<p><a href=»https://www.elmundo.es/internacional/italia.html» target=»_blank»><strong>Italia</strong></a> celebrará los días 22 y 23 de marzo un referéndum sobre una controvertida reforma del sistema de Justicia, según han informado este lunes fuentes cercanas al asunto, fijando así la fecha de una prueba clave de apoyo al Gobierno de <a href=»https://www.elmundo.es/internacional/giorgia-meloni.html» target=»_blank»><strong>Giorgia Meloni</strong></a> de cara a las elecciones de 2027. </p>
Se trata de una de las iniciativas emblemáticas de la coalición de derechas de cara a las elecciones de 2027
Italia celebrará los días 22 y 23 de marzo un referéndum sobre una controvertida reforma del sistema de Justicia, según han informado este lunes fuentes cercanas al asunto, fijando así la fecha de una prueba clave de apoyo al Gobierno de Giorgia Meloni de cara a las elecciones de 2027.
La reforma judicial, impulsada por el Gobierno de Meloni y aprobada, tras cuatro lecturas, por la Cámara y el Senado, es una de las iniciativas emblemáticas de la coalición de derechas. Pero ¿en qué consiste?
La modificación sustancial de la reforma interviene en el artículo 104 de la Constitución. «La magistratura constituye un orden autónomo e independiente de cualquier otro poder», rezaba hasta ahora. Ahora se añade una frase: «Esta se compone de los magistrados de la carrera judicial y de la carrera fiscal». Una sola magistratura, por tanto, pero con dos carreras distintas: jueces y fiscales (pubblici ministeri).
Como consecuencia de esta modificación constitucional, se establecerán mediante ley ordinaria dos oposiciones (concorsi) diferenciadas, una para cada función. En definitiva, el aspirante a magistrado elegirá desde el principio si aspira al papel de la fiscalía (instrucción/acusación) o al de la judicatura (juzgador). Las leyes de desarrollo deberán aprobarse en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la reforma.
Esta revolución sigue a un ajuste previo. La reforma Cartabia, aprobada en 2022, ya impuso una restricción: preveía que el paso de una carrera a otra fuera posible una sola vez dentro de los diez años siguientes a la primera asignación. Cabe señalar que, según los últimos datos conocidos, estos cambios afectan apenas a una veintena de jueces de los 9.500 en servicio. Con la reforma Nordio-Meloni se descartan los «arrepentimientos»: quien nace fiscal se queda como fiscal, y quien nace juez se queda como juez.
A raíz de la separación de carreras, también se divide el Consejo Superior de la Magistratura (CSM). Habrá un CSM para la magistratura judicial y otro para la fiscalía.
La reforma prevé que ambos estén «presididos por el presidente de la República», al igual que el actual CSM único. Los miembros de derecho serán, respectivamente, el primer presidente y el fiscal general del Tribunal de Casación.
Sin embargo, la novedad que más debate ha generado entre los partidos -y que ha provocado las protestas de la asociación nacional de magistrados- es el método de designación de los componentes de estos órganos de autogobierno. Ya no serán elegidos, sino extraídos por sorteo:
- Los miembros laici (un tercio) se sortearán de una lista de juristas elaborada por el Parlamento en sesión conjunta.
- Los miembros togados se sortearán entre todos los magistrados (jueces o fiscales) que cumplan los requisitos que establezca una ley ordinaria posterior.
El mandato durará cuatro años y los miembros salientes no podrán participar en el siguiente sorteo. Los dos nuevos CSM pierden los poderes disciplinarios (hasta ahora asignados a una sección especial) y mantienen las competencias sobre contrataciones, destinos, traslados, evaluaciones profesionales y atribución de funciones.
Otra novedad introducida por la reforma aprobada este lunes es la creación de la Alta Corte Disciplinaria. Este organismo se encargará de la jurisdicción disciplinaria sobre los magistrados ordinarios, competencia que hasta ahora recaía en una sección del CSM.
En cuanto a su composición, la Alta Corte contará con 15 miembros:
- Tres nombrados por el Presidente de la República.
- Tres sorteados de una lista elaborada por el Parlamento.
- Seis sorteados entre jueces que cumplan requisitos específicos (como 20 años de ejercicio y experiencia en el Tribunal de Casación).
- Tres sorteados entre fiscales con los mismos requisitos específicos.
Por tanto, la mayoría será de carrera judicial (togados), pero el presidente será elegido entre los miembros laicos. Una ley ordinaria regulará las infracciones disciplinarias, las sanciones, la composición de los tribunales, el procedimiento y el funcionamiento de la Alta Corte.
Por último, otra intervención normativa de la reforma afecta a la impugnación de las sentencias: solo se podrá presentar recurso ante el mismo tribunal de primera instancia que, en segunda instancia, juzgará con una composición diferente a la de la primera.
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