El presidente Gustavo Petro lanzó una fuerte advertencia frente a los costos laborales del gremio constructor tras el alza del salario mínimo y su impacto real en el precio final de la vivienda nueva. En Huila, Camacol, el gremio de la construcción, dijo que el ajuste representa un alza del 4% en los costos totales.
@cate_manchola
Tras el alza del 23% en el salario mínimo legal mensual vigente para el año 2026, las empresas constructoras verán un aumento en los costos laborales el cual trasladarán al consumidor final. En medio de esa realidad, se ha producido un nuevo choque entre lo que dice el presidente Gustavo Petro y su Ministerio de Vivienda, versus los constructores del país representados en la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol).
Es importante anotar que, concretamente esta controversia es diferente a la otra discusión sobre desindexar o desvincular el costo máximo de la Vivienda de Interés Social (VIS) y la Vivienda de Interés Prioritario (VIP) que actualmente está definida o medida en cierto número de salarios mínimos. Por ejemplo, la VIS no puede exceder los 135 salarios mínimos, lo que equivale a más de 236 millones de pesos para este 2026. Pero según anuncios del Gobierno Nacional, esa medición podría cambiar, aunque hasta ahora no ha ocurrido.
Mientras tanto, la discusión más reciente ha girado en torno a los costos laborales para las empresas constructoras, pues el presidente Gustavo Petro solicitó a las compañías “dejar de decirle a sus clientes que los precios de la vivienda se estudian para indexarlos al mismo porcentaje del salario vital” y aseveró que “esa es una estafa delictiva”. También le requirió a la Superintendencia “realizar las investigaciones y sanciones respectivas”, argumentó que “el costo laboral en las construcciones es solo una parte del costo total de la construcción. Muchos de los materiales importados de la vivienda nueva han caído de precio. Solicito a MinVivienda abstenerse de girar recursos de subsidio a constructoras que estén en este momento estafando a sus clientes”.
Los costos en la construcción
De acuerdo con la más reciente medición del Dane, correspondiente a noviembre, el costo para construir viviendas VIS se ubicó en terreno positivo. Así lo muestra el Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones, un indicador que permite conocer la variación promedio mensual de los precios de una canasta representativa de los insumos requeridos en la construcción de edificaciones en el país.
Además, según el índice, en lo corrido del año a noviembre, solo un grupo registró variación negativa, fue el equipo especial para obra; mientras que siete más registraron variación positiva, donde la más alta variación la evidenció la mano de obra (7,88%).
Para el gremio de los constructores, la afirmación del presidente Petro es una falta de respeto. “Desde Camacol consideramos que este debate debe darse con rigor técnico y responsabilidad. Las afirmaciones que señalan al sector constructor como estafador no corresponden a la realidad del funcionamiento del mercado de vivienda en Colombia”, afirmó María Paula Dussán, gerente de Camacol Huila.
También resaltó que es importante reconocer un hecho técnico: “la construcción es un sector intensivo en mano de obra. Los costos laborales representan cerca del 25% de los costos directos de construcción y el incremento del salario mínimo tiene un impacto real e inmediato, tanto directo como indirecto sobre los costos del sector. De acuerdo con estimaciones del gremio, este aumento puede traducirse en un incremento cercano al 4% en los costos totales de construcción, presión que eventualmente se refleja en el precio final de la vivienda”.
Y contextualizó que todo esto ocurre en un panorama ya “complejo”, pues en el país “más de 24.000 hogares desistieron de adquirir vivienda en 2025 tras la cancelación del programa Mi Casa Ya. En este escenario, nuestra prioridad no es la confrontación política, sino acompañar a los compradores, proteger el acceso a la vivienda y preservar la viabilidad de un sector clave para el empleo formal y el desarrollo del país”.
La discusión sigue abierta, pero hay otro asunto más inquietante y es la ya mencionada desindexación.
La desindexación
La Vivienda de Interés Social y VIP están definidas en salarios mínimos, por lo que el incremento del salario mínimo a $1.750.905 genera un ajuste en los topes de precios de estos inmuebles para el presente año. El gobierno ha dicho que está buscando un mecanismo para hacer que esa medición cambie y con esta histórica alza del 23% no se afecte a los hogares más vulnerables, pero el gremio considera que esa tarea no se está realizando acorde a la ley. Además, al no haber una medida en esa dirección, lo cierto es que el alza aplica legalmente.
“Hasta el momento, desde Camacol no hemos recibido ninguna consulta formal sobre esa medida. Lo que sí hemos hecho es un análisis técnico y jurídico, y consideramos que una modificación de ese tipo no puede hacerse vía decreto. La fijación del precio de la Vivienda de Interés Social en salarios mínimos obedece a un mandato legal vigente, en particular a lo establecido en la Ley 388, por lo que cualquier cambio requeriría una modificación legal y no una decisión administrativa”, explicó la gerente.
El gremio hace seguimiento permanente a las publicaciones de los ministerios competentes y, en caso de que se publique algún proyecto normativo, “presentaremos las observaciones correspondientes dentro de los canales institucionales”, anunció.
¿Cómo se aplica esta alza?
De acuerdo con la dirigente gremial, el ajuste del precio de la vivienda depende de cómo y cuándo se haya pactado cada negocio. Para las viviendas que se vendan en 2026, el precio aplicable será el que se informe y acuerde al momento de la compra, ya sea en pesos colombianos o, en el caso de la Vivienda de Interés Social, en salarios mínimos dentro de los topes legales.
Para las viviendas que ya tenían promesa de compraventa y se escrituren en 2026, si el precio fue pactado en pesos, este se mantiene; y si fue pactado en salarios mínimos, el valor final se liquida con el salario mínimo vigente al momento de la escrituración.
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El presidente Gustavo Petro lanzó una fuerte advertencia frente a los costos laborales del gremio constructor tras el alza del salario mínimo y su impacto real en el precio final de la vivienda nueva. En Huila, Camacol, el gremio de la construcción, dijo que el ajuste representa un alza del 4% en los costos totales.
El presidente Gustavo Petro lanzó una fuerte advertencia frente a los costos laborales del gremio constructor tras el alza del salario mínimo y su impacto real en el precio final de la vivienda nueva. En Huila, Camacol, el gremio de la construcción, dijo que el ajuste representa un alza del 4% en los costos totales.
@cate_manchola
Tras el alza del 23% en el salario mínimo legal mensual vigente para el año 2026, las empresas constructoras verán un aumento en los costos laborales el cual trasladarán al consumidor final. En medio de esa realidad, se ha producido un nuevo choque entre lo que dice el presidente Gustavo Petro y su Ministerio de Vivienda, versus los constructores del país representados en la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol).
Es importante anotar que, concretamente esta controversia es diferente a la otra discusión sobre desindexar o desvincular el costo máximo de la Vivienda de Interés Social (VIS) y la Vivienda de Interés Prioritario (VIP) que actualmente está definida o medida en cierto número de salarios mínimos. Por ejemplo, la VIS no puede exceder los 135 salarios mínimos, lo que equivale a más de 236 millones de pesos para este 2026. Pero según anuncios del Gobierno Nacional, esa medición podría cambiar, aunque hasta ahora no ha ocurrido.
Mientras tanto, la discusión más reciente ha girado en torno a los costos laborales para las empresas constructoras, pues el presidente Gustavo Petro solicitó a las compañías “dejar de decirle a sus clientes que los precios de la vivienda se estudian para indexarlos al mismo porcentaje del salario vital” y aseveró que “esa es una estafa delictiva”. También le requirió a la Superintendencia “realizar las investigaciones y sanciones respectivas”, argumentó que “el costo laboral en las construcciones es solo una parte del costo total de la construcción. Muchos de los materiales importados de la vivienda nueva han caído de precio. Solicito a MinVivienda abstenerse de girar recursos de subsidio a constructoras que estén en este momento estafando a sus clientes”.
Los costos en la construcción
De acuerdo con la más reciente medición del Dane, correspondiente a noviembre, el costo para construir viviendas VIS se ubicó en terreno positivo. Así lo muestra el Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones, un indicador que permite conocer la variación promedio mensual de los precios de una canasta representativa de los insumos requeridos en la construcción de edificaciones en el país.
Además, según el índice, en lo corrido del año a noviembre, solo un grupo registró variación negativa, fue el equipo especial para obra; mientras que siete más registraron variación positiva, donde la más alta variación la evidenció la mano de obra (7,88%).
Para el gremio de los constructores, la afirmación del presidente Petro es una falta de respeto. “Desde Camacol consideramos que este debate debe darse con rigor técnico y responsabilidad. Las afirmaciones que señalan al sector constructor como estafador no corresponden a la realidad del funcionamiento del mercado de vivienda en Colombia”, afirmó María Paula Dussán, gerente de Camacol Huila.
También resaltó que es importante reconocer un hecho técnico: “la construcción es un sector intensivo en mano de obra. Los costos laborales representan cerca del 25% de los costos directos de construcción y el incremento del salario mínimo tiene un impacto real e inmediato, tanto directo como indirecto sobre los costos del sector. De acuerdo con estimaciones del gremio, este aumento puede traducirse en un incremento cercano al 4% en los costos totales de construcción, presión que eventualmente se refleja en el precio final de la vivienda”.
Y contextualizó que todo esto ocurre en un panorama ya “complejo”, pues en el país “más de 24.000 hogares desistieron de adquirir vivienda en 2025 tras la cancelación del programa Mi Casa Ya. En este escenario, nuestra prioridad no es la confrontación política, sino acompañar a los compradores, proteger el acceso a la vivienda y preservar la viabilidad de un sector clave para el empleo formal y el desarrollo del país”.
La discusión sigue abierta, pero hay otro asunto más inquietante y es la ya mencionada desindexación.
La desindexación
La Vivienda de Interés Social y VIP están definidas en salarios mínimos, por lo que el incremento del salario mínimo a $1.750.905 genera un ajuste en los topes de precios de estos inmuebles para el presente año. El gobierno ha dicho que está buscando un mecanismo para hacer que esa medición cambie y con esta histórica alza del 23% no se afecte a los hogares más vulnerables, pero el gremio considera que esa tarea no se está realizando acorde a la ley. Además, al no haber una medida en esa dirección, lo cierto es que el alza aplica legalmente.
“Hasta el momento, desde Camacol no hemos recibido ninguna consulta formal sobre esa medida. Lo que sí hemos hecho es un análisis técnico y jurídico, y consideramos que una modificación de ese tipo no puede hacerse vía decreto. La fijación del precio de la Vivienda de Interés Social en salarios mínimos obedece a un mandato legal vigente, en particular a lo establecido en la Ley 388, por lo que cualquier cambio requeriría una modificación legal y no una decisión administrativa”, explicó la gerente.
El gremio hace seguimiento permanente a las publicaciones de los ministerios competentes y, en caso de que se publique algún proyecto normativo, “presentaremos las observaciones correspondientes dentro de los canales institucionales”, anunció.
¿Cómo se aplica esta alza?
De acuerdo con la dirigente gremial, el ajuste del precio de la vivienda depende de cómo y cuándo se haya pactado cada negocio. Para las viviendas que se vendan en 2026, el precio aplicable será el que se informe y acuerde al momento de la compra, ya sea en pesos colombianos o, en el caso de la Vivienda de Interés Social, en salarios mínimos dentro de los topes legales.
Para las viviendas que ya tenían promesa de compraventa y se escrituren en 2026, si el precio fue pactado en pesos, este se mantiene; y si fue pactado en salarios mínimos, el valor final se liquida con el salario mínimo vigente al momento de la escrituración.
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