<p>El alcalde de <a href=»https://www.elmundo.es/internacional/turquia.html» target=»_blank»><strong>Estambul</strong></a>, <strong>Ekrem Imamoglu</strong>, ha comparecido este viernes por primera vez ante un tribunal desde su encarcelamiento, en medio de las protestas multitudinarias que se han extendido por todo el país tras su detención. Imamoglu, principal rival del presidente <strong>Recep Tayyip Erdogan</strong>, ha sido <strong>detenido a mediados de marzo</strong> por cargos de corrupción y terrorismo, acusaciones que su partido -la formación socialdemócrata CHP- <strong>negó y acusó al gobierno de interferir en la judicatura para presionar a la oposición</strong>.</p>
El principal rival político de Erdogan se enfrenta a varias causas e investigaciones que podrían dejarlo fuera de la política.
El alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, ha comparecido este viernes por primera vez ante un tribunal desde su encarcelamiento, en medio de las protestas multitudinarias que se han extendido por todo el país tras su detención. Imamoglu, principal rival del presidente Recep Tayyip Erdogan, ha sido detenido a mediados de marzo por cargos de corrupción y terrorismo, acusaciones que su partido -la formación socialdemócrata CHP- negó y acusó al gobierno de interferir en la judicatura para presionar a la oposición.
Su detención ha desencadenado protestas multitudinarias por todo el país, exigiendo su liberación y elecciones anticipadas. Las fuerzas de seguridad han respondido reprimiendo las protestas con violencia policial y más de 1.800 detenidos, de los cuáles cerca de un centenar están en prisión preventiva. Desde mediados de marzo continúan las protestas y asambleas en la calle, con acciones de boicot contra empresas afiliadas al gobierno y llamadas a una huelga general.
A Imamoglu se le acumulan cinco causas judiciales por corrupción, insultos y terrorismo, a las que se le suman otras tres investigaciones, que podrían comportar más de veinte años de prisión y su inhabilitación de la política. Hoy ha comparecido en un tribunal dentro de la prisión de Silivri, en el noroeste de Estambul, por una acusación de «amenazas» contra un fiscal, por unas declaraciones que hizo durante un discurso, que han sido consideradas como un «intento de usar su influencia como alcalde para presionar a los miembros y órganos del poder judicial». La Fiscalía pide siete años de prisión contra Imamoglu.
En la misma vista de juicio también se ha tratado una segunda acusación de manipulación de licitaciones en 2015, que supuestamente llevó a cabo Imamoglu cuando era alcalde de uno de los distritos de Estambul. Por último, durante la vista se ha tratado una tercera acusación de «recaudación ilegal de donaciones» que se llevó a cabo supuestamente en 2019.
Durante su declaración, Imamoglu ha negado todos los cargos y ha asegurado que se encuentra en el banquillo debido a un intento del gobierno de interferir en la judicatura para dejar fuera de la carrera política a la oposición. «Estoy aquí porque gané las elecciones en Estambul tres veces», ha declarado, en alusión a su primera victoria en 2019, a la repetición de elecciones -después de que el gobierno impugnó el resultado- y a los comicios de 2024.
«Estoy aquí encarcelado porque ganó la premisa de ‘quien gana en Estambul, ganará en Turquía», añadió, en referencia a su condición de principal rival del presidente Erdogan. El alcalde ha criticado que la televisión pública no emitiera en directo la audiencia debido a que la mayoría de medios de comunicación están en manos de empresas afiliadas al Gobierno, que no han retransmitido tampoco las protestas tras su detención. Poco después de su declaración, el juez decidió convocar una segunda vista en junio.
Un día antes de la audiencia, el presidente Erdogan presentó una demanda de 500.000 liras turcas —unos 11.500 euros— contra el líder del partido socialdemócrata CHP, Özgür Özel, por «insultos contra el presidente». La causa de abrió porque Özel se refirió al mandatario como «líder de una junta».
Por otro lado, un tribunal dejó en libertad a 102 manifestantes, en su mayoría estudiantes universitarios, tras pasar dos semanas encarcelados por participar en las protestas antigubernamentales. El juez ha considerado que como todos los manifestantes están acusados de «vulnerar la ley de protestas» -un delito que puede suponer hasta tres años de prisión- no es necesario que permanezcan en prisión a la espera de juicio. Sin embargo, otros 113 jóvenes que participaron en las protestas continúan encarcelados, muchos de ellos acusados de vulnerar la misma ley.
Siete periodistas que quedaron en libertad todavía enfrentan una petición de la Fiscalía de tres años de prisión por su labor informativa durante las manifestaciones. El escrito de la acusación no los considera reporteros y asegura que no se tienen pruebas de que acudieran al lugar para informar, pese a que las imágenes y vídeos tomados por estos periodistas han sido publicados en medios locales e internacionales. «Ni el periodismo ni la participación en reuniones y manifestaciones, que son un derecho constitucional, constituyen un delito», ha asegurado en un comunicado el sindicato de periodistas de Turquía (TGS).
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