacional Electoral -CNE, sobre los informes de ingresos y gastos reportados por las campañas inscritas para esa elección”. Lo cual, impide que la ciudadanía acceda a información sobre el origen, el volumen y el destino de los recursos invertidos; y si se están cumpliendo los topes máximos.
Las firmas
El segundo punto crítico identificado es el riesgo de captura del Estado y de penetración de intereses ilegales. El informe señala que, aunque la financiación de campañas constituye una actividad legítima dentro del sistema electoral, “la ausencia de controles efectivos y de transparencia incrementa los riesgos de ingreso de recursos de origen ilícito o de indebida influencia de intereses particulares sobre las decisiones públicas”.
Aquí “tampoco se encuentra habilitado ningún mecanismo de publicidad respecto de los informes de ingresos y gastos de los comités inscriptores de grupos significativos de ciudadanos que adelantaron procesos de recolección de firmas”. Lo cual impide verificar el cumplimiento de las normas sobre la materia.
Por lo tanto, recomienda al CNE la publicación de los informes de ingresos y gastos de los comités inscriptores de grupos significativos de ciudadanos, igualmente en formatos abiertos y procesables, que permitan verificar el cumplimiento de los plazos y obligaciones establecidos para esta etapa del proceso electoral.
Las redes sociales
Como tercer aspecto, la MOE enfatiza que la financiación de campañas es un elemento estructural del régimen de conflictos de intereses de los congresistas, dado que la información sobre ingresos y gastos “es un insumo fundamental para evaluar posibles conflictos de intereses de quienes resulten electos al Congreso de la República, así como para garantizar el control ciudadano sobre el ejercicio del poder político”.
Sobre el particular, señala que a pesar de la falta de acceso a la información, la MOE identificó, a partir de herramientas de monitoreo de publicidad digital, un registro superior a 300 millones de pesos en anuncios publicitarios en las redes sociales Facebook e Instagram, pagados por 78 cuentas que promocionan candidaturas al Congreso de la República.
Propaganda digital
El cuarto punto abordado corresponde al carácter público de la información para la toma de decisiones ciudadanas. El informe recuerda que la financiación de campañas “constituye información pública en los términos de la Ley 1712 de 2014” y es un insumo relevante para que la ciudadanía pueda formarse un juicio informado al momento de ejercer su derecho al voto.
La MOE valora que el Consejo Nacional Electoral haya contratado un servicio especializado para el monitoreo de los actores electorales en entornos digitales (contrato CNE-028-2025), como un mecanismo de apoyo a sus funciones de supervisión y control de la propaganda política en redes sociales.
“No obstante, se observa que el contrato suscrito para este fin tenía un plazo inicial hasta el 31 de diciembre de 2025, el cual fue prorrogado únicamente por el mes de enero de 2026. Teniendo en cuenta la importancia de la propaganda digital dentro del gasto electoral, así como los riesgos asociados al subregistro y a la falta de correspondencia entre la inversión observable en entornos digitales y la información reportada en el aplicativo Cuentas Claras, resulta necesario asegurar la continuidad de este servicio durante la totalidad del periodo de campaña, tanto para las elecciones de Congreso como para las de Presidencia de la República de 2026, ya sea mediante la extensión del contrato vigente o a través de la contratación de un nuevo operador”.
Por último, recomienda que el monitoreo se realice de manera proactiva, sistemática y articulada con la información reportada por las campañas, de forma que permita fortalecer la supervisión del gasto electoral, mejorar la capacidad de detección temprana de posibles irregularidades y contribuir a la transparencia del proceso electoral.
–
La Misión de Observación Electoral (MOE) realizó un análisis a la financiación de las campañas electorales, en atención a la importancia que este componente tiene para la transparencia, la equidad en la contienda y la integridad del sistema democrático. Estos son los inquietantes hallazgos. La Misión de Observación Electoral (MOE) presentó el primer informe de
La Misión de Observación Electoral (MOE) realizó un análisis a la financiación de las campañas electorales, en atención a la importancia que este componente tiene para la transparencia, la equidad en la contienda y la integridad del sistema democrático. Estos son los inquietantes hallazgos.
La Misión de Observación Electoral (MOE) presentó el primer informe de observación sobre la financiación de campañas para las elecciones de Congreso de la República 2026, con corte entre el 8 de diciembre de 2025 y el 8 de enero de 2026, en el que advierte riesgos significativos para la transparencia, la equidad y la integridad del proceso electoral.
En primer lugar, la MOE resalta que la financiación de campañas impacta directamente la equidad en la contienda y el ejercicio de los derechos políticos, ya que “el incumplimiento de las reglas establecidas en la Constitución, la ley y la reglamentación electoral en materia de financiación genera desequilibrios entre las candidaturas”, afectando las condiciones de igualdad y el ejercicio efectivo de los derechos políticos.
En este punto, alertó que una vez cumplido el primer mes de la campaña “no se encuentra activa la consulta pública en el aplicativo Cuentas Claras, administrado por el Consejo Nacional Electoral -CNE, sobre los informes de ingresos y gastos reportados por las campañas inscritas para esa elección”. Lo cual, impide que la ciudadanía acceda a información sobre el origen, el volumen y el destino de los recursos invertidos; y si se están cumpliendo los topes máximos.
Las firmas
El segundo punto crítico identificado es el riesgo de captura del Estado y de penetración de intereses ilegales. El informe señala que, aunque la financiación de campañas constituye una actividad legítima dentro del sistema electoral, “la ausencia de controles efectivos y de transparencia incrementa los riesgos de ingreso de recursos de origen ilícito o de indebida influencia de intereses particulares sobre las decisiones públicas”.
Aquí “tampoco se encuentra habilitado ningún mecanismo de publicidad respecto de los informes de ingresos y gastos de los comités inscriptores de grupos significativos de ciudadanos que adelantaron procesos de recolección de firmas”. Lo cual impide verificar el cumplimiento de las normas sobre la materia.
Por lo tanto, recomienda al CNE la publicación de los informes de ingresos y gastos de los comités inscriptores de grupos significativos de ciudadanos, igualmente en formatos abiertos y procesables, que permitan verificar el cumplimiento de los plazos y obligaciones establecidos para esta etapa del proceso electoral.
Las redes sociales
Como tercer aspecto, la MOE enfatiza que la financiación de campañas es un elemento estructural del régimen de conflictos de intereses de los congresistas, dado que la información sobre ingresos y gastos “es un insumo fundamental para evaluar posibles conflictos de intereses de quienes resulten electos al Congreso de la República, así como para garantizar el control ciudadano sobre el ejercicio del poder político”.
Sobre el particular, señala que a pesar de la falta de acceso a la información, la MOE identificó, a partir de herramientas de monitoreo de publicidad digital, un registro superior a 300 millones de pesos en anuncios publicitarios en las redes sociales Facebook e Instagram, pagados por 78 cuentas que promocionan candidaturas al Congreso de la República.
Propaganda digital
El cuarto punto abordado corresponde al carácter público de la información para la toma de decisiones ciudadanas. El informe recuerda que la financiación de campañas “constituye información pública en los términos de la Ley 1712 de 2014” y es un insumo relevante para que la ciudadanía pueda formarse un juicio informado al momento de ejercer su derecho al voto.
La MOE valora que el Consejo Nacional Electoral haya contratado un servicio especializado para el monitoreo de los actores electorales en entornos digitales (contrato CNE-028-2025), como un mecanismo de apoyo a sus funciones de supervisión y control de la propaganda política en redes sociales.
“No obstante, se observa que el contrato suscrito para este fin tenía un plazo inicial hasta el 31 de diciembre de 2025, el cual fue prorrogado únicamente por el mes de enero de 2026. Teniendo en cuenta la importancia de la propaganda digital dentro del gasto electoral, así como los riesgos asociados al subregistro y a la falta de correspondencia entre la inversión observable en entornos digitales y la información reportada en el aplicativo Cuentas Claras, resulta necesario asegurar la continuidad de este servicio durante la totalidad del periodo de campaña, tanto para las elecciones de Congreso como para las de Presidencia de la República de 2026, ya sea mediante la extensión del contrato vigente o a través de la contratación de un nuevo operador”.
Por último, recomienda que el monitoreo se realice de manera proactiva, sistemática y articulada con la información reportada por las campañas, de forma que permita fortalecer la supervisión del gasto electoral, mejorar la capacidad de detección temprana de posibles irregularidades y contribuir a la transparencia del proceso electoral.
–
POLÍTICA – lanacion