El frente judicial alrededor de Fast Moda S.A.S. empiezó a generar efectos en el entorno comercial, tras las solicitudes de terminación anticipada de contratos de arrendamiento en locales donde operan Lili Pink y Yoi. La SAE reportó 87 requerimientos en medio del proceso de extinción de dominio, mientras crece la incertidumbre laboral ante el posible riesgo de desempleo.
Johan Eduardo Rojas López
johan.rojas@lanacion.com.co
La crisis que atraviesan Lili Pink y Yoi, por presunto lavado de activos, enriquecimiento ilícito y contrabando, comenzó a generar preocupación no solo entre el empresariado y los administradores de centros comerciales, sino también entre cientos de trabajadores que hoy dependen de la operación de estas tiendas en diferentes ciudades del país, incluidas Neiva y Pitalito, en el Huila.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) confirmó que ha recibido 87 solicitudes de terminación anticipada de contratos de arrendamiento de locales comerciales donde actualmente funcionan establecimientos administrados por Fast Moda S.A.S., compañía que se encuentra en medio de un proceso de extinción de dominio que involucra cerca de 405 locales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad, en diligencias que se extendieron a 59 ciudades y municipios de 25 departamentos de Colombia.
El riesgo
Pese a que hasta el momento no existe una orden oficial de cierre masivo de tiendas, la SAE advirtió que la salida de locales comerciales sí podría terminar afectando la continuidad de la operación y, en consecuencia, poner en riesgo cientos de empleos.
Y es que, debido a la incertidumbre laboral que hoy “asfixia” a los empleados, se adelantan mesas de diálogo con el Ministerio del Trabajo para buscar mecanismos que permitan proteger a los damnificados y garantizar la estabilidad de las personas vinculadas a la compañía.
“La protección de los derechos laborales y la estabilidad de los trabajadores vinculados constituyen una prioridad institucional”, señaló la entidad a través de un comunicado oficial.
Bajo esa lógica, hizo un llamado a empresarios, operadores de centros comerciales y demás actores involucrados para que actúen “con responsabilidad, prudencia y sensibilidad social” frente a las decisiones que puedan afectar la continuidad de las tiendas.
Pero eso no es todo. La entidad del Estado colombiano encargada de administrar bienes que han sido ocupados, embargados o extinguidos por procesos judiciales, especialmente relacionados con delitos como narcotráfico, lavado de activos, corrupción o contrabando, también confirmó que, ha recibido otros 23 requerimientos de empresarios y operadores comerciales que buscan información y aclaraciones sobre la situación judicial de Fast Moda S.A.S.
La operación
La Fiscalía General de la Nación, a finales de abril pasado, entregó detalles del procedimiento. Según indicó, con la fachada de Lili Pink se “habría permitido el ingreso de recursos ilícitos y de contrabando al país”. Los operativos fueron liderados por personal del CTI del ente investigador con el apoyo del Ejército Nacional.
En otras palabras, las tiendas de ropa interior para mujeres habrían sido utilizadas por una presunta red transnacional para la comisión del supuesto delito. Por lo expuesto, la suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión de bienes, haberes y negocios de sociedades, establecimientos de comercio o unidades de explotación económica de esa cadena se dio entre el 27 y 28 de abril, fecha en la que fueron ocupadas las 7 tiendas ubicadas en distintos puntos de Neiva y la localizada en Pitalito.
“Detrás de Lili Pink había una organización delictiva que habría estructurado un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, mediante el cual ingresaba al país mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, que luego eran distribuidos en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a la operación”, declaró el ente acusador.
Las maniobras, de acuerdo con los investigadores, estarían orientadas a disimular el control aduanero, fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero, facilitando su incorporación al sistema económico formal.
La investigación permitió documentar, entre otras conductas delictivas, el lavado de activos en cuantía de $730.000 millones; enriquecimiento ilícito por más de $430.000 millones; aprehensiones y decomisos de mercancías ejecutados por la Dian avaluados en más de $54.000 millones; y un posible contrabando que superaría en valor los $75.000 millones.
Lo cierto es que varios locales siguen bajo administración provisional del Estado mientras avanza el proceso.
La génesis
Parte de esta investigación comenzó hace casi cinco años, en la administración de Lisandro Junco en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
Desde que se conoció la noticia, la Dirección Ejecutiva Fast Moda de las tiendas Lili Pink hizo un llamado a las autoridades para preservar la planta de empleados y la marca. “A las autoridades competentes, Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), les hacemos un llamado a proteger la marca colombiana que, durante más de 20 años, se ha consolidado como referente nacional e internacional, generando miles de empleos directos e indirectos. Es fundamental salvaguardar ese legado y garantizar la estabilidad laboral de nuestros colaboradores, mientras avanzamos con responsabilidad en las instancias legales necesarias para recuperar su manejo”, insistió.
El frente judicial alrededor de Fast Moda S.A.S. empiezó a generar efectos en el entorno comercial, tras las solicitudes de terminación anticipada de contratos de arrendamiento en locales donde operan Lili Pink y Yoi. La SAE reportó 87 requerimientos en medio del proceso de extinción de dominio, mientras crece la incertidumbre laboral ante el posible
El frente judicial alrededor de Fast Moda S.A.S. empiezó a generar efectos en el entorno comercial, tras las solicitudes de terminación anticipada de contratos de arrendamiento en locales donde operan Lili Pink y Yoi. La SAE reportó 87 requerimientos en medio del proceso de extinción de dominio, mientras crece la incertidumbre laboral ante el posible riesgo de desempleo.
Johan Eduardo Rojas López
johan.rojas@lanacion.com.co
La crisis que atraviesan Lili Pink y Yoi, por presunto lavado de activos, enriquecimiento ilícito y contrabando, comenzó a generar preocupación no solo entre el empresariado y los administradores de centros comerciales, sino también entre cientos de trabajadores que hoy dependen de la operación de estas tiendas en diferentes ciudades del país, incluidas Neiva y Pitalito, en el Huila.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) confirmó que ha recibido 87 solicitudes de terminación anticipada de contratos de arrendamiento de locales comerciales donde actualmente funcionan establecimientos administrados por Fast Moda S.A.S., compañía que se encuentra en medio de un proceso de extinción de dominio que involucra cerca de 405 locales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad, en diligencias que se extendieron a 59 ciudades y municipios de 25 departamentos de Colombia.
El riesgo
Pese a que hasta el momento no existe una orden oficial de cierre masivo de tiendas, la SAE advirtió que la salida de locales comerciales sí podría terminar afectando la continuidad de la operación y, en consecuencia, poner en riesgo cientos de empleos.
Y es que, debido a la incertidumbre laboral que hoy “asfixia” a los empleados, se adelantan mesas de diálogo con el Ministerio del Trabajo para buscar mecanismos que permitan proteger a los damnificados y garantizar la estabilidad de las personas vinculadas a la compañía.
“La protección de los derechos laborales y la estabilidad de los trabajadores vinculados constituyen una prioridad institucional”, señaló la entidad a través de un comunicado oficial.
Bajo esa lógica, hizo un llamado a empresarios, operadores de centros comerciales y demás actores involucrados para que actúen “con responsabilidad, prudencia y sensibilidad social” frente a las decisiones que puedan afectar la continuidad de las tiendas.
Pero eso no es todo. La entidad del Estado colombiano encargada de administrar bienes que han sido ocupados, embargados o extinguidos por procesos judiciales, especialmente relacionados con delitos como narcotráfico, lavado de activos, corrupción o contrabando, también confirmó que, ha recibido otros 23 requerimientos de empresarios y operadores comerciales que buscan información y aclaraciones sobre la situación judicial de Fast Moda S.A.S.
La operación
La Fiscalía General de la Nación, a finales de abril pasado, entregó detalles del procedimiento. Según indicó, con la fachada de Lili Pink se “habría permitido el ingreso de recursos ilícitos y de contrabando al país”. Los operativos fueron liderados por personal del CTI del ente investigador con el apoyo del Ejército Nacional.
En otras palabras, las tiendas de ropa interior para mujeres habrían sido utilizadas por una presunta red transnacional para la comisión del supuesto delito. Por lo expuesto, la suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión de bienes, haberes y negocios de sociedades, establecimientos de comercio o unidades de explotación económica de esa cadena se dio entre el 27 y 28 de abril, fecha en la que fueron ocupadas las 7 tiendas ubicadas en distintos puntos de Neiva y la localizada en Pitalito.
“Detrás de Lili Pink había una organización delictiva que habría estructurado un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, mediante el cual ingresaba al país mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, que luego eran distribuidos en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a la operación”, declaró el ente acusador.
Las maniobras, de acuerdo con los investigadores, estarían orientadas a disimular el control aduanero, fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero, facilitando su incorporación al sistema económico formal.
La investigación permitió documentar, entre otras conductas delictivas, el lavado de activos en cuantía de $730.000 millones; enriquecimiento ilícito por más de $430.000 millones; aprehensiones y decomisos de mercancías ejecutados por la Dian avaluados en más de $54.000 millones; y un posible contrabando que superaría en valor los $75.000 millones.
Lo cierto es que varios locales siguen bajo administración provisional del Estado mientras avanza el proceso.
La génesis
Parte de esta investigación comenzó hace casi cinco años, en la administración de Lisandro Junco en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
Desde que se conoció la noticia, la Dirección Ejecutiva Fast Moda de las tiendas Lili Pink hizo un llamado a las autoridades para preservar la planta de empleados y la marca. “A las autoridades competentes, Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), les hacemos un llamado a proteger la marca colombiana que, durante más de 20 años, se ha consolidado como referente nacional e internacional, generando miles de empleos directos e indirectos. Es fundamental salvaguardar ese legado y garantizar la estabilidad laboral de nuestros colaboradores, mientras avanzamos con responsabilidad en las instancias legales necesarias para recuperar su manejo”, insistió.
ECONOMÍA – lanacion